En diciembre de 1901, el Congreso de la Nación sancionaba la ley N° 4.031 del Servicio Militar Obligatorio que, con algunas variantes, se mantuvo vigente durante más de 90 años. La mencionada ley se debe a la inspiración del entonces ministro de Guerra, coronel Pablo Ricchieri, hijo de un modesto cabo italiano.

La norma contó con el decidido apoyo de los generales Nicolás Levalle y Luis María Campos, y vino a reemplazar y perfeccionar la antigua estructura integrada por voluntarios y una guardia nacional. De modo que el actual sistema de voluntarios, establecido durante la presidencia de Carlos S. Menem, implica en los hechos un retroceso y la vuelta a un esquema que, ya a principios del siglo XX, era obsoleto e ineficaz.

El artículo 21 de la Constitución Nacional vigente establece que "todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía". Del mismo texto constitucional surge, entonces, que se trata de un servicio y que es obligatorio.

En Francia, a partir de 1789, el concepto de "Ejército de ciudadanos" reemplazó al criterio de tropas mercenarias empleadas por la monarquía borbónica. La República Francesa impuso la idea del servicio militar como "deber cívico", idea receptada por nuestra Carta Magna.

La implantación del Servicio Militar Obligatorio en nuestro país representó un significativo avance en la organización de la Defensa Nacional, tomado este término en sus múltiples aspectos:

Este sistema, que si bien puede ser perfeccionado arrojó resultados positivos durante casi un siglo, fue dejado de lado abruptamente y por motivos exclusivamente políticos.

Luego del gobierno de facto entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas sufrieron una constante campaña de desprestigio. Se responsabilizó a la institución por los errores y faltas de quienes en su momento tuvieron la responsabilidad política de conducirlas. Se la pintó como si fuera una banda de sádicos y criminales, desalentando a los ciudadanos a formar en sus filas.

Esta campaña de desgaste preparó el terreno, y las necesidades electorales para la reelección presidencial de 1995 hicieron el resto. El llamado "caso Carrasco" fue simplemente el pretexto. Los jóvenes de 18 años que votaban por primera vez en 1995 iban a dar su sufragio al presidente que los "salvaba" del Servicio Militar. Votos son votos. Especialmente en tiempos electorales. Algo que Menem, Corach y Kohan conocían muy bien.

Pasadas aquellas elecciones de 1995, y también las de 1999, la Argentina se hunde en la crisis de su decadencia, en el fracaso del modelo liberal. Un modelo que no quería Fuerzas Armadas, sencillamente porque renunció a la Defensa Nacional. Y es que, además de la famosa coyuntura electoral de Menem, la idea pasaba por anular a las FF.AA.

Pero he aquí que muchas madres hacen llamados telefónicos a los medios de difusión pidiendo que se vuelva al Servicio Militar Obligatorio. Los argumentos pasan por la necesidad de sacar a los jóvenes de la droga y la violencia, por enseñarles respeto e inculcarles las virtudes del orden y de la disciplina.

Algo similar ha planteado recientemente el ex presidente Raúl Alfonsín, manifestándose públicamente a favor de reimplantar el Servicio Militar Obligatorio, elogiándolo a partir de recordar su paso por el Liceo Militar, donde comprobó que al soldado se lo educa y se lo forma para la vida.

Nadie puede sospechar que Alfonsín sostenga ideas autoritarias o militaristas. Pero, evidentemente, el veterano caudillo radical advierte los resultados perniciosos de haber suprimido a la ligera, irreflexivamente, un sistema de probada eficacia.

La experiencia y la necesidad enseñan que debe reimplantarse el Servicio Militar Obligatorio, perfeccionándolo en algunos aspectos. La edad de incorporación de los ciudadanos debe volver a ser la de 20 años; el tiempo de duración puede reducirse a 4 meses, lo que permitiría 3 incorporaciones anuales; se hace necesario implementar la capacitación permanente de la reserva.

El actual sistema de soldados voluntarios a sueldo es imperfecto y costoso. El presupuesto de Defensa es mínimo e insuficiente. Una nación de gran extensión territorial y 37 millones de habitantes necesita contar con un mínimo de 200.000 ciudadanos bajo bandera, algo impracticable con voluntarios a sueldo.

Para cumplir su misión constitucional, las FF.AA. necesitan retomar las actividades de Fabricaciones Militares, Industrias Aeronáuticas y Astilleros Navales, que crean fuentes de trabajo y generan recursos para el autofinanciamiento.

En la emergencia, un impuesto para la Defensa, aplicable a las empresas "privatizadas" en manos extranjeras, que obtuvieron una ganancia extra de 3.000 millones de dólares gracias a exenciones otorgadas por Cavallo en la década pasada, permitiría reconstruir adecuadamente nuestro desmantelado sistema de Defensa Nacional, capaz de recibir e instruir a los ciudadanos en cumplimiento del deber que impone el Art. 21 de la Constitución Nacional.