El proceso de cierre de las salas de bingo que funcionan ilegalmente en Rosario, después de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó expedita la vía para la clausura, se desarrolla de manera más lenta y accidentada de lo que cabía esperar. En un marco que, además, incorpora elementos conflictivos por la situación laboral de los empleados, la Justicia rosarina cerró una de las salas y la provincia tratará de remover los escollos que demoran la medida en lo que respecta al bingo Montparnasse, de Eduardo López.

El sábado a la noche, un operativo policial ordenado por la jueza de Faltas Liliana Puccio allanó y clausuró el bingo ubicado en Mendoza 3538, ante la mirada atónita de más de un centenar de personas (ver Procedimiento).

Los responsables de la sala, que figura a nombre del club Atlético Huracán y de Cauca SRL, trataron de resistir la medida, exhibiendo las habilitaciones municipales del local. Pero la infracción que se les imputa es a la ley provincial 10.703, que prohíbe el funcionamiento de estas salas de juego y en violación a la cual los bingos funcionaron durante años, amparados en medidas cautelares judiciales.

En febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja interpuesto por los bingos contra una anterior resolución suya, en la que negaba a los jueces de primera instancia competencia para dictar medidas que permitan el funcionamiento de las salas. Caído todo el andamiaje judicial, la provincia solicitó a los tribunales de Faltas que clausuren las salas, en lugar de hacerlo directamente por orden administrativa, como ocurrió en oportunidades anteriores y se bloqueó a través de los amparos.

La medida de la jueza Puccio se inscribe en este orden, pero el otro juez de Faltas, Osvaldo Alzugaray, no ha hecho lo propio en lo que respecta al bingo Montparnasse, de Eduardo López -presidente del club Newell's Old Boys. Si bien esta sala cerró sus puertas por decisión de su dueño -anticipándose a la medida judicial-, no se ha hecho operativa la clausura emanada del tribunal interviniente.

Fuentes de gobierno adelantaron a El Litoral que la Fiscalía de Estado de la provincia presentará mañana, ante el juzgado de Alzugaray, un escrito en el que intentará apresurar los pasos del magistrado. En el mismo documento, rechazarán por improcedentes las exigencias del juez para avanzar con la medida, como -por ejemplo- que se acompañe una copia certificada de la decisión de la Corte nacional, para comprobar si esa decisión está "firme y ejecutoriada" y no puede ser objeto de un nuevo recurso.

A través de su órgano jurídico, el gobierno alegará que tales reclamos están fuera de toda razonabilidad y que la provincia actúa como denunciante de un ilícito, cuya comisión compete al magistrado verificar e interrumpir.

Días atrás, la Cámara de Diputados de Santa Fe también se expidió, a través de sus principales referentes, en el sentido de reclamar el cierre de los bingos ilegales. En un documento firmado por todos los jefes de bancada, tras reunirse con el ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, instaron a actuar con "celeridad", tanto en el plano administrativo como en el judicial.

Rosario (C).- Otro bingo que funciona en la zona oeste de Rosario dejó de funcionar el sábado. La jueza de Faltas, Liliana Puccio, ordenó un allanamiento que significó la clausura de la casa de juego de calle Mendoza 3538, que funcionaba mediante la explotación del club Atlético Huracán y de una sociedad denominada Cauca SRL.

Según fuentes policiales, efectivos de las secciones Leyes Especiales y de la comisaría 6a. llevaron adelante la medida judicial, mientras rodaban los bolilleros y unas 150 personas completaban los cupones. Los empleados, la mayoría muy jóvenes, fueron trasladados a la seccional, donde debieron prestar declaración. Eran cien personas que hoy deberán buscarse nuevo empleo.

La policía inhabilitó las máquinas mecánicas utilizadas como bolilleros e inventarió los bienes del bingo. Los objetos de difícil traslado quedaron, sellados y lacrados, en las instalaciones clausuradas.

La clausura de los bingos genera, más allá de la irrevocable legalidad de las determinaciones judiciales, un inquietante problema de empleo para las 300 familias que dependen de estos emprendimientos ilícitos, según advirtió el viernes pasado el secretario de Estado de Trabajo provincial, Oscar Ercoli.

El sábado a la noche, cuando se hacía el allanamiento del bingo Mendoza, un hombre de 52 años, padre de una de las empleadas de la casa de juegos, sufrió un ataque cardíaco que obligó a su hospitalización.