El juez en lo Penal de Tostado, Eladio García, fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe por empresarios italianos que aseguran haber sufrido serios daños y perjuicios patrimoniales por causa de su desempeño.

Luciano Paiusco, director de la firma Arizona SA, expresó en un escrito presentado esta semana ante el máximo tribunal que "se dispuso sobre nuestros bienes, violando nuestro derecho de propiedad".

El italiano -cuya empresa se dedica a la exportación agraria- explicó a El Litoral que arrendó un campo ubicado en Colonia La Delia, a unos 12 km de la ciudad de Tostado, donde sembraron sorgo.

"El 11 de julio, mientras me encontraba en Buenos Aires, un contratista -que había recibido expresas instrucciones de no trillar- ingresó sin autorización en el campo para levantar la cosecha, pese a que había quedado cerrado con candado.

"Cuando una persona de nuestra confianza se enteró, nos avisó en seguida. Incluso el dueño del campo intentó impedir -en vano- al contratista que siguiera cosechando y llamó a la policía.

"Volvimos inmediatamente de Buenos Aires y nos presentamos en el campo con un escribano, para constatar lo que estaba ocurriendo.

Paiusco manifestó sorprendido que, "al preguntar al trillador por qué había continuado con las tareas pese a la orden que le habíamos dado, nos dijo que tenía autorización de la Justicia de Tostado", aunque señaló que "no nos exhibieron ninguna orden judicial. Dispusieron de nuestros bienes, violando nuestro derecho de propiedad".

Agregó que, concluida la cosecha, el encargado de la trilla se llevó el sorgo "sin que siquiera se haya dispuesto ningún control para determinar lo que se llevaban".

Paiusco relató que, sorprendido por la respuesta del contratista, concurrió hasta la comisaría del lugar para averiguar lo que estaba ocurriendo, donde le informaron que el trillador había realizado una denuncia por estafa contra uno de los propietarios del campo, a raíz de lo cual el juez había ordenado continuar con las tareas, constituyendo como depositario al mismo contratista.

El empresario italiano radicó entonces una denuncia por el presunto delito de hurto en el que habrían incurrido el contratista y las demás personas que habían ingresado al campo sin autorización para llevarse la cosecha.

Según su relato, la policía le notificaría más tarde una orden impartida por el juez en lo Penal de Tostado, Eladio García, para que el contratista continuara con la trilla y Paiusco se abstuviera de entorpecer los trabajos.

Luciano Paiusco insiste en que "nos causaron graves perjuicios al permitir cosechar al contratista, y no sólo por la apropiación indebida de la cosecha y la destrucción del suelo, ya que es muy probable que no podamos volver a sembrar en seguida, lo que supone también un lucro cesante.

"También nos afecta en lo que respecta a una denuncia que radicamos contra un semillero -presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación- que nos proveyó sorgo de muy mala calidad.

"Justamente, el terreno que cosecharon era el último lote que restaba de esa semilla, la que iba a ser utilizada como prueba. Habíamos paralizado la cosecha a la espera de que, a la semana siguiente, viniera gente del Ministerio para extraer una muestra".

Aclaró que era necesario que el sorgo aún estuviera plantado, para poder ver su desarrollo y comprobar así la degeneración genética del cereal.

"A nosotros nos sorprendió mucho todo esto", señaló Paiusco, cuestionando que "tardaron casi un mes en permitirnos ver el expediente en tribunales".

"Queremos que la Justicia averigüe todos los hechos y que se haga responsable a alguien por los daños y perjuicios ocasionados", concluyó.