Según las fuentes consultadas por este diario, sectores importantes y representativos de los jueces estarían dispuestos a reducir sus pretensiones en la búsqueda de un acuerdo que permita una salida institucional menos traumática.

Si bien el estudio jurídico que representa a los 170 jueces nucleados en la causa Abalos presentó un pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia luego de que los jueces rechazaran la oferta concretada por el gobierno, esto no supuso la clausura definitiva de las conversaciones. No obstante -y salvo que se retire el planteo-, la Corte deberá expedirse en la reunión de acuerdo del miércoles en el recurso de per saltum presentado por la provincia, por lo que la negociación deberá definirse antes de ese día.

Algún problema de comunicación sobre el monto concreto de la oferta -resultante de la disparidad de cifras, según la base sobre la que se calculaba- y la inorganicidad formal del grupo de reclamantes pesaron para dificultar las conversaciones. No obstante, las fuentes consultadas aseguraron que la serie de contactos mantenidos en las últimas horas y la posibilidad de alguna flexibilización en las posturas de ambas partes permiten alentar un moderado optimismo.

Como se recordará, los magistrados embargaron las cuentas públicas por 8 millones de pesos, que no pudieron ser ejecutados porque la Corte sustrajo el expediente al conjuez que dictó la medida.

La provincia ofrece pagar el 45 % de esa suma en la convicción -compartida por los miembros del gabinete y, aparentemente, por parte de los magistrados- de que, como es norma en el derecho y en particular cuando está involucrado un conflicto de poderes, es preferible un mal arreglo que llevar la instancia judicial hasta las últimas consecuencias.