El reiterado anuncio sobre un control de los planes sociales por parte de organizaciones no gubernamentales (ONGs) -incluida Cáritas Argentina- parece haber quedado sólo en promesas, a pesar de las reiteradas sugerencias locales e internacionales para trasparentar el monitoreo de la ayuda oficial mediante la participación ciudadana.

Lo cierto es que hasta el momento poco es lo que se avanzó en este sentido, dado que -según aseguran en las entidades civiles- hay "mucho dinero en juego y todos quieren tener la vaca atada en tiempos electorales".

La propia ministra de Trabajo, Graciela Camaño, se opuso hace algunos días a contratar auditorias externas para supervisar la eficacia del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, alegando que estaba "debidamente controlado" por los estamentos gubernamentales respectivos. A pesar de un pedido explícito del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para que una agrupación de 53 ONGs se hiciera cargo de la tarea para "dar mayor transparencia a este subsidio" que, gracias a un préstamo de esas entidades crediticias, movilizará unos 600 millones de dólares.

Si bien se dio un paso importante al crear consejos consultivos para seguir de cerca la marcha de ese programa que hoy alcanza a más de 2 millones de personas, en ambientes eclesiásticos advierten que sus agentes sufren "demasiadas presiones" e incluso son "perseguidos"", hasta renunciar, por punteros barriales o provinciales "habituados a ejercer el clientelismo político".

A esto se suman las irregularidades que se tramitan en la Justicia, donde ya hay unas 300 causas por supuestos delitos contra los beneficiarios de este programa de emergencia, por ilícitos tales como "comisiones ilegales, prestaciones sexuales y exigencias para la concurrencia a cortes de ruta", según precisan en despachos tribunalicios.

No obstante, desde el organismo caritativo de la Iglesia "que participa con su gente en los espacios de contralor" se estima que "todavía puede revertirse esta tendencia, ya que el programa tiene mecanismos fusibles para sanear el sistema".

La entidad eclesial reconoce, sin embargo, que las dificultades no son pocas, principalmente por las "imperfecciones de origen", motivadas por la urgencia con la que debió implementarse el plan para evitar un posible estallido social al iniciarse la gestión del presidente Eduardo Duhalde.

El único avance auspicioso de las ONGs se dio hasta el momento en el sector salud, donde referentes laicos y comunitarios participan del monitoreo de los planes Remediar, Cuidarnos (tendiente a otorgar un seguro único materno infantil) y el destinado a la prescripción de medicamentos por su nombre genérico.

Hasta consiguieron que el ministro de Salud, Ginés González García, rubricara un acuerdo de cooperación para incluir estos programas como políticas de Estado sanitarias, con las consiguientes partidas presupuestarias para garantizarlos "por lo menos" hasta el 2004.

No sucede lo mismo con los programas para paliar el hambre, dado que los delegados eclesiásticos ponen muchos reparos para no ser utilizados políticamente, alguno de los cuales molestan en las esferas gubernamentales.

Según puso saber DyN, en Cáritas Argentina hay disposición a colaborar en el seguimiento de los planes alimentarios pero "siempre y cuando se cumplan algunas condiciones", aunque sin especificarlas en demasía.

"Hay que dejar en claro los alcances de cada programa, el grado de contralor a ejercer en cada caso y mejorar al máximo la transparencia antes de ponerse a hacer lo que el Estado hace mal, para no incurrir en los mismos errores", precisó un vocero vinculado a la comisión episcopal que preside monseñor Jorge Casaretto (San Isidro).

A pesar de las diferencias, las distintas ONGs -tanto civiles como eclesiásticas- trabajan a diario para limar asperezas y ponerse manos a la obra en el corto plazo, dado que "el hambre no espera y está a la vuelta de la esquina".

Sobre el particular, un portavoz oficioso reveló a esta agencia que ya hubo reuniones preliminares para encaminar "antes del 15 de marzo" una iniciativa en la que organizaciones solidarias y referentes eclesiales participarían en el contralor de un plan nutricional a gran escala.

La tarea recaería en la mesa social del Diálogo Argentino -que en esta segunda etapa la integran ONGs y representantes de distintas confesiones religiosas- que, además de supervisar su puesta en práctica, colaboraría en las tareas de rastrillaje para detectar los focos de desnutrición infantil y gestionaría donaciones para hacer frente a la emergencia.

Más allá de la certeza de que "urge hacerlo", los obispos tienen una visión superadora de la crisis, por lo que sostienen que esta función debería ser temporaria, ya que "los planes asistenciales son necesarios, pero acostumbrarse a ellos hace decaer la cultura del trabajo y finalmente pierde el trabajador".