Política

Dentro de los 30 días de haber asumido, todos los funcionarios de la administración pública provincial que se desempeñan en cargos políticos, los legisladores y los ministros de la Corte Suprema, están obligados a presentar una declaración jurada de sus bienes patrimoniales y gananciales de su cónyuge.

Sin embargo, dichas declaraciones no son públicas y sólo pueden revelarse por expreso pedido de un juez. Así lo establece la ley provincial 7.089 que indica que dichas declaraciones se entregarán "en sobres cerrados y lacrados" al escribano mayor de Gobierno, que los "guardará en depósito" hasta dos años después de que el funcionario haya dejado el cargo.

En definitiva, ningún ciudadano común puede tener acceso a ellas, si no obtiene previamente una orden judicial.

Por otro lado, la ley no obliga a funcionarios, legisladores ni jueces a presentar una nueva declaración patrimonial en el momento en que abandonan el cargo, por lo que resulta imposible comparar si durante su ejercicio se enriquecieron más allá de lo previsible.

Esto significa que si un funcionario se enriquece ilícitamente, nadie lo nota o ninguna persona acude a la Justicia, su delito pasará desapercibido porque no existen mecanismos que permitan comparar su patrimonio previo y posterior a la función pública.

"Yo no puedo abrir los sobres, no puedo darlos a conocer. Debo guardarlos en la Escribanía y sólo se abren por orden judicial. Así lo determinaron los legisladores y creo que esto hace a la privacidad de las personas", dijo el escribano de Gobierno, Juan Alberto Millia.

El funcionario reconoció que "tal vez sería conveniente" que, al dejar el cargo, todos estuvieran obligados a presentar una nueva declaración jurada que permita realizar una comparación, aunque "eso estaría atado a que la primera declaración pudiera darse a conocer".

Millia reveló que algunos "la presentan fuera de término" aunque aseguró no estar en condiciones de informar si alguien no cumple con la obligación de entregar estos datos: "Yo sólo tengo la nómina de quienes entregaron la declaración, pero no cuento con la lista global de los que deberían hacerlo", apuntó.

Al margen de las opiniones a favor o en contra que esta ley puede desatar, los encargados de realizar una hipotética modificación a la norma son los legisladores provinciales.

Para el diputado del PDP Carlos Favario, "las declaraciones deberían ser públicas, al alcance de cualquiera". "Yo no tendría ningún inconveniente, pero hay algunos que en las últimas elecciones se negaron a brindar esa información a Poder Ciudadano. Nadie dijo nada por entonces, acá se trata igual al honesto y al que oculta su patrimonio.

"Es como si viviéramos de modas. Hoy escrachan a alguien y mañana olvidan todo. Además, cuando se intentó modificar esta ley, el justicialismo se negó a tratar el tema", agregó el legislador algo molesto.

Favario consideró "una buena idea" que al dejar el cargo los funcionarios presenten una nueva declaración, aunque opinó que "eso no alcanza porque los magnates que se enriquecen con la política tienen sus bienes a nombre de otros".

La radical Alicia Tate mostró ciertas dudas: "Tendría que pensarlo mejor. No estoy tan segura de que sea bueno que el patrimonio esté absolutamente abierto al público porque me da miedo que pueda ser manipulado informativamente. De todos modos, si se maneja el tema con cuidado, creo que debería estar a disposición de la gente".

De lo que sí está segura es que "debería ser obligatoria una presentación al dejar el cargo para poder comparar. Si no hay una comparación, no tiene ningún sentido. Esto es absolutamente indispensable".

Finalmente, otro que dudó fue el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Hammerly: "En realidad, ese problema lo tienen los que no rinden anualmente Ganancias y Bienes Personales ante la AFIP. Para quienes lo hacemos, la declaración que establece la ley es secundaria".

"Lo que se informa a la AFIP es mucho más importante porque se presenta todos los años", insistió.

Sin embargo, desde la AFIP se indicó que "esa información no está al alcance del público porque la protege el secreto fiscal. Una persona sólo puede acceder a su propio legajo, pero no al de otros".

También Hammerly consideró "razonable entregar el patrimonio al dejar el cargo... No me opondría en absoluto a eso, me parece correcto".

-Entonces, ¿usted estaría dispuesto a presentar un proyecto modificando la ley 7.089?

-Preséntela usted, como propuesta suya, y yo la firmo abajo -respondió.