El ex-almirante Eduardo Emilio Massera, uno de los triunviros del golpe militar del 24 de marzo de 1976, acaba de ser declarado insolvente por la Justicia. Debía indemnizar con 120.000 dólares a Daniel Tarnpolsky, cuya familia fue diezmada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el emblemático por atroz centro clandestino de detención de la Marina. De los 70 millones de dólares que los organismos de derechos humanos de Argentina estiman que se apropió Massera, arrancándoselos a los 5.000 prisioneros que fueran liquidados bajo sus órdenes en la ESMA, al menos 20 millones de dólares provienen de unos terrenos en Chacras de Coria, la selecta zona residencial cercana a la capital de la provincia de Mendoza. He aquí la historia de su sangriento saqueo, encubierto ahora por un andamiaje contable y jurídico que lo ha dejado impune, urdido mediante sociedades de fantasía, actas adúlteras, nombres ficticios y dictámenes judiciales espurios.

El despojo pudo ser cometido por el rapto y homicidio de los titulares de esas tierras. El crimen fue perpetrado a partir del domingo 9 de enero de 1977, cuando una cuadrilla de la ESMA decidió secuestrar al abogado mendocino Conrado Gómez, a cuya secretaria capturaran ese día mientras paseaba con su marido por el delta del Tigre, en los suburbios de Buenos Aires. Los esbirros de Massera arrasaron con el despacho porteño de Gómez, ubicado en el 1713 de la avenida Santa Fe. Además de su detención, en los registros de la Conadep también figuran las de los adherentes al peronismo y simpatizantes de los Montoneros Victorio Cerutti, Horacio Mario Palma y Omar Raúl Pincolini, fruto de una redada en días sucesivos, que tuvo por eje varios lugares de Mendoza.

Estos tres últimos eran accionistas de Cerro Largo SA, dueña de 27 hectáreas en el distrito mendocino de Chacras de Coria, en pleno proceso de loteo y urbanización, un predio hoy valuado en alrededor de 20 millones de dólares. El letrado Conrado Gómez era el representante legal de la compañía. Todos ellos estaban paralelamente relacionados con la bodega mendocina Calise SA, empero desvinculada del inmueble rural de Cerro Largo. Circunscripta a una planta de 4 millones de litros en Godoy Cruz, y una fracción de campos en San Carlos con su casco de estancia, siempre en Mendoza, Calise disponía también de una planta fraccionadora y personal distribuidor en Buenos Aires. La vinería estaba en proceso de desguace y muda de propietarios, varios de ellos involucrados con los Montoneros. Pero escaparía al zarpazo de la Marina. El Ejército se había anticipado, cuyos testaferros se la terminarían englutiendo.

La pista de la carpintería de firmas de papeles descuajadas bajo tormentos, nombres falaciosos y domicilios no habidos, organizada para consumar el pillaje de Cerro Largo, se inicia con el escribano Oscar Jorge Maglie, quien en 1977 se desempeñaba sus funciones notariales en la Prefectura Naval Argentina en el Registro Nacional de Buques. Maglie certificó la firma del entonces detenido en la ESMA, Victorio Cerutti, en un recibo por la venta de aquellos terrenos. Sin transición, otro escribano del círculo de Massera, Ariel Washington Sosa Moliné, dio entrada como nuevos accionistas de Cerro Largo a Mario Rodríguez y Felipe Pagés, en realidad dos ex-oficiales de la Armada, activos en la ESMA: el capitán de corbeta (RE) Francis William Whamond, y el teniente de navío (RE) Alejandro Spinelli. Éstos asumieron de inmediato como presidente y vicepresidente de la empresa, trasladando su sede de Mendoza a la Capital Federal, en la calle Palpa 2594, Piso "C", que se reveló inexistente.

A renglón seguido, los falsos Pagés y Rodríguez otorgaron un amplio poder de administración a Pascual Gómez, en verdad Daniel Berrone, otro represor de la ESMA, un teniente de fragata contador oriundo de Mar del Plata. Dicho poder fue extendido en la escribanía del antes citado Sosa Moliné, cuyo nombre cobrara notoriedad pública en el caso Branca. Tal es el apellido del empresario cuya muerte en 1978 se adjudica a Massera, quien tenía por amante a su mujer, Marta Rodríguez McCormack. El tétrico episodio, cargado de venganza, sexo, dinero y violencia, fue puesto bajo la lupa por Claudio Uriarte en Almirante Cero, la pormenorizada biografía de Massera publicada en 1991.

