Proponen cambios en Plan Federal
de Infraestructura
Los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), disconformes con el dictamen conjunto de las comisiones de Obras Públicas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el Plan Federal de Infraestructura, volvieron a la carga para intentar cambios de fondo en ese proyecto y evitar la `extranjerización' de las obras.
Tras algunos llamados telefónicos, el miércoles de la semana pasada se tenían que reunir con el titular de la CAC, Eduardo Baglietto, y el presidente de la Comisión de Obras Públicas, José Recio (UCR-Buenos Aires). Sin embargo, el primero apareció en compañía de otros empresarios de la construcción como Gregorio Chodos, Benito Roggio y Angel Domínguez, y por esta razón Recio también convocó a Ricardo Vago (Frepaso-Buenos Aires).
Los empresarios insistieron en rechazar, durante su visita a la Cámara Baja, las reformas introducidas por los legisladores a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento.
El cuestionamiento central que los empresarios de la construcción realizaron está relacionado con la posibilidad que existe de abrir el negocio a la competencia internacional en los casos en que las obras superen un techo de 45 millones de pesos, las que representan el 50% del negocio.
Los constructores aceptaron que la incorporación de empresas internacionales a las licitaciones puede bajar los costos de las obras significativamente por las diferentes tasas de interés a las que pueden acceder en sus países de origen, pero insistieron en su planteo.
Pensando en la Argentina
Vago y Recio remarcaron que durante la elaboración del dictamen se había pensado particularmente en las empresas nacionales, al punto de que se les dio una preferencia para adecuar sus cotizaciones al valor de la ganadora extranjera en el caso de que las diferencias entre una y otra, inicialmente, no superen un 10%.
Sin embargo, las empresas sostuvieron que en ese punto hay una sutileza en el dictamen, ya que no se beneficia al conjunto de las empresas radicadas en el país, como es el caso de la española Dycasa. Sino que -por el contrario- se establece una clara diferencia entre las firmas "locales" de capital nacional y las de capital extranjero, las que no tendrán, de mantenerse lo acordado por los legisladores, la opción de igualar los precios.
La postura de evitar un "negocio cerrado" para un grupo de empresas es sostenida por varios diputados aliancistas, además de Recio y Vago, como así también por el propio presidente de la bancada oficialista, Darío Alessandro (Frepaso-Capital Federal), Beatriz Leyba (UCR-Córdoba), Alejandro Peyrou (Frepaso-Buenos Aires) y Rubén Giustiniani (Frepaso-Santa Fe), entre otros (Télam).
