El gobierno de Tokio seguirá defendiendo como a un japonés más al ex presidente Alberto Fujimori, un año después de su llegada a este país y a la espera de que los procesos judiciales abiertos en Perú terminen y haya pruebas firmes en su contra.

El 17 de noviembre del pasado año, Alberto Fujimori llegaba por sorpresa al aeropuerto de Tokio-Narita como presidente de Perú procedente de Brunei, en una escala técnica que se convirtió en un inesperado auto-exilio.

La llegada de Fujimori a Japón estuvo cargada de incógnitas, alimentadas por la actuación del mandatario, que se recluyó en la habitación del hotel New Otani, frente al palacio de Akasaka, sin mediar declaraciones.

Desde el piso 14 de ese hotel Fujimori envió un fax a Lima con su renuncia al cargo, en medio del escándalo de los videos de Vladimiro Montesinos que puso al descubierto la corrupción rampante de su gobierno.

El Congreso peruano, sorprendido por la forma y procedencia de la renuncia, la rechazó y declaró a Fujimori "incompetente moral" para ser jefe del Estado, incapacitándolo para ejercer cualquier cargo público en Perú.

Seis días después de llegar, y sin apenas compañía, el depuesto mandatario salió sigilosamente del hotel a casa de la escritora Ayako Sono, que le prestó una de sus moradas hasta que en marzo un anónimo benefactor puso a su disposición el lujoso apartamento del barrio de Akasaka en el que vive hoy.

Una nueva conmoción se produjo el 12 de diciembre cuando Japón confirmó que Fujimori era japonés, en una decisión que para las autoridades no estuvo motivada políticamente, y anunció que no lo extraditaría por no existir ningún acuerdo al respecto con Perú.

Japón se desentendió enseguida de los ataques que lanzaron contra Fujimori políticos y los gobiernos peruanos que le sucedieron, el de Valentín Paniagua primero y el de Alejandro Toledo después, que pidieron su inmediata extradición.

Pero la falta de evidencias firmes y de procesos judiciales más avanzados ha impedido la cooperación nipona en un caso que para la Cancillería no afecta a un peruano, sino a un ciudadano japonés que tiene dos nacionalidades.

Esta situación ha permitido a Fujimori vivir en completa libertad con el respaldo de amigos japoneses, recluido en su mansión desde la que rebate a través de Internet las acusaciones de jueces y rivales políticos.

Pese a la tensión diplomática que el caso suscitó en un principio, las relaciones de Tokio y Lima no han sufrido cambio sustancial alguno en estos doce meses, aseguró a EFE Noriteru Fukushima, director de la Primera División para Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería.

Japón se opone a entregar a Fujimori amparándose en sus leyes, contrarias a la extradición, e invoca que está obligado a protegerlo porque es japonés.

"Nunca hemos dado un tratamiento especial a Fujimori. Nunca le dimos ningún privilegio", dijo Fukushima, quien recordó que los únicos documentos que Perú ha dado a Japón son tres exhortos judiciales de los cuales dos fueron contestados.

Los medios de comunicación japoneses apenas informan ya de cuestiones relacionadas con la presencia de Fujimori en Japón, lo que ha fomentado el olvido de la opinión pública.

Según fuentes periodísticas, Fujimori escribe sus memorias y de vez en cuando se reúne con influyentes políticos conservadores que no olvidan que gracias a su decisión se salvaron todos los rehenes japoneses secuestrados por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la casa del embajador de Lima, entre 1996 y 1997.

"Hay gente poderosa que da dinero a Fujimori", manifestó el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Tokio, Kazuo Ohgushi, quien considera que la presente situación sólo se desbloqueará si Estados Unidos y Europa se interesan en el caso y presionan a Japón.

Para Ohgushi, la estrategia de Lima de "proyectar su sentido común hacia otro país" ha fracasado porque las diferencias de percepción y cultura jurídica entre Japón y Perú son abismales.

"Tendrían que contratar a abogados japoneses. Las autoridades peruanas desconocen las prácticas de las decisiones judiciales en Japón", añadió el catedrático, muy crítico con la aparición en la prensa peruana de frecuentes comentarios "disparatados" de expertos analizando el caso.

Ohgushi opinó que la negativa japonesa a la extradición deja como última alternativa un juicio en Japón, que exigiría al gobierno de Perú muchos más recursos para sustentar el caso y presentar evidencias más firmes que las aparecidas en este último año.