El paro anunciado por las dos CGT para el jueves amenaza con ser masivo. A nivel nacional y provincial la huelga fue confirmada y, además, se plantea la posibilidad de profundizar las medidas de protesta en contra de las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Fernando De la Rúa.

Esta mañana, el titular de la CGT disidente local, Jorge Kiener, ratificó el paro y presentó un documento en el que responsabiliza de la situación actual a quienes gobernaron la Argentina durante los últimos años, incluyendo al menemismo, a la Alianza y a los gobernadores de las provincias que "apoyaron este modelo".

El sindicalista consideró que "no puede haber concertación patriótica si no hay reconocimiento de culpa de todos estos sectores, tanto a nivel nacional como provincial".

Frente a esta realidad reclamó "un ejemplo de la clase política" y pidió "que reduzca sus gastos en un 60 ó 70%".

También sostuvo que "una devaluación sería catastrófica para los trabajadores" y reconoció que "hay que salir de la convertibilidad pero de la forma menos dolorosa posible, aunque sabemos que no habrá forma de evitar los perjuicios de esta política llevada adelante durante los últimos años".

Por su parte, la CGT que lidera Alberto Maguid resolvió también "acatar el paro total de actividades dispuesto por nuestras centrales obreras, para exigir el cambio de las recientes medidas económicas y un urgente, serio y responsable acuerdo nacional para generar políticas de crecimiento y desarrollo que nos permitan salir de la crisis y garanticen al pueblo argentino un futuro con dignidad y justicia social". En la provincia, la protesta será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Ambas CGT resolvieron no realizar ningún tipo de manifestación pública.

A nivel nacional, las centrales sindicales analizarán la posible profundización de las medidas de fuerza, por lo que no se descarta una nueva huelga durante diciembre.

El líder de la CGT oficial, Rodolfo Daer, adelantó que en las próximas horas se reunirá con Moyano en la Mesa de Enlace para decidir los pasos a seguir, y la posibilidad de profundizar la "lucha" contra el gobierno por las últimas medidas del ministro Domingo Cavallo.

Un calificado vocero del sector "dialoguista" reveló que el consejo directivo analizó la implementación de "un paro de 48 horas" que se concretaría "antes del 20 de diciembre".

Daer enfatizó, por su parte, que la gente tiene "el derecho y la obligación de protestar y reclamar la libre disponibilidad de los salarios, su intangibilidad", en alusión a las medidas que restringen el acceso del sueldo en efectivo.

"Nos vamos a reunir con Moyano para elaborar los planes inmediatos de este plan de lucha, que tiene que expresarse en protesta nacional en los futuros días siguientes al 13" de diciembre, cuando se realice el paro del que participará también la CTA, anticipó.

Moyano y Daer coincidieron, además, en cuestionar con igual dureza a Cavallo.

"Todo lo que toca lo destruye", sentenció Daer, mientras el camionero consideró que el ministro es "un despedido más" tras regresar de Washington, adonde viajó para negociar con el FMI.

Sucede que para Moyano, que Cavallo tenga que dar marcha atrás con sus propias medidas, es como si el Fondo le estuviera diciendo: "Usted ya no nos sirve más".

El sindicalista alimenticio le endilgó a Cavallo ser "el responsable de haber permitido la fuga de capitales golondrinas y especuladores" en la Argentina, y opinó que el ministro de Economía "cargó sobre los sectores medios congelando sus depósitos que es el resultado de su esfuerzo y sacrificio".

El jefe de la CGT rebelde ironizó, a su vez, sobre la frase de De la Rúa acerca de que vive apagando incendios, al pedirle al presidente que "se fije bien porque le debe faltar presión en la manguera", ya que el país, dijo, está "en llamas".

Moyano volvió a solicitar al jefe del Estado una "actitud de grandeza" para que dé un paso al costado "si no está en condiciones" de resolver los problemas, tras lo cual señaló que si no cuenta con ese gesto "seguirá intentando apagar incendios aunque le hayan pinchado la manguera".

