La reconstrucción de un estado de derecho y un régimen genuinamente democrático es uno de los principales retos que afrontan los diversos candidatos en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo en Perú.

Durante los últimos diez años, Perú fue gobernado por Alberto Fujimori en estrecha alianza con las Fuerzas Armadas y en constante desafío a las reglas más básicas de un estado de derecho.

Mientras Fujimori está requerido por la Justicia de Perú y refugiado en Japón al amparo de su nacionalidad nipona, los más destacados jefes de las Fuerzas Armadas durante su régimen se encuentran en la cárcel o están siendo investigados, entre una diversa lista de delitos que se les supone, por vínculos con el narcotráfico.

El régimen de Fujimori fue controlado en todo momento, y en especial el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, actualmente con paradero desconocido y prófugo de la Justicia, que lo acusa de enriquecimiento ilícito, soborno, asesinato, torturas y narcotráfico, entre otros delitos.

La Constitución peruana fue aprobada tras el llamado "autogolpe" de Estado que impulsó con el respaldo de los militares el propio Fujimori desde la presidencia de la República en abril de 1992.

Las elecciones del próximo domingo se celebran justo un año después de las últimas que ganó Fujimori y que fueron invalidadas por su carácter fraudulento.

Hasta la candidatura en aquellos comicios de Fujimori, en el poder desde 1990 tras ganar dos elecciones, fue anticonstitucional, ya que la Carta Magna peruana limita a dos los mandatos sucesivos que puede ejercer un mismo gobernante.

El depuesto presidente de origen japonés únicamente pudo presentar su candidatura a un tercer mandato consecutivo tras liquidar el Tribunal Constitucional y emitir mediante su mayoría parlamentaria una llamada "ley de la interpretación auténtica" de la Constitución.

Las investigaciones en curso han demostrado que Fujimori consiguió sus mayorías en el Congreso mediante el soborno o chantaje, que siempre ejecutaba Montesinos, a parlamentarios de otros partidos.

Montesinos también sobornó o chantajeó a los propietarios de algunos de los principales medios de comunicación, y construyó una red de periódicos populares, llamados "chichas", para difamar diariamente en la más absoluta impunidad a los opositores al régimen de Fujimori.

Algunos empresarios peruanos y extranjeros, con problemas ante la Justicia o pendientes de alguna concesión para realizar sus negocios, tampoco escaparon de las prácticas chantajistas de Montesinos.

La lucha y el éxito contra las bandas terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru durante el régimen de Fujimori se basó fundamentalmente en la aplicación de medidas ajenas a la legalidad propia de un estado de derecho y tuvo como consecuencia, entre otras, el encarcelamiento de miles de personas inocentes.

El propio Fujimori se vio obligado a aceptar la formación de una comisión que revisara los casos de miles de personas que fueron condenadas por terrorismo sin prueba alguna, gracias a lo que algunas de ellas recuperaron su libertad.

Los juicios contra los acusados de terrorismo eran derivados a la Justicia militar y presididos por "jueces sin rostro", es decir encapuchados.

Este estilo de aplicar justicia fue extendido por Fujimori a los acusados por otros delitos, como narcotráfico o secuestro y robo con armas de guerra, y bajo la denominación de "traición a la patria" afectó a algunos extranjeros.

El cúmulo de despropósitos judiciales en todos los ámbitos le obligó a Fujimori a abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el caudal de sentencia desfavorables para el gobierno de Perú de ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sólo uno de los candidatos para las elecciones del próximo domingo, el ex ministro de Economía Carlos Boloña, propone y defiende la continuidad del régimen de Fujimori.

Los tres candidatos favoritos para los comicios del próximo domingo, Alejandro Toledo, de Perú Posible; Lourdes Flores; de Unidad Nacional; y Alan García, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), se han comprometido a mantener las investigaciones en marcha sobre el régimen de Fujimori, a respetar la independencia del Poder Judicial y a fortalecer la democracia.

Toledo, economista de 55 años, fue el rival de Fujimori en los comicios del pasado año, pero retiró su candidatura en la segunda vuelta electoral por considerar que el proceso era fraudulento e inició una campaña de manifestaciones populares en todo el país contra el gobierno del posteriormente depuesto presidente.

Flores, abogada de 41 años, ha sido parlamentaria de la oposición durante los diez años de gobierno de Fujimori y una de las primeras personas que acusaron a Montesinos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y terrorismo de Estado.

García, que fue presidente de Perú de 1985 a 1990, pasó los diez años de gobierno de Fujimori prófugo de la Justicia en calidad de asilado político en Colombia.