El abogado Eduardo Barcesat radicó una denuncia penal por presunta falsedad ideológica de documento público contra el mayor (r) del Ejército Jorge Olivera, quien había sido detenido en Italia por la desaparición forzada de una joven pero recuperó la libertad tras la presentación de un certificado que se presume apócrifo.

En su presentación, Barcesat pidió también que se investigue "la posible participación de funcionarios del gobierno" porteño "que pudieron haber aportado los sellos" para el documento que se presume falso, "como muy especialmente la del Ministerio de Relaciones Exteriores a cuyo cargo se encuentra la extensión de la `apostilla de La Haya' que certifica la autenticidad de los instrumentos públicos argentinos que son utilizados en el extranjero".

El denunciante sugirió enmarcar la investigación a Olivera en la doctrina sentada por la Cámara Federal porteña cuando, el 4 de mayo pasado, declaró inaplicables las leyes del perdón en causas por crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre culparon al gobierno de Fernando de la Rúa por la liberación de Olivera y reclamaron la cancelación de la matrícula profesional que permite al mayor ejercer como abogado.

Barcesat no sólo accionó contra Olivera sino también contra los abogados Jorge Appiani, Jorge Pagnanelli, Gladys Ferrace y Roberto Nogiera, que habrían participado de la supuesta maniobra para acreditar en Italia que Marie Anne Erize Tisseau, una joven franco-argentina secuestrada por el aparato represivo de la última dictadura, no está desaparecida sino muerta.

El certificado de defunción presentado ante la Corte de Apelaciones de Roma por Olivera no fue reconocido por la familia de la víctima, que nunca comprobó el deceso de la chica. Pero ese documento, de cuya legitimidad existen fundadas dudas, abrió al mayor las puertas de la cárcel de Regina Coeli, donde estuvo detenido desde el 6 de agosto pasado hasta el lunes último.

"No es una falsa partida de defunción lo que posibilita esta infamia: Olivera está libre y en Argentina porque a la vieja impunidad fabricada a medida de dictadores por los gobiernos de (Raúl) Alfonsín y (Carlos) Menem se suma la renovada voluntad del poder de que los crímenes contra el pueblo argentino queden sin castigo", consignó un comunicado de la Asociación de ex Detenidos y la Liga.

El parte agregó que "no debe ser ajena a esta sospechosa resolución de un tribunal italiano la ofensiva política de las Fuerzas Armadas argentinas a favor de la impunidad, que tiene en el ministro (de Defensa, Ricardo) López Murphy a su mejor vocero".

Los organismos embistieron también contra el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, a quienes acusaron de "maniobrar para impedir que la orden de detención contra 48 genocidas" emitida por el juez español Baltasar Garzón "llegara a manos del juez argentino que debía hacerla efectiva".