Las intenciones de sacar a la policía provincial de la órbita del ministerio de Gobierno y encomendar su manejo a una dependencia específica, con rango de secretaría de Estado, colocan al tema por encima de una cuestión meramente formal y burocrática, habilitan expectativas de cambios operativos y, a la vez, generan interrogantes en otros niveles.

Indudablemente, la crisis de la seguridad en nuestra provincia -con particular virulencia en esta capital- requiere medidas concretas y diseños apropiados. En ese sentido, el gobierno se ocupó de dejar en claro que, aun desde antes de comenzar la gestión, estaba pergeñado un plan de seguridad, con medidas y resultados en el corto, el mediano y el largo plazo. La nutrida incorporación de agentes y equipamiento vino a reforzar la idea de un compromiso activo con el acuciante problema y algunas estadísticas preliminares arrojaron débiles pero esperanzadores indicios positivos.

Ahora, el gobierno reflota un viejo proyecto, cuya existencia trascendió antes de la asunción de las actuales autoridades, pero al que por alguna razón se prefirió archivar hasta un momento más oportuno.

Ese momento parece haber llegado cuando, por un lado, ha hecho carne en la sociedad la exigencia de una política de dureza contra el delito y de garantías de eficiencia en la prevención y represión y, por el otro, arrecian los embates contra el ministro de Gobierno, últimamente no sólo por cuestiones vinculadas con la seguridad.

El anuncio de revitalizar el proyecto para reestructurar el Ministerio de Gobierno, entonces, ha merecido distintas lecturas. Así como se habló de restar peso específico a la figura del actual ministro, también se creyó detectar el propósito de preservarlo fuera de la línea de fuego. Y así como se mencionó la idea de organizar mejor el funcionamiento policial y jerarquizar la faz institucional de la cartera política, también se leyó la iniciativa como un simple "blanqueo" formal de una distribución de competencias que hoy ya existe, independientemente del rango de los responsables.

Pero más allá de eso, el énfasis analítico -y, eventualmente, las dudas- debe estar puesto sobre el significado y la proyección de la medida. La descentralización en un área que requiere agilidad de decisión y flexibilidad operativa, parece razonable. Las implicancias de la materia en cuestión también habilitan la búsqueda de la especificidad y algunas medidas conexas, como la sustracción del manejo presupuestario a los jefes policiales, para ponerlos estrictamente en manos del nuevo organismo, dan idea de saneamiento.

Mientras se aguarda a ver si esto realmente funciona así o si no va más allá de un cambio cosmético, cabe apuntar algún interrogante sobre el criterio ideológico. En la anterior gestión, se reforzó la idea de la democratización de la policía, restándole autonomía y sometiéndola al control y la dirección estrictos del organismo político por excelencia, como es el Ministerio de Gobierno. La creación de la Dirección de Asuntos Internos, la disolución de la controvertida División de Robos y Hurtos y las sucesivas purgas, entre otras decisiones, reforzaron ese mensaje.

En este caso, la policía pasa a formar parte de una superestructura cerrada en la temática de seguridad, a cargo de un ex integrante de los servicios de inteligencia. Sin que esto implique un prejuicio, una personalización, ni involucre valoración alguna en el caso particular, la pregunta que cabe formularse es en qué medida subyace un cambio filosófico o la intención de enviar otro mensaje -acaso más afín al sentimiento crecientemente imperante- a la comunidad.

Nada hace suponer que esté en el ánimo del gobierno implementar políticas de mano dura o que de manera alguna vaya a soslayarse la irrestricta vigencia de los derechos humanos, pero sí que tienden a potenciarse otros planos de la imagen hacia la ciudadanía. Conjugar efectividad y garantismo, para avanzar decididamente en la protección de los santafesinos, sin resignar un ápice de los más esenciales presupuestos del Estado de Derecho, es el gran desafío que a la estructura de seguridad oficial, y a toda la comunidad, corresponde asumir.