"¿De qué me estás hablando, de Suiza?", es la respuesta de una sorprendida directora cuando se le pregunta si tiene matafuego en su escuela, o si sabe de algún plan de evacuación para los chicos en caso de incendio.

En los establecimientos educativos santafesinos no hay ninguna previsión tomada a instancias del Ministerio de Educación para salvaguardar a niños, docentes y personal si se produjera una emergencia de este tipo.

Anita de Carolis, directora de la escuela Estanislao López, de Gral. Paz al 7200, es consciente de la inconsciencia; pero la ventilación de la escuela y la gran disponibilidad de espacios le permite respirar relativamente tranquila. En ese lugar, todos los días se reúnen más de 700 chicos.

Muchas veces es la cooperadora de la escuela la que encara la compra de matafuegos, por propia iniciativa. Desde el gobierno aseguran que los edificios escolares nuevos sí cuentan con los dispositivos mínimos de seguridad.

"Pasa un poco por la responsabilidad de cada directivo", señala la responsable de la escuela Pedro Bustamante, de Aristóbulo del Valle al 4400. Allí hay dos matafuegos que compraron los padres. También hay una salida de emergencia. Además, desde el establecimiento se convocó a los bomberos para que, a partir de este año, asesoren a los chicos sobre cómo desenvolverse en casos de siniestros.

Pero no en todas las escuelas se repite esa situación. "¿Matafuegos? No, no tenemos"; dice la vicedirectora de la Beleno, ubicada en Saavedra y Suipacha. Pero queda con el ceño fruncido. Vuelve a entrar a su despacho para transmitir la pregunta a sus compañeras. Al rato sale con la respuesta: "Tenemos. Figura en el inventario. Pero no tenemos idea de dónde está".

El primer patio de la escuela tiene techo de chapa. Detrás hay un patio abierto, y en esa zona hay una puerta accesoria de madera que da sobre Suipacha. Pero es pequeña y está trabada.

"El otro día la directora llegó a la mañana y encontró una colilla de cigarrillo encendida. Si no la apaga a tiempo, podría haber ocurrido un desastre", reconoce la vice.

El problema está planteado, aunque otras urgencias impiden que se lo tome en su real dimensión. El gobierno, que obliga a las empresas privadas a contar con matafuegos y salidas de emergencia, no tiene las mismas previsiones para con los organismos de su dependencia. Recién ahora se está planteando la posibilidad de mantener reuniones con Defensa Civil. El cuadro se agrava si se tiene en cuenta que de por medio hay gran cantidad de niños, cuyas vidas podrían correr peligro. Y que un matafuego no cuesta más de 50 pesos.

En 1996 se sancionó la Ley de Riesgos de Trabajo, que señala que todo ámbito laboral debe contar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, encargada de atender a las personas en caso de accidente y controlar si la empresa cumple con la ley.

Pero el Estado -nacional, provincial o municipal- tiene la opción de autoasegurarse; es decir, no está obligado a contratar una ART; por lo que puede ejercer sus propios controles. Aquí comienzan las fallas. Esto es lo que ocurre en las escuelas públicas.

Los aparatos extintores deben ser revisados una vez al mes, para verificar que no tengan pérdidas de presión. Otra de las opciones, en el caso de los establecimientos educativos, es implementar un plan de evacuación, donde haya un grupo de personas capacitadas para guiar al resto en caso de una emergencia.

Esto, teniendo en cuenta que muchas escuelas y colegios son excesivamente cerrados -algunos no tienen otro respiradero al exterior más que la puerta principal, que suele permanecer trabada-; los salones están revestidos de madera, las butacas y mesas son de material altamente combustible, y nadie está preparado para, en un caso extremo, desalojar un edificio completo en pocos segundos, sin perder la calma.

Para la protección contra incendios, la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo aconseja:

Los accidentes son la principal causa de muerte de los chicos menores de 19 años en la Argentina. En 1999 se registraron 10.900 casos, según los datos de un informe elaborado por la delegación local de Unicef.

Según el informe, gran parte de estos episodios fatales de acuerdo con datos del Programa Nacional de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud son accidentes de transporte (4.641), ahogamientos (772), caídas (557), explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego, llamas y envenenamiento (224) y otros accidentes (3.797).

Hasta 1999, el Ministerio de Educación realizó un proyecto con Defensa Civil en el que se enseñaba a los alumnos a actuar en casos de accidentes. Fue una experiencia piloto que ahora se está tratando de rescatar.

Mientras tanto, en el MEC hablan de prioridades. Aseguran que "en la elaboración de hipótesis de situaciones de emergencia, confluyen estándares que llevan a acentuar la prevención de ciertas urgencias sobre otras".

Afirman que en las escuelas técnicas que tienen talleres, hay comités capacitados para actuar en casos extremos. También sostienen que los nuevos edificios tienen dispositivos para prevenir incendios, y que se están relevando las necesidades de seguridad en las escuelas.