Un manifestante murió y varios más sufrieron heridas ayer en el norte de Salta durante los enfrentamientos que desencadenó la represión ordenada por un juez federal e implementada por la Policía provincial, cuya actuación criticaron fuentes del Ministerio del Interior, pero justificó el gobernador Juan Carlos Romero.

Los enfrentamientos entre "piqueteros" y policías se extendieron a las localidades de Tartagal y General Mosconi luego de que un obrero murió durante los choques con los policías que pretendían desalojar el bloqueo en la ruta nacional número 34, cerca de esta última ciudad.

Al menos otros seis manifestantes sufrieron heridas, entre ellos un niño aborigen que ingresó al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal con fractura en uno de sus brazos.

En los disturbios que siguieron a la represión pobladores incendiaron la comisaría de Tartagal, donde tomaron a varios policías como rehenes, pero más tarde se comprometieron a liberarlos, en el marco de tratativas telefónicas con un funcionario del Ministerio del Interior.

El manifestante muerto, Aníbal Verón, de 37 años, era padre de cinco hijos y trabajaba como mecánico de la empresa de transporte Atahualpa, que adeuda salarios a sus trabajadores desde hace meses.

Tras la represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma, ordenada por el juez federal Abel Cornejo, los manifestantes se dirigieron a la localidad de General Mosconi donde se extendieron los enfrentamientos y disturbios.

Los "piqueteros" amenazaron con tomar la sucursal de un banco, tomaron por asalto e incendiaron la comisaría 41 de General Mosconi, destruyeron un automóvil y una motocicleta perteneciente el personal de esa dependencia policial y tomaron de rehenes a cinco agentes.

Los rehenes fueron trasladados hasta la base de la planta de Refinor con el propósito de negociar un canje con manifestantes detenidos y la apertura de tratativas para solucionar el conflicto.

Al atardecer, el subsecretario de Interior, César Martucci, acordó por vía telefónica con los líderes de la protesta en Salta, Aldo y "Pepino" Fernández, la liberación de los rehenes, según fuentes gubernamentales.

El titular de la Gendarmería, Hugo Miranda, puso al teléfono a los manifestantes para que dialogaran con Martucci, quien por su parte se comprometió a recibir por fax los reclamos de los "piqueteros" y estudiarlos de inmediato, para dar una respuesta.

No obstante, los cortes en la ruta 34 continuaban en General Mosconi -donde comenzó la represión-, otro protagonizado por aborígenes en Cuña Muerta y el tercero en la localidad fronteriza de Salvador Mazza.

Poco después de la represión, el vicegobernador Walter Wayar anunció la integración de un Comité de Emergencia junto a funcionarios del gobierno nacional que viajaron a la provincia y el gobernador Juan Carlos Romero regresó de inmediato a Salta desde Mar del Plata, donde participaba del coloquio de IDEA.

Antes de retornar a su provincia, Romero justificó la represión. "La Policía y la Justicia están obligadas a reprimir los delitos y aunque puede ser legítimo reclamar por trabajo, es un delito cortar las rutas", aseveró.

Desde el gobierno nacional, en cambio, una fuente del Ministerio del Interior aseguró que "no se comparte el uso de la fuerza ejercida por la Policía provincial, ya que cuando se apela a la fuerza es muy difícil luego contener la protesta".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y el secretario de esa cartera Gerardo Morales -que viajó a la provincia- coincidieron en que "ha sido represión en serio" y responsabilizaron al gobierno provincial.

El gobierno nacional, sin embargo, no analizaba por ahora la intervención federal a la provincia de Salta, según afirmaron fuentes gubernamentales para desmentir versiones en ese sentido.

Las fuentes agregaron que el presidente Fernando de la Rúa dispuso que comiencen los aprestos de efectivos de la Gendarmería Nacional "para llevar tranquilidad a todo lugar del territorio argentino donde se pueda estar afectando la seguridad de las personas".

Esta última decisión fue adoptada en una reunión que el presidente encabezó en la residencia de Olivos, con ministros y legisladores, en la que que el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, brindó un informe detallado de los hechos en Salta. (Télam).

El periodista José Piedras, que desde Tartagal transmitía en directo a la radio La Red, testimonió en la tarde de ayer la ola de saqueos que se desató en el centro de esta ciudad, luego de que el estallido social degenerara en gravísimos incidentes, con robos generalizados y destrucción e incendio de edificios públicos y privados.

Piedras se encontraba en un negocio de calzados, cumpliendo la doble función de reportero y de protector de las tres mujeres desesperadas por la invasión de desaforados piqueteros que comenzaron a desvalijarle el negocio.

