Miguel Angel Romero y Claudio Sebastián Muga fueron procesados como autor y partícipe principal, respectivamente, del incendio de una unidad de la Línea 4 que derivó en la muerte de Cristian Roberto Miño y gravísimas quemaduras en Mario Ernesto Guillerón.

El juez de Instrucción de la Octava Nominación, Roberto Prieu Mántaras, responsabilizó a ambos imputados por el delito de incendio agravado, ya que de dicho episodio derivaron la muerte de un joven, a la vez que se puso en peligro la vida de otro.

El hecho que provocó la investigación judicial se produjo en la noche del 27 al 28 de octubre, cuando dos malvivientes tomaron el control de un colectivo de la Línea 4 que circulaba rumbo al sur por la avenida Aristóbulo del Valle, a la altura de Domingo Silva.

Mientras uno de los sujetos amenazaba al conductor con un arma de fuego, el otro desparramó combustible a lo largo del pasillo del vehículo para luego prenderle fuego.

El colectivo ardió y los pasajeros que allí se encontraban sufrieron quemaduras de distinta consideración.

La resolución judicial expresa que "si bien ambos imputados niegan toda participación en el hecho, tales negativas se encuentran desvirtuadas con las pruebas de la causa, las que valoradas permiten arribar a la probabilidad necesaria que exige un pronunciamiento de esta naturaleza".

Prieu Mántaras estima que fue Miguel Angel Romero quien amenazó al colectivero con un arma de fuego mientras su compañero rociaba la unidad de combustible y le prendía fuego. Ello, de acuerdo a pruebas tales como testimonios, reconocimientos en rueda de personas, secuestro de una remera en el domicilio de Romero y reconocimientos de tal prenda por parte de los testigos.

El magistrado estimó que el hallazgo y reconocimiento de la remera secuestrada "tiene gran peso como elemento de cargo", ya que uno de los pasajeros que esa noche viajaba en la 4 describió que el hombre que amenazó al chofer vestía una remera de color negro gastado con el logo "Next" en la parte de la espalda. Esas mismas características tenía la prenda secuestrada en el domicilio de Romero, por orden judicial, dos días después de que el testigo declarara en sede policial.

Según destaca el instructor, el hallazgo de la remera se produjo "cuando nadie conocía aún que éste tenía una remera como la secuestrada, debiendo tenerse en cuenta que dicha vestimenta presenta características que la hacen poco frecuente y a la vez inconfundible".

Por otra parte, la descripción que el chofer del colectivo realizó sobre quien lo amenazó, coincide plenamente con las características físicas de Romero. Y lo reconoció en rueda de personas, señalando que el detenido "es parecido" a quien lo apuntó con un arma.

En cuanto a Muga, el juez sospecha que es uno de los sujetos que, a modo de apoyo, se encontraba dentro de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la esquina de Domingo Silva y Aristóbulo del Valle.

A su criterio, la presencia de dichos sujetos en el lugar se debía a "la evidente finalidad de cooperar, garantizándoles (a quienes habían subido al micro) un cierto margen de tranquilidad para actuar y para auxiliarlos en caso de que se presentara alguna eventualidad durante la ejecución de lo programado".

El auto de procesamiento alude a testimonios y reconocimientos que complican la situación de Muga, a los que calificó como "contundentes".

Una de las testigos refirió que unos cinco o seis hombres que estaban cerca del automóvil mencionado "miraban cómo un muchacho se estaba quemando, sin hacer nada para ayudarlo, ante lo cual los insultó". Agrega la declarante que uno de ellos, que estaba al lado del conductor, la miró hacia el rostro, destacando luego que "reconocería a ese sujeto ya que le quedó grabado el rostro", cosa que haría más tarde, tanto en sede policial como judicial.

Además de las pruebas citadas, Prieu Mántaras destaca la "vinculación previa" existente entre Romero y Muga. "Los dos son empleados de la Empresa de Transportes Servitur y realizan en dicha empresa idénticas tareas, de lo que se desprende, más allá de lo que ellos manifiestan, una relación estrecha".

Agrega que ambos, a su vez, mantienen relación "con el encargado de la empresa en la cual trabajan, el hoy prófugo en esta causa, Diego Tibaldi".

Recuerda el magistrado que "este hecho se enmarca dentro de un conflicto que afecta al transporte de pasajeros de esta ciudad y más precisamente al subsistema de colectivos".

"Esta circunstancia nos está marcando una de las cuestiones que más trascendencia tiene para la reconstrucción histórica de lo sucedido: el motivo del atentado", insistiendo en que "ambos imputados son trabajadores de una de las empresas involucradas en el conflicto".