A su turno, Pascual Gómez vendió los terrenos por un precio irrisorio de 150 dólares a un fantasmagórico Federico Williams, otro antifaz del capitán Francis William Whamond, quien declaró una dirección de Mar del Plata que tampoco existía. Al tiempo, y antes de esfumarse del organigrama de Massera, Pascual Gómez asentó como su abogado a una persona de carne y hueso, el mendocino Manuel Andrés Campoy, un personaje clave para entender lo que acontecería después, cuando se relegalizaran aquellas tierras.

Al entrar en escena, Federico Williams manifestó que actuaba bajo mandato de la sociedad en formación Wil Ri, entre cuyos dignatarios sobresalía un tal Juan Héctor Ríos, concretamente el teniente de fragata Jorge Radice, contador naval y secretario privado de Massera. Radice supo navegar al timón de una inmobiliaria ambulante de la ESMA, concebida para refaccionar y revender bienes inmuebles de desaparecidos, con atraques itinerantes en Zapiola 3696, Warnes 350-352, y Ciudad de la Paz 1034, de la Capital Federal.

Wil Ri se constituyó el 1° de julio de 1977 en el estudio del ya mencionado Sosa Moliné. Los accionistas fueron todos inventados, salvo los síndicos. El principal era Mario Alberto Cedola, un teniente de fragata retirado y contador, profesor del Liceo Naval Almirante Brown, compañero de secundaria de Massera e íntimo del contralmirante Rubén Jacinto Chamorro, otrora jefe de la ESMA. Como síndico suplente lo acompañaba la abogada Emilia Martha García, adscripta a la escribanía de Sosa Moliné y su ayudante de cátedra en la Universidad Notarial Argentina.

A poco andar, Cedola y García finalizaron asumiendo el paquete accionario de Wil Ri, asegurando que lo compraron con 160 mil dólares que les prestó la sucursal Panamá del Banco Nacional de París, un dato imposible de contrastar. Lo que sí resulta verificable es que Emilia Martha García salió impoluta de la ingeniería comercial y financiera digitada por Massera para el desposeimiento de sus víctimas. En la actualidad se encuentra al frente del Juzgado 9 en lo Contencioso Administrativo Federal, sito en el 685 de la calle Carlos Pellegrini de Buenos Aires.

A continuación Wil Ri designó apoderado al abogado Manuel Andrés Campoy, el letrado mendocino en quien recayera con anterioridad la representación del ficticio Pascual Gómez, que delegara así toda facultad para actuar en nombre de la desarticulada Cerro Largo. Ésta y Wil Ri, confluirían por tanto en este Campoy, quien recurriría a su padre, Manuel Andrónico, de profesión escribano, para protocolizar en Mendoza los terrenos usurpados, inscribiéndolos en el Registro de la Propiedad Raíz.

Manuel Andrés Campoy iría aún más lejos en su compromiso con la arquitectura de Massera. Aceptaría compartir responsabilidades con el marino Cedola y la abogada García, asumiendo primero la gerencia y luego la vicepresidencia de Wil Ri, incorporando sucesivamente al directorio a su concubina, Silvina Rosenthal, a su cuñado, Hernán Lucio Funes, y a su primo, Gutavo Campoy.

El 12 de julio de 1981 el abogado Campoy hijo compareció ante el escribano Campoy padre y transfirió las tierras de Wil Ri a otra sociedad llamada Misa Chico, plantada en Guido 1612, 18 "C", de Buenos Aires. Era el domicilio de Rafael Antonio Vila, un representante de Massera en la Empresa de Desarrollos Espaciales. En esa planta se fabricaban torpedos y misiles para exportación, como destapara el periodista Daniel Santoro en su libro Venta de armas, hombres del gobierno.

Al año siguiente, Misa Chico cambió de domicilio. Se instaló orondamente en Cerrito 1136, piso 10° de la Capital Federal. Allí compartía dependencias con las oficinas particulares del contador naval, ex-represor en la ESMA y vendedor ambulante de viviendas de desaparecidos, Jorge Radice, consignado precedentemente. Y con el Partido para la Democracia Social, el engendro político de Massera pergeñado luego que en 1978 cediera el Comando de la Armada a Armando Lambruschini. En su reglamentaria asamblea general de esos momentos, el 74,875% de las acciones de Misa Chico estaban en poder de uno de los hijos y del hermano del genocida Massera.

