Por primera vez, una víctima civil de la guerrilla en los años 70 exigió al gobierno nacional ser equiparada legalmente con los afectados por el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, pudo saber hoy la agencia DyN.

Martín Javier Oharriz, 49 años, pidió a la Subsecretaría de Derechos Humanos que le abonen la misma indemnización que el Estado paga a familias de desaparecidos y ex presos políticos, alegando que su padre, Martín Joaquín, murió el 17 de mayo de 1975 en un atentado que se atribuyeron los Montoneros.

A la vez, solicitó que se le permita tener acceso a los legajos de la CONADEP -en poder de la subsecretaría- ya que allí, aseguró, habría datos sobre "quiénes fueron los responsables concretos y las razones del brutal crimen" de su progenitor.

Martín Joaquín Oharriz se desempeñaba como gerente de la metalúrgica METCON, proveedora de Ford Motor Argentina, ubicada en la localidad de Villa Constitución. Cuando murió tenía 42 años y se registraba una prolongada huelga de los trabajadores en la planta fabril.

El reclamo por escrito de Oharriz ingresó ayer a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, y fue presentado por sus abogados, los militares retirados Jorge Appiani y Jorge Olivera. Este último pasó preso 42 días en Italia por la desaparición de la joven Marianne Erize.

El ataque a Oharriz por un grupo comando compuesto de tres personas -dos hombres y una mujer- se produjo cuando salía en automóvil de su casa, en la calle San Lorenzo 722 de la ciudad de Rosario, y recibió 14 disparos, según recordó su hijo.

"Mi madre vio todo desde el balcón y nunca pudo reponerse del shock. Entró en una profunda depresión, tuvo problemas neurológicos y se hizo alcohólica. Terminó dejándose morir de tristeza en 1987", dijo en declaraciones a esta agencia.

Oharriz pretende que el gobierno le abone la indemnización prevista en la ley 24.411 para las víctimas de la represión ilegal de las fuerzas armadas, policiales, de seguridad, así como por "fuerzas paramilitares" y la organización paraestatal "Alianza Anticomunista Argentina (Triple A)".

A su entender el padre murió "como consecuencia del accionar criminal del grupo paramilitar Montoneros" y, entre otras medidas, pide le informen "quiénes componían el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero" y "ocupaban los cargos de comandante, segundo comandante, jefe de operaciones y jefe de inteligencia en el área Rosario".

Pero además solicitó que "el Estado a través de su archivo público sobre la guerra contrasubversiva -los registros de la ex CONADEP- ponga fin a mi incertidumbre e ignorancia y me permita saber por qué fue muerto mi padre y que se perseguía con su muerte".

Con anterioridad, reclamos similares fueron presentados a la subsecretaría pero por parte de familiares de militares y policías que murieron en atentados cometidos por la guerrilla, así como por los hijos del diputado Rodolfo Ortega Peña que en 1974 cayó bajo las balas de la Triple A. (DyN).