Pese a que Slobodan Milosevic representa para Occidente la "bestia negra" nacionalista que trajo la guerra a Europa 45 años después del nazismo, Yugoslavia, la madre de la criatura, se resiste en los últimos días a convertirse en la primera víctima de la nueva justicia globalizada, que une derecho internacional y poder económico.

La detención del ex hombre fuerte de Yugoslavia el pasado domingo en Belgrado luego de una intensa presión internacional, significó para el presidente yugoslavo Vojislav Kostunica la posibilidad de continuar recibiendo la ayuda económica que necesita para recuperar a un país devastado y continuar en el poder.

La justicia yugoslava detuvo a Milosevic por los cargos de abuso del poder y malversación de fondos, y no por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Kosovo que le imputa el Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia, y que provocaron el ultimátum financiero lanzado por Estados Unidos.

En Belgrado, Milosevic está acusado por malversar unos 117 millones de dólares del presupuesto de Serbia y Yugoslavia, en una causa que involucra a, por los menos cuatro de sus colaboradores, y podría, según la agencia Beta, ser inculpado por ordenar asesinatos de opositores políticos, delito castigado con la pena de muerte.

Hasta la madrugada del primero de abril, los objetivos de la comunidad internacional y del pueblo yugoslavo estuvieron en sintonía: en apenas seis meses, Milosevic pasó de ser el presidente de la República Federal de Yugoslavia (RFY, Serbia y Montenegro) a ocupar una celda en la prisión central de Belgrado.

Sin embargo, a partir del momento en que el ex hombre fuerte decidió entregarse pese a sus amenazas de resistir "hasta el final", los caminos de Yugoslavia y Occidente se bifurcaron, y sus ex enemigos, hoy en el poder, dudan ante el pedido de inmediata extradición a La Haya que reclaman aquellos países que bombardearon Belgrado durante 78 días en 1999.

De todos modos, en la capital yugoslava o en La Haya, el futuro se vislumbra negro para este hombre de 59 años, hijo de un teólogo ortodoxo de origen montenegrino, que hizo estudios de jurista y que ascendió uno a uno los escalones de la Nomenclatura del Partido Comunista hasta convertirse en presidente del PC serbio en 1987.

Acusado por el TPI por su responsabilidad en la guerra de Kosovo (1999), provincia serbia de mayoría albanesa a la que suprimió la autonomía, Milosevic podría ser inculpado además por la financiación de fuerzas serbias en las guerras de Bosnia (1992-95) y Croacia (1993), parte del terrible proceso de fragmentación de la Yugoslavia de Tito.

Milosevic admitió el lunes último su participación en las guerras de Bosnia y Croacia, pero el principal problema para el TPI es otro: la lucha por el poder en Serbia, que depende de la independencia o no de Montenegro y que podría cambiar todo el escenario político de la región en poco tiempo, al desaparecer la RFY.

Según un sondeo, el 82 % de los yugoslavos está de acuerdo en que Milosevic sea juzgado, pero sólo el 46 % aprueba su extradición a La Haya.

Al parecer sólo en medio de la tormenta, Milosevic conserva sin embargo algunos apoyos: el ex oficialista Partido Socialista de Serbia (SPS), que lo reeligió como presidente en noviembre del 2000, y algunos sectores del ejército, que habrían resistido su detención en un primer momento.

"Este tribunal no es una institución jurídica sino política, al servicio de los que han querido la muerte de Yugoslavia. Occidente apunta a la globalización, lo que se traduce en la desaparición de la identidad nacional y la dependencia de las instituciones financieras internacionales", dijo Milosevic sobre el TPI al diario rumano Curentul, en la última entrevista que dio antes de ser detenido.

A la previsible postura del implicado se sumó el jueves el pedido del ministro de Justicia serbio, Vladan Batic, para que el TPI inculpe a líderes de otras nacionalidades que participaron en el conflicto en los Balcanes, como por ejemplo, el albanés Hashim Thaci, ex jefe del Ejército de Liberación Nacional (UCK) de Kosovo.

"Todo el mundo cometió crímenes: serbios, croatas, musulmanes y albaneses. ¿Cómo puede ser que ningún líder de otra nacionalidad sea inculpado? No es normal. Parece una justicia selectiva", afirmó Batic.

Esta polémica no guarda relación alguna con la inocencia o culpabilidad de un hombre que tenía dos blindados del ejército yugoslavo en el jardín de su residencia y que guardaba un pequeño arsenal de treinta armas automáticas, un lanzacohetes y cajas de granada de mano en sus armarios.

La extradición de Milosevic le permitiría a Occidente exhibir un ejemplo "aleccionador" para aquellos líderes nacionalistas que sueñan con guerras de expansión o limpiezas étnicas. Saddam Hussein, por ejemplo, podría seguir sus pasos si Estados Unidos logra algún día alejarlo del poder en Irak.

Presionadas por visitas como la del ministro de Relaciones Exteriores británico, Robin Cook, o representantes de la fiscal del TPI, Carla Del Ponte, ambas esta semana, las autoridades yugoslavas se escudan por ahora en su Constitución, que prohíbe la extradición de sus ciudadanos y que podría ser modificada por el Parlamento en la segunda quincena de mayo.

En todo caso, y más allá de excusas formales, los únicos obstáculos para sentar la piedra basal de esta cuestionada justicia internacional parecen ser la lucha interna de poder en la RFY y la pregunta "¿por qué nosotros sí y los otros no?" que se hace el pueblo serbio, todavía no tiene respuesta.