En la última década la Argentina asistió a un explosivo crecimiento de la demanda y la oferta de la enseñanza superior. De los 274.634 alumnos que en 1970 estudiaban en 38 universidades nacionales y privadas, y 215 institutos terciarios, treinta años después la población estudiantil se multiplicó por cinco: pasó a 1.510.000 alumnos, que se forman en 91 universidades públicas y privadas y 1.726 institutos de educación superior no universitaria (969 profesorados y 757 de formación técnica) extendidos en todo el país.

Pese al vertiginoso crecimiento, que no fue acompañado por el incremento de los recursos en una misma proporción, aún queda mucho camino por avanzar en la cobertura del sistema de educación superior en el país. Según proyecciones del Indec, las universidades y los institutos de enseñanza superior no universitaria sólo reúnen el 30% de la población de 18 a 24 años. De acuerdo con esa estadística recogida en un reciente informe de la Secretaría de Educación Superior, hay en el país 4.680.055 jóvenes comprendidos en esa franja de edad, por lo que unos 3.170.055 permanecen afuera del sistema.

Las estimaciones del Indec señalan que la tasa de crecimiento del grupo que conforma la población menor de 24 años aumentará en los próximos años a un ritmo del 1% anual. Ello indica que sólo por resultado del efecto vegetativo, el sistema educativo recibirá unos 91.000 nuevos alumnos cada año.

A ello debe sumarse la paulatina incorporación de jóvenes al nivel superior de la enseñanza, a medida que avancen las acciones encaradas en los niveles primario y secundario para combatir la deserción escolar.

Este panorama, sumado al crecimiento que viene teniendo la enseñanza secundaria a partir de la extensión de la obligatoriedad escolar, lleva al Estado y a las propias instituciones de educación superior a pensar estrategias razonables que permitan encauzar y atender eficientemente la creciente demanda por el ingreso universitario, sin renunciar a los niveles de calidad.

Actualmente, del millón y medio de estudiantes, el 74% se forma en las universidades nacionales y privadas y el 26% concurre a los institutos de formación docente y formación técnica profesional. Según cálculos de la UBA, el gasto por cada estudiante universitario asciende a $1.887 por año, en tanto el monto se eleva a $2.555 en los institutos terciarios.

En un documento elaborado por la UBA, se estima que la población que hoy concurre a los institutos de educación superior (universidades y terciarios) podría duplicarse en diez años. Así, en 2010, la enseñanza superior tendría una cobertura del 60% de la población correspondiente a su franja de edad específica (18 a 24 años).

En el último año el gobierno argentino dio señales de querer avanzar en esa dirección con la propuesta de articulación entre institutos terciarios y las universidades nacionales y privadas. Ello habilitaría a los citados institutos a dictar los primeros tramos de las carreras de grado, con certificaciones y títulos intermedios, y contribuiría a descomprimir, en parte, la excesiva matrícula que hoy se concentra en los dos primeros años de las universidades.

De cumplirse las proyecciones oficiales, en 2010 el 40% de la población que estudia en la enseñanza superior lo haría en las universidades, mientras las otras instituciones del sistema absorberían el 60% restante.

En el último año avanzó en el sistema universitario la percepción de que la articulación entre la educación universitaria y la terciaria favorecería la ampliación de la cobertura y el crecimiento de la matrícula. A partir de una variada y flexible oferta de formación se facilitaría la circulación de los alumnos, con mecanismos de acreditación total o parcial de los estudios realizados y se contribuiría a la racionalización en la asignación y el uso de los recursos.

Pero también hay conciencia de que la articulación no es un camino fácil. Se debe acordar la instrumentación de un sistema de créditos por el cual se daría un determinado puntaje a cada asignatura, según su plan de estudios y la universidad correspondiente, además de superar algunas diferencias que hoy caracterizan a cada parte del sistema.

Al defender la integración de los institutos terciarios con las universidades, el Dr. Hugo Juri, ex ministro de Educación y actual presidente de la Comisión de Mejoramiento de la Enseñanza Superior, estimó que este mecanismo de articulación tendría también un sentido social, ya que ayudaría a evitar el tradicional éxodo de jóvenes que se registra en muchas poblaciones del interior en busca de una ciudad con mayores ofertas de carreras.

En octubre del año 2000, la Dirección Nacional de Juventud advirtió que en la Argentina hay 1.250.841 jóvenes que no estudian ni trabajan. La cifra, tomada a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, representa el 13,2% de la franja de 15 a 29 años, lo que traslada el problema de la exclusión social a una edad en la que la capacidad intelectual y la fuerza laboral tendrían que brillar en todo su potencial.

La articulación, a partir del funcionamiento de colegios universitarios o la puesta en marcha de un sistema de créditos, permitiría a los jóvenes cursar los dos primeros años de las carreras universitarias en sus ciudades de origen y emigrar sólo durante los dos años finales, si desean continuar sus estudios en otra institución. Según estimaciones del Indec, el costo que cada familia invierte para solventar el traslado de un hijo para estudiar en la universidad asciende a $ 6.000 por año.(IIPE-Unesco).

Las preferencias de la población en torno del sistema de ingreso irrestricto están divididas, aunque prevalece un leve rechazo a esa modalidad de admisión. Así lo reflejó una encuesta de Gallup Argentina, sobre 1.234 casos de 26 localidades del país: el 49% se pronunció en contra del ingreso sin exámenes en la universidad; el 37% se mostró a favor y el 14% -algo más que la diferencia entre ambos pronunciamientos- no quiso responder. La muestra, que tuvo alcance nacional, indicaba que a medida que iba aumentando la edad de los consultados, crecía el rechazo al ingreso irrestricto.

De las 91 universidades e institutos universitarios, más de la tercera parte se creó en la última década. Entre todas ofrecen alrededor de 1.100 títulos y diplomas de grado con una creciente expansión de los estudios de posgrado. Hay 950.000 alumnos en universidades públicas y 170.000 en las privadas. Existen en total 107.061 cargos docentes.

En el nivel superior no universitario, hay 1.664 unidades educativas. Se ofrecen 3.500 carreras que otorgan 1.638 títulos. Un 50% de su oferta corresponde a la formación de docentes (881), un 30% a la formación de técnicos profesionales (669) y un 20% a ambas (88). Estudian en este nivel 390.000 alumnos. Los cargos docentes ascienden a 12.938.

La participación de la enseñanza superior en la inversión educativa pasó del 25% al 20% en menos de diez años. El pacto federal educativo impulsaba en 1994 la necesidad de alcanzar un 6% del PBI como contribución del Estado al financiamiento de la educación, correspondiendo un 1,2% a la formación superior. Luego de seis años, sólo se alcanzó el 4,5% en el total y alrededor del 0.9% en el nivel superior. El monto total asciende hoy a $ 2.400 millones ($1.800 millones para las universidades y $600 millones para los institutos terciarios).