para ajustar tarifas de luz y gas
El Ministerio de Economía exceptuó desde ayer a los entes de control del sector eléctrico y del gas de las restricciones que les impedía avanzar en cualquier tipo de negociación relacionada con el ajuste de tarifas.
Por medio de la resolución 487 publicada ayer en el Boletín Oficial, las autoridades del Palacio de Hacienda, decidieron liberar a los dos organismos reguladores de las limitaciones que les impusiera la resolución 38 del nueve de abril del 2002.
Cabe recordar que la mencionada normativa dispuso que todos los entes debían abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos.
Sin embargo, en el articulado de la resolución conocida ayer y firmada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se dispone exceptuar al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) de las restricciones previstas que regían desde abril.
También se deja en claro que los entes podrán actuar conforme a lo que establecen las leyes 24.065 y 24.076 de regulación de los sectores eléctricos y del gas para decidir respecto de las tarifas de los servicios públicos sometidos a su regulación y contralor.
Fuentes del sector admitieron que las presentaciones y pedidos de aumento tarifarios se concretarán en los próximos días, con lo cual el Enargas y el ENRE tendrán un plazo de 15 y 30 días, respectivamente, para decidir o no si convocan a una audiencia pública para tratar un ajuste en la tarifa.
Marchas y contramarchas
Según trascendió, en los primeros días de la próxima semana podrían conocerse las fechas en las cuales serían fijadas las audiencias, pese a que se estima que éstas podrían realizarse en la primera quincena de noviembre.
Con la decisión adoptada por Roberto Lavagna, Economía busca destrabar la posibilidad de realizar audiencias públicas pese a la prohibición cursada por la Justicia y proceder a recomponer la ecuación económica que presentan las empresas del sector de la electricidad y del gas, afectadas por el efecto devaluación.
Como se recordará, a fines de setiembre, la Justicia suspendió las audiencias públicas previstas para definir la actualización de tarifas.
La decisión fue adoptada oportunamente por la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal, quien hizo lugar a una medida cautelar pedida por la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, junto a otras entidades de consumidores (DyN).
