La posibilidad de habilitar un examen de ingreso en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, instaló una vez más la polémica acerca de las bondades de esta iniciativa. La llamada tradición reformista siempre se opuso a los exámenes de ingreso por considerarlos limitacionistas y excluyentes. Durante décadas, cada vez que algún gobierno militar o civil proponía algo parecido, los estudiantes y docentes se movilizaban en defensa de lo que se llamaba la universidad popular y reformista.

Habría que discutir hasta dónde la oposición al examen de ingreso tiene alguna relación con la Reforma Universitaria de 1918, pero más allá de las indagaciones históricas lo cierto es que en los últimos cuarenta años los actores de la vida universitaria han rechazado con buenas y malas razones este tipo de medida.

Los reformistas tradicionales consideraban que la propuesta disimulaba mal el deseo de ciertos sectores elitistas de limitar el ingreso de los sectores populares a la universidad. Más que una instancia para seleccionar la capacidad de los alumnos, el examen apuntaría a impedir que se generalice el conocimiento, presuntamente reservado para minorías selectas. Los argumentos reformistas se reforzaban porque en la mayoría de los casos la propuesta iba acompañada con decisiones a favor del arancelamiento, como ocurrió durante la última dictadura militar.

Otro argumento digno de ser tenido en cuenta a la hora de criticar los exámenes de ingresos es que la capacidad de un estudiante no se puede evaluar en una prueba de 45 minutos. Asimismo, era necesario tener en cuenta que a los problemas propios de la edad, se suman las dificultades que devienen de la formación en establecimientos educativos medios de diferente calidad.

Desde 1983 a la fecha las universidades fueron de acceso libre, pero la práctica habitual de la democracia universitaria fue presentando algunos inconvenientes. El dato más elocuente de que no todo andaba tan bien como se suponía se manifestaba -entre otras cosas- en los altos niveles de deserción.

Formalmente todos los estudiantes podían ingresar a las casas de altos estudios pero en realidad la selección se daba de hecho al segundo año con deserciones que en algunos casos superaban el cincuenta por ciento, en una sociedad en donde desde el vamos el acceso a los niveles superiores de la enseñanza estaba reducido a las clases medias y altas, ya que los sectores de bajos recursos por lo general ya son "filtrados" en los niveles primarios y medios de la educación.

El sueño reformista de una educación para todos se veía así contrastado por una realidad inmisericordiosa que excedía la problemática universitaria para colocar en el centro del debate el proceso educativo en su totalidad con sus correspondientes consecuencias sociales.

Asumidos los nuevos problemas, empezó a plantearse la necesidad de preparar a los estudiantes para que accedan a la universidad en condiciones óptimas. De nada valía reivindicar la bandera del ingreso libre cuando luego la deserción se encargaba de demostrar lo contrario.

Fue así como empezó a hablarse de cursos de adaptación o ciclos introductorios todos orientados a reducir las diferencias entre la formación de una enseñanza media deficiente y las exigencias universitarias. En las principales universidades públicas de la Argentina comenzó a adquirir identidad la idea de que estos cursos eran necesarios para nivelar las diferencias entre el secundario y la universidad.

Las evaluaciones de este tipo dejaron de ser vistas como una maniobra elitista, para ser consideradas como una garantía de la permanencia efectiva del estudiante en los claustros. Ya no alcanzaba con asegurarle el ingreso libre, si se quería ser coherente con los postulados reformistas; ahora también era necesario crear las condiciones para que el estudiante no abandone la carrera elegida.

Como puede apreciarse, el debate es complejo. En principio es importante reivindicar el derecho de toda persona de acceder a la universidad, pero sabiendo que la tarea va más allá de consignas o reglamentaciones. En todos los casos lo que importa es no perder de vista el carácter estratégico de las universidades en una sociedad moderna y la necesidad de capacitar a los ciudadanos para los desafíos contemporáneos.

En la Argentina es necesario entender que el problema no es el exceso de alumnos sino lo contrario. Mediciones confiable señalan que el porcentaje de estudiantes universitarios con relación al total de la población está muy por debajo del que exhiben los países desarrollados. Más que preocuparse por limitar el ingreso lo que hay que hacer es garantizar más oportunidades en un marco de excelencia académica y correcta reorientación de la matrícula.