Para enrarecer las huellas, Misa Chico sufrió transfiguraciones en cascada. En 1983 cedió los terrenos a Huetel, la que se bifurcaría rápidamente en Enori y A & B Consultores, en manos de Félix Botte, Daniel Adrogué y Luis Alberto Bragagnolo, todos provenientes de la corriente justicialista Guardia de Hierro, donde se reciclara después de su paso a retiro en 1978, Jorge Radice, el agente multiuso de Massera en la "recuperación" de bienes de la "subversión".

El 24 de marzo de 1983, la embajada de Italia en Argentina tomó cartas en el asunto. Pidió se esclarecieran las desapariciones de Cerutti y Pincolini. El 24 de agosto siguiente, el hijo de Cerutti, al retornar de su exilio, formalizó una denuncia, reclamando justicia por su padre y devolución de los inmuebles robados. El juzgado federal 2 de Mendoza abrió en consecuencia un sumario.

Las diligencias judiciales fueron iniciadas por el juez Gabriel Guzzo, quien no imputaría delitos. Llamó a declarar a los Campoy padre e hijo, piezas determinantes en la sustracción de las propiedades. La pareja descargó cargos en el escribano Sosa Moliné, quien acababa de fallecer. El juez dictó falta de mérito. La Cámara Federal de Mendoza revocó. El fiscal intimó al juez Guzzo al "pronto despacho" y como el magistrado seguía haciendo oídos sordos, fue recusado y le quitaron la causa.

La heredó el subrogante Jorge Garguir. Muerto Sosa Moliné, detuvo a Jorge Maglie, el otro escribano al servicio subterráneo de Massera, pero le acordó la libertad condicional por la irrisoria fianza de 400 dólares. La defensa de las sociedades instrumentales aparejadas por los subordinados de Massera las asumía el abogado Luis Salassa, tío del juez Garguir que instruía. La de los Campoy, los letrados Carlos García, socio de Eduardo Bauzá, hoy senador nacional, y Nicolás Becerra, años más tarde y actualmente, Procurador General de la Nación.

En 1984, durante la restauración democrática iniciada por el presidente Raúl Alfonsín, el juez Garguir fue relevado. No vio renovadas sus credenciales por su implicación con la dictadura. Se incorporó de inmediato al estudio de Becerra en Mendoza. Su puesto en la justicia pasó a ser ocupado por Jorge Burad, quien aceptó el sobreseimiento del escribano Maglie propuesto por la defensa. El fiscal apeló y la Cámara Federal de Mendoza se consideró incompetente para proseguir, girando las causas a Buenos Aires, donde estaba precisamente radicado el inculpado Maglie.

Becerra, García, Garguir y Burad reaparecerían en las tramoyas de Monzer Al Kassar y su banda de árabes provenientes de Marbella, para hacerse ilegalmente argentinos. Los tres primeros volverían a aparecer para pergeñar la defensa del banquero Raúl Moneta, hoy célebre por las acusaciones de las que es objeto por presunto lavado de dinero, detonadas en el Senado de los Estados Unidos.

En la Capital Federal se hizo del laberíntico expediente de Chacras de Coria el juez Rodolfo Ricota Denby, quien terminó confirmando el sobreseimiento de Maglie y el cierre de la instrucción para los Campoy. Éstos alegaron no haber tenido jamás tratos con Massera, pero en el plano civil perdieron. Los tribunales los conminaron a restituir 9 héctareas y 31 lotes remanentes del loteo aún no vendidos, iniciándose recién en el año 2000 las nuevas escrituraciones, actualmente en curso.

Dados por inocentes en lo penal, los Campoy padre e hijo fueron paradójicamente condenados en lo civil. Una magra culpabilidad ha sido por cierto demostrada, con un fallo que concierne a un tercio de aquellas tierras de Cerro Largo, cuyos accionistas Cerutti, Palma y Pincolini fueron sin duda asesinados por el régimen militar, al igual que Conrado Gómez. Bajo la democracia y junto con Massera, los Campoy se han quedado al menos con parte del resto. En el Registro Público de Comercio de Mendoza, Manuel Andrés Campoy aparece detentando "La dulcería de mi abuela" y "Panificadora Tucumán", una cadena de negocios de panadería. Y posee dos mansiones, una en Mendoza y otra en Punta del Este.