Buenos Aires.- La viuda del zar colombiano de la droga, Pablo Escobar Gaviria, será juzgada por un tribunal oral por supuesto lavado de dinero en la Argentina, pese a que cinco fiscales federales consideraron que son insuficientes las pruebas que motivaron su detención en noviembre de 1999.

El fiscal federal Carlos Cearras elevará a juicio oral en los próximos días la causa contra Victoria Henao Vallejos después de que la sala I de la Cámara Federal porteña rechazara ayer un recurso suyo en el que solicitaba que se obtuvieran más pruebas para acusar a la viuda, detenida hace un año y cuatro meses.

La causa contra la viuda del narcotraficante se tramita en el juzgado federal de Gabriel Cavallo, para quien la mujer lideró desde su llegada de incógnito al país una organización que se dedicó a lavar dinero ganado por su marido con el tráfico de droga en Colombia.

Pero el entramado judicial se complicó cuando los primeros fiscales a cargo del caso, Eduardo Freiler y Federico Delgado, se negaron a acusar a la viuda y a otros imputados por considerar que no se pudieron reunir pruebas en su contra.

Para estos dos funcionarios públicos, durante una investigación de más de doce meses no pudo demostrarse que el dinero que la viuda ingresó al país durante cinco años haya provenido de la droga y, en todo caso, debería acusársela de evasión tributaria, un delito que corresponde a otro ámbito judicial.

Todo esto fue rechazado por Cavallo, en una decisión ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, que desplazó a Freiler y Delgado y ordenó que otros fiscales, Cearras y Pablo Recchini, se encarguen de llevar a juicio a la viuda.

Como ellos estaban de vacaciones, su subrogante, Carlos Stornelli, optó por evitar resolver el fondo de la cuestión y pidió al juez nuevas pruebas.

Cearras -a su vuelta de la feria judicial- fue en queja a la Cámara, que ayer resolvió negar esta instancia e insistir en que la causa sea elevada de inmediato a juicio oral.

Con la queja de Cearras y Recchini, cinco fiscales federales resistieron ya dar por cerrada la investigación y mandar la causa contra Henao Vallejos a juicio por considerar que faltan pruebas y, como dijo Stornelli, que el juez Cavallo incurrió en "contradicciones".

"No está acreditado el origen ilícito de los fondos; la sospecha no alcanza para mandar la causa a juicio y no encuadra en las formas en que están redactadas las normas del código procesal", opinaron fuentes de la fiscalía de Cearras.

Sin embargo, remarcaron que "no hay más posibilidades de plantear nada más en esta etapa" porque para la cámara las cuestiones de prueba "no son apelables", lo que quedó demostrado con la decisión de los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani de rechazar el recurso de queja del fiscal Cearras.

Por eso, "la única instancia judicial posible ahora es el proceso oral", en el que la situación de Henao Vallejos será una incógnita, ya que el fiscal de juicio podría hacerse eco de la falta de convicción para acusarla de sus pares de instrucción.

"No creemos que los fondos vengan de la caridad, pero decimos que no hay pruebas suficientes para sostener que provengan del narcotráfico", insistió uno de los fiscales que participó de la instrucción.

Victoria Henao Vallejos llegó al país rebautizada legalmente como María Isabel Santos Caballero por el gobierno colombiano -que buscó así proteger a la familia Escobar-, y vivió con sus dos hijos Sebastián y Manuela durante cinco años en un departamento del barrio de Belgrano, hasta que fue detenida.

Se dedicó a realizar transacciones inmobiliarias junto a un contador, Juan Carlos Zacarías, que luego la extorsionó y que también está preso en la causa.

La viuda denunció que el contador comenzó a extorsionarla bajo amenaza de dar a conocer su real identidad a los medios de comunicación y se quedó con gran parte de sus bienes.

En este chantaje habría intervenido Víctor Stinfale, abogado del acusado Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA. El letrado quedó acusado del delito de amenazas.

También la causa Escobar Gaviria involucró al hoy ex abogado querellante por el ataque a la mutual judía, Luis Dobniewsky, quien compró a Zacarías, por entonces apoderado de la viuda, una costosa casa en un country privado y quedó imputado por lavado de dinero cometido en una oportunidad.

Para el juez Cavallo hay evidencia suficiente para llevar a todos los imputados a juicio oral, pero en tres dictámenes distintos, los cinco fiscales advirtieron sobre la falta de pruebas sin ser escuchados por la Cámara de Apelaciones, que ayer ratificó que la viuda siga detenida y sometida al proceso.

La mujer fue detenida en noviembre de 1999 después de que fuera reconocida "por casualidad" en la calle por un agente de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal.(Télam).