Las instituciones reclaman la no inclusión en el texto del proyecto de ley de indicadores de preferencia para la adjudicación de tierras, tales como: años de residencia en el lugar, compromiso de realizar un proyecto productivo, y que se trate de familias que no posean otros inmuebles de igual naturaleza, lo que dejará en situación de desventaja a aquellas familias que hoy tienen una propuesta productiva en marcha y que carecen de recursos suficientes para competir en la licitación.
Puntualizan lo excluyente que resultaría la ley al otorgar tan sólo un año de plazo para el pago sin prever años de gracia, como habían solicitado en reiteradas oportunidades las organizaciones de productores. "El planteo actual resulta inadecuado para la mayoría de los actuales ocupantes", aseguran.
Manifiestan su desacuerdo con la mayoría de los criterios que se ponen para el destino que se le pretende dar a los fondos que se recauden por la venta de los mismos, porque le quitaría la función social que tiene la tierra.
Señalan que se excluyen del beneficio de la cesión gratuita, dos lotes productivos de uso compartido ocupados desde hace 14 años por varias familias, como son el 176 en La Gallareta y el 128 en Toba.
Advierten el proyecto de ley no considera la remensura de los lotes con superficies mayores a las 600 hectáreas, actualmente ocupados por una sola familia, imposibilitando de esta manera el acceso a la tierra a otras familias con méritos alcanzados.