"Estamos aterrorizadas, tengo miedo, nos pueden llevar y hacer lo que quieran con nosotros" decía entre llantos la dueña del negocio, identificada como Ruth.

El periodista dio testimonio de que los insistentes llamados de las mujeres a las fuerzas de seguridad fueron infructuosos, y veía cómo los saqueadores avanzaban hacia comercios linderos llevándose cuanto encontraban en su interior.

El viceministro de Desarrollo Social, Gerardo Morales, responsabilizó ayer a la Corriente Clasista Combativa de Carlos Perro Santillán y al camionero Hugo Moyano, de alimentar paros o cortes de ruta. Negó, sin embargo, haberles endilgado responsabilidad por los hechos de violencia que se registraron ayer en Mosconi y Tartagal.

"En ningún momento responsabilicé a los gremialistas Santillán y Hugo Moyano" por los desbordes sociales ocurridos ayer, dijo el funcionario.

"Lo que estamos haciendo es trabajar y tomar contacto con la gente para solucionar los graves problemas que tiene", afirmó Morales.

Preguntado por los conflictos que se dan en el país, Morales había dicho textualmente: "Manejamos la hipótesis de que hay una organización de la Corriente Clasista y Combativa buscando el conflicto y con la ayuda de dirigentes como Moyano que plantean la huelga o el corte de ruta, directamente".

Entonces, consultado puntualmente sobre lo ocurrido en Tartagal, Morales se lanzó: "El propio gobernador (Romero) dijo que había planteos de sectores internos del PJ", a los que no identificó.

Morales se reunió por la tarde con autoridades provinciales salteñas, con quienes evaluó la situación relacionada con el corte de rutas en Tartagal y lleva consigo la propuesta de entregar 71 becas secundarias y terciarias universitarias por 56.800 pesos para las comunidades aborígenes del lugar, en un plazo de quince días.

Asimismo, el funcionario de la cartera social anuncio recursos por 150.000 pesos para poner en marcha un proyecto productivo para las comunidades reclamantes que permitirá revertir la situación crítica en la que se encuentran.

Los distintos sectores en que esta dividido el sindicalismo, coincidieron ayer en manifestar su más "enérgico rechazo", a la violenta represión ejercida contra trabajadores desocupados en la provincia de Salta que arrojó un saldo de un muerto y decenas de heridos.

La primera reacción firme provino desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que ayer realizó un paro nacional de cuatro horas entre las 18 y las 22, en los servicios de corta, media y larga distancia, en el transporte de pasajeros y el los subterráneos. La rápida reacción del gremio de Juan Manuel Palacios se justifica en el hecho de que Aníbal Verón, el trabajador fallecido en los incidentes de ayer en esa provincia, era un colectivero desocupado.

"Este muchacho estaba reclamando por trabajo y ahora está muerto por la represión salvaje que ha habido", afirmó Palacios, quien enfatizó que "no vamos a permitir que se generalice, porque a esto hay que darle una solución, no muerte a la gente".

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) convocó a un paro nacional por 24 horas para el lunes, en repudio a la represión contra los desocupados de esa provincia norteña.

"Pedimos a las autoridades nacionales y provinciales que cese de inmediato la represión y que se adopten las medidas para atacar la verdadera razón del malestar social reinante que es este modelo económico que va en contra de los trabajadores", afirmó Pablo Michelli, al anunciar el paro.

Michelli rechazó además la "política del garrote y las balas", que se aplicó en contra de los piqueteros de Salta.

Un sector de la corriente clasista y combativa que participó de la manifestación que realizó la CTA se pronunció en favor de realizar "un paro nacional y de mantener los cortes de rutas" para reforzar sus reclamos por puestos de empleos.

En tanto, la CGT disidente que lidera el camionero Hugo Moyano no sólo repudió la represión contra los piqueteros salteños sino que adelantó que el próximo lunes dará conocer "medidas de lucha".

El sector liderado por Moyano responsabilizó a las autoridades nacionales, provinciales y al juez federal de Salta Abel Cornejo y pidió "sanción para los responsables" de los hechos.

En tanto, la CGT oficial que encabeza Rodolfo Daer repudió "la represión salvaje" contra los piqueteros salteños.

Daer declaró a DyN, que "el salvajismo ejercido en Tartagal y Mosconi, son una marca del fracaso de las políticas sociales y económicas" del gobierno.

"No supieron prever la crisis dramática que vive esa región del país, no dieron respuestas a los reclamos de la gente ni a la reconversión de esa zona para que haya empleo y eso, no puede ser reemplazado los gases y las balas" sostuvo Daer.