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Servini de Cubría rechazó un
planteo de Augusto Pinochet
La jueza federal María Servini de Cubría rechazó un planteo presentado por el ex dictador Augusto Pinochet para que se declaren prescriptos los cargos que afronta aquí por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.
Desde Chile, el abogado Pablo Rodríguez dijo que "a nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado lo que declare un juez argentino, porque entendemos que un ex presidente de la República goza de inmunidad de Estado".
"Un ex presidente no puede ser remitido a un país extranjero para ser juzgado por los tribunales de otro Estado", añadió el letrado, según informó la agencia internacional de noticias Reuters.
Fuentes judiciales locales informaron, en tanto, que Servini siguió la línea de razonamiento de los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda, y desestimó el planteo de Pinochet por entender que el atentado que costó la vida a Prats y a su mujer constituyó un crimen de lesa humanidad que, consecuentemente, no prescribe.
La jueza ya había rechazado los planteos de prescripción interpuestos por otros militares chilenos imputados en el caso, y la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión.
Luego, el juez federal Juan José Galeano -que transitoriamente intervino en el expediente por ausencia de su colega Servini- libró orden de captura internacional contra Pinochet y pidió a Chile la extradición del ex dictador a la Argentina.
Pinochet, que desconoce la investigación que se realiza aquí por el doble asesinato, ni siquiera designó abogado en Buenos Aires, donde es representado por la Defensoría Oficial.
Esta semana, el ex agente de inteligencia Enrique Arancibia Clavel fue condenado a la pena máxima por el atentado con explosivos que el 30 de septiembre de 1974 provocó la muerte de Prats y su mujer.
El ataque, para los investigadores, fue organizado y ejecutado por la Dirección de Inteligencia chilena (DINA), de la que Pinochet fue autoridad máxima.
Otro ex militar
La extradición del ex capitán del Ejército chileno Armando Fernández Larios por su presunta responsabilidad en el atentado contra el general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert (en 1974, en Buenos Aires) fue solicitada por el fiscal federal Jorge Alvarez Berlanda, se anunció este miércoles en Tribunales.
En su dictamen, el fiscal solicitó igualmente a la jueza federal María Servini de Cubría que cite a declarar a cinco testigos, entre ellos un ex diplomático que cumplió funciones en la Cancillería chilena en la época en que se registró el doble homicidio.
Si Servini de Cubría accede al pedido del fiscal, la extradición de Fernández Larios debería ser solicitada a Estados Unidos, donde, de acuerdo con datos que manejan los investigadores, estaría viviendo el ex militar chileno, explotando un local de importación y exportación de artículos electrónicos.
Fernández Larios fue condenado en Estados Unidos por su responsabilidad en el atentado que provocó la muerte del canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronie Moffit, en Washington, pero la pena ya fue cumplida, indicaron fuentes tribunalicias.
El 24 de marzo de 1998, Alvarez Berlanda y el fiscal Jorge Di Lello pidieron la indagatoria del ex militar porque, como miembro de la DINA, pudo haber participado, junto con el entonces jefe del Departamento Exterior del organismo, Raúl Iturriaga Neumann, en la "preparación del terreno" que concluyó con el doble homicidio.
"Caravana de la muerte"
Además, en Chile se investiga si Fernández Larios tomó parte en la denominada "Caravana de la muerte", como se llamó a la "recorrida" que en octubre de 1973 -semanas después del golpe de Estado del 11 de septiembre- realizaron oficiales del Ejército local por cuarteles militares para fusilar a detenidos.
Ahora, Alvarez Berlanda solicitó a Servini de Cubría que interrogue como testigos a Luz Arce y Marcia Merino Vega, dos autoras que habrían publicado libros con datos que el fiscal considera que deben ser incorporados al sumario.
El fiscal quiere que el ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Claudio Collado, y "una señora de apellido Iribarra" que se habría desempeñado en la embajada de ese país en Buenos Aires, contesten preguntas sobre la tramitación de los pasaportes del matrimonio y también sobre "si existió alguna orden" para no entregar esos documentos. (DyN/Reuters/AFP).