La dirigencia gremial en pleno se pronunció a favor de la medida de fuerza. En la provincia, la CGT oficial nuclea a gremios tan importantes como UPCN, Atsa, Empleados de Comercio, trabajadores de correos, empleados telefónicos, Luz y Fuerza, Sindicato de la Carne, Gastronómicos, la Uocra, los docentes de UDA y remiseros, entre otros.

UPCN informó que se mantendrán las guardias mínimas en hospitales públicos y

comedores escolares.

Por su parte, la CGT disidente reúne a sindicatos como la Unión Tranviaria Automotor, municipales, judiciales, bancarios, camioneros, cerveceros, trabajadores del papel y el cartón, empleados legislativos, de la DGI, Ansés, Pami, etc.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe (Atsa), resolvió no asistir a los lugares de trabajo, reclamar el pago de los salarios de todos los trabajadores de la sanidad de la provincia que todavía no percibieron la totalidad de sus acreencias, repudiar las medidas económicas, rechazar cualquier nuevo ajuste que se relacione con la salud, la educación, los planes sociales, la seguridad social en general, mantener guardias mínimas de enfermería únicamente, de conformidad con la legislación vigente. "En establecimientos que cuenten con personal jerárquico las guardias deberán ser realizadas por dicho personal y será responsabilidad de la patronal el traslado a su trabajo de aquellos a quienes corresponda cubrirlas", remarcó el gremio.

La medida incluirá a droguerías, laboratorios, consultorios particulares, geriátricos, sanatorios, clínicas e institutos sin internación, hospitales, mutuales y servicios de emergencia de la provincia.

Entre el próximo viernes y el lunes 17 -inclusive- se desarrollará la consulta popular por un seguro de empleo y formación de $380 para jefes y jefas de hogar desocupados, y una asignación universal por hijo menor de 18 años de $60 para todos los trabajadores, además de una asignación de $150 para todos los mayores de 65 años que carezcan de cobertura previsional.

Esta mañana, en la sede que tiene Apyme en 25 de Mayo al 2200, los integrantes de la junta promotora del Frente Nacional contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción convocaron a la prensa para ofrecer detalles de la consulta que se va a desarrollar en todo el territorio nacional. En Santa Fe se hará en las cabeceras departamentales y también en localidades del interior.

En oficinas públicas, hospitales, comercios que adhieran, plazas y todo centro de concentración urbana serán colocadas las respectivas urnas para que la gente deposite su adhesión a la propuesta. Habrá también urnas volantes.

Así lo informaron dirigentes sindicales, integrantes de Apyme, agrupaciones políticas que componen el frente, movimientos de desocupados y los concejales Marta Fassino y Juan Carlos Bettanín.

Alberto Mullor, titular de CTA, expuso, en primer lugar que en esto "no hay interés sectorial" y consideró que la propuesta se apoya básicamente en el 20% de desempleo que se registra en nuestro país. "Trabajo hay, lo que se necesita es gente que lo pague", siguió el gremialista y adelantó que los fondos para que este seguro se materialice van a salir de las AFJP, las empresas de peaje y los fondos sociales que no llegan a sus reales beneficiarios, entre otros conceptos.

Para concretar esta propuesta "se pueden movilizar -confió- 11.000 millones de pesos".

Por su parte, la concejala socialista Marta Fassino se mostró contrariada con el Ejecutivo municipal, que no autorizó la colocación de una urna en el hall del edificio de calle Salta, debido a que desde el jueves próximo se producen vencimientos impositivos. Esta situación -interpreta el DEM- va a generar una importante concurrencia de contribuyentes a ese sector.

Esto, no obstante haber sido declarada de interés municipal la consulta.

Sí se va a instalar una urna en el hall del Concejo y otra en el anexo de calle 4 de Enero.