El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que entrará en vigencia el próximo sábado y que de arranque representa un ajuste del 30 por ciento al capital en pesos de las deudas contraídas en dólares, podría ser derogado, según opinan distintos actores económicos en un informe que publica hoy La Nación.

La Cámara de Diputados postergó hasta la semana próxima el debate sobre una posible prórroga de 30 a 90 días para la entrada en vigencia del CER. Los diputados también plantean sancionar otra alternativa al coeficiente actual, en especial para los pequeños deudores. Otros legisladores pretenden fijar un límite en pesos, mientras un grupo minoritario aspira a eliminarlo.

El mecanismo indexatorio fue creado por el equipo de Remes Lenicov e intenta compensar las pérdidas por poder adquisitivo de los acreedores, cuyos créditos en dólares fueron pesificados. Se lo elaboró cuando la previsión de inflación en el presupuesto era de un 15 % anual. Ya hoy la inflación supera el 30 % sin contar los últimos aumentos en las carnes y la posible suba de los servicios públicos privatizados.

El mecanismo indexatorio entrará formalmente en vigencia el sábado para las deudas de empresas, los préstamos hipotecarios que no son para vivienda única y familiar, los prendarios mayores de 30 mil dólares, los personales mayores de 12 mil dólares y los alquileres que no tienen por destino la vivienda única y familiar.

De todos modos, en la práctica, los afectados tendrán algunas semanas más para buscar un acuerdo alternativo con su acreedor, ya que la indexación repercutirá sobre las cuotas que paguen desde fines de mes.

Según las estimaciones de la Unión Argentina de Inquilinos, la indexación llega a niveles irracionales, ya que un alquiler de 1.000 pesos pasaría a costar 1.267 pesos, cuando en el mercado el propietario debería en realidad bajar de 1.000 para poder alquilar. Algunos bancos ya dijeron que es inaplicable porque aumentaría demasiado la morosidad de sus carteras y eso los perjudicaría.

Ayer y hoy se desarrollaba la 28a. Asamblea Ordinaria del Cofedec (Consejo Federal del Consumidor), en el cual se iba a tratar el tema de la aplicación del CER, que afecta a todos los endeudados en dólares en el país.

Entre otras cosas, se pensaba abordar en particular el tema que afecta a los pequeños deudores que en Santa Fe vienen pagando el CER por compras de electrodomésticos y motos desde hace meses.

La senadora nacional Roxana Latorre, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores del Senado, asistió a la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor junto al secretario Hugo Setembrino.

El presidente de Unidevi (Unión Interprovincial de Defensa de la Vivienda de Mendoza), Edgardo Civit Evans, e integrante del Movimiento Nacional de Defensa del Patrimonio de los Argentinos (Mondepa), formuló duras críticas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a raíz del decreto 1.242, que indexa deudas aplicando el coeficiente de variación salarial, más los intereses que antes tenía el crédito.

Afirma Civit Evans que este nuevo decreto, lejos de cumplir con la Ley 25.561 de Emergencia Pública, que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas que impliquen indexar, actualizar, aplicar cláusulas de ajuste o de repotenciación de deudas, ratifica el famoso CER; e impone a los deudores condiciones que antes no existían en los contratos, para aplicarles el nuevo índice de variación salarial, C.V.S., agravando su situación ante los acreedores.

"El decreto 1.242 sólo tiene de positivo que prorroga la indexación hasta el mes de octubre de 2002; y que reconoce en favor de los deudores los pagos que hubieren realizado aplicando el CER, desde el mes de febrero a la fecha, debiendo considerar dichos pagos como cancelatorios de la parte proporcional del crédito; o total, si se hubiere cancelado el monto total adeudado".