El intendente municipal de Carcarañá, Jorge Carlos Tonero (PJ), declaró ayer a esta ciudad de 17 mil habitantes en "estado de emergencia social" a través de un decreto de resolución que lleva la firma de todos los miembros de su gabinete.

Tonero, al justificar la medida, aseguró que "hemos llegado al límite, ya no tenemos más posibilidades económicas ni humanas para hacer frente a la crisis y por lo tanto queremos advertirles a las autoridades provinciales y nacionales que esta ciudad no puede más", aseguró con dramatismo el jefe municipal.

La decisión política -que implica además un duro ajuste y racionalización del gasto público para priorizar las demandas sociales- está basada en la grave situación social, evidenciada "en los elevados índices de desempleo y subempleo, los cuales ascendieron a tasas del 29,9 % y 18,6 %, respectivamente, comportando un severo castigo para la ciudadanía y la comunidad toda", dijo Tonero.

La magnitud de la crisis por la que atraviesa Carcarañá, una ciudad ubicada a 196 km al sudoeste de la capital provincial, se ve reflejada en los considerandos de la medida firmada por el intendente, en donde se describen las distintas vicisitudes que comenzaron en 1993 con la quiebra del Frigorífico Carcarañá SA, y que se fueron agravando paulatinamente con la caída de toda la industria cárnica y el cierre de los mercados internacionales por la crisis de la aftosa.

Para el intendente, "el Estado municipal no puede permanecer ajeno a la defensa de los derechos de los empleados que pertenecieron a esta industria, que se encuentran en permanente estado deliberativo, y su situación, como la de tantos otros desocupados, es incontenible".

Estos hechos, sumados a los despidos en la industria metalmecánica, el cierre de Cindor -se produjo hace dos años y empleaba a 40 trabajadores-, el estado crítico de la industria maderera y su repercusión en el comercio local, además de la situación de los productores agropecuarios, ilustran sobre lo problemático de la situación.

El decreto también alude a las consecuencias sobre el ámbito educativo y de la salud pública, que produjeron un agravamiento de las condiciones sociales, en una población donde se ha detectado que el 65 % de sus habitantes carece de obra social efectiva.

Al mismo tiempo, en los considerandos de la medida se deja constancia de los ajustes realizados tanto por los gobiernos nacional y provincial en las retribuciones del personal a su cargo, de la disminución de los recursos coparticipables y de la desaparición de los programas de empleo temporarios.

Ante esta coyuntura, el municipio dispuso arbitrar todas las medidas necesarias para "reducir, recortar y racionalizar sustancialmente el gasto público municipal, implementándose los mecanismos conducentes para redirigir el mismo, estableciendo como prioridad la atención de las demandas sociales más urgentes".

Finalmente se decidió la reubicación del personal municipal "en orden a establecer una mejor racionalización de los recursos humanos existentes", y se estableció un mecanismo de contacto con entidades locales para realizar una constante evaluación de la situación social planteada, con el propósito de prevenir mayores conflictos.

La quiebra del frigorífico Carcarañá SA, ocurrida en 1993, afectó a 1.000 pobladores de esta ciudad del sur que trabajaban en la planta industrial, posteriormente adquirida por la firma Friar SA, de Reconquista, que la mantuvo en actividad hasta diciembre de 2000.

Esos obreros aún hoy esperan la culminación del proceso de quiebra para percibir lo adeudado. "Hace un tiempo, cuando todo hacía creer que podían cobrar, apareció un banco que reclama el pago de un crédito que no había sido privilegiado inicialmente en el proceso judicial; presentó un recurso, y como no le fue aceptado, recurrió ante la Corte Suprema. Como consecuencia, una vez más, los trabajadores se quedaron sin ese dinero", informó a El Litoral el intendente Jorge Tonero.