La palabra fraude, de origen latino (fraus, fraudis), según el diccionario significa engaño, mala fe, y cuando nos encontramos con ella viene a nuestra memoria la elección de autoridades, particularmente del gobierno, ya que en el sector privado difícilmente tiene espacio o muy poco para actuar.

Horacio Sanguinetti dice que nuestra historia electoral cuenta con muchos años, ya que comienza en los tiempos de Irala y nunca fue muy limpia, y cita una época en que todas las provincias apelaban a fraude para elegir a sus gobernantes menos Catamarca, porque el presidente de la nación era oriundo de ella y había aportado de antemano todos los favores y prebendas que lo hacían innecesario.

Al fraude electoral en nuestro país lo podemos dividir en dos etapas: la primera, en la que imperan los más groseros y descarados métodos para realizarlo, cuando tienen especial protagonismo los caudillos y los matones a sueldo a punta de revólver; y la segunda, de guante blanco, que se vale de los recursos más sofisticados para lograr su objetivo.

El doctor Roque Sáenz Peña, ya en la presidencia de la Nación (1910-1914), se propone establecer mediante una ley las condiciones que se debían tener en cuenta antes, durante y después del acto electoral, tarea en la que venía bregando la Unión Cívica Radical, orientada por don Hipólito Yrigoyen, a través de conatos revolucionarios y oportunas abstenciones a la hora de votar. Esa ley debía instalar la pureza del padrón, al que llamaba "el alma de los comicios, exacto como una ecuación", y el voto secreto y obligatorio, "para evitar las servidumbres oficialistas, el poder de la fuerza y del dinero", y con ello "la redención del ciudadano".

Con la ley electoral del doctor Sáenz Peña, según Joaquín V. González el pueblo comienza a votar, porque hasta entonces no había votado nunca. Asimismo, permite el ingreso en el gobierno de una clase popular y nacional que desaloja a una oligarquía terrateniente enquistada en el poder al servicio de los monopolios extranjeros en perjuicio del progreso y los derechos del pueblo y la identidad de Nación. Por rara contradicción, el doctor Sáenz Peña pertenecía a esa clase.

Dentro de las seguridades que brindaba la ley nacieron los gobiernos de don Hipólito Yrigoyen (1916-1922), del doctor Marcelo T. de Alvear (1922-1928), el segundo de don Hipólito Yrigoyen, que duró escasamente dos años debido a un golpe militar, y con ello la quiebra de la legalidad constitucional durante setenta años sin interrupción.

Y como el Ave Fénix, que renace de sus propias cenizas, vuelve el fraude, que posibilita que "una minoría se convierta en una inmensa mayoría", ocupe el poder, como acontece con las presidencias del general Agustín P. Justo (1932-1938), del doctor Roberto M. Ortiz (1938-1940) y el doctor Ramón A. Castillo, que completa el período por fallecimiento del doctor Ortiz, hasta el año 1943, en que fue depuesto por un golpe militar de corte fascista corporativista, y con ello la ruptura del orden constitucional por segunda vez.

Durante los once años que estos gobernantes estuvieron en el poder, utilizaron el fraude para ganar las elecciones con el aporte de la viveza criolla, al que llamaron sin ningún rubor "Fraude patriótico": cambio de urnas por la noche en el correo; sistema del doble sobre; ciudadanos fallecidos que figuraban en el padrón y votaban; compra de libretas; fiscales que acompañaban hasta el cuarto oscuro al ciudadano y votaban por él; desaparición de boletas opositoras o tapadas con las oficialistas; la inefable "cadena", consistente en un sobre cerrado con el voto consabido en su interior llevado por un correligionario hasta el comicio para después regresar con el que le habían entregado vacío en la mesa, en condiciones de ser "recargado" y continuar así la cadena; el encierro de votantes en un corral la noche antes, después de haberles quitado la libreta para asegurar el voto, como ocurrió en la provincia de Salta. Y hasta hubo un caso en que un gobernador de provincia con fines electorales eligió una fecha, sin advertir que caía en Carnaval, por lo que no tuvo más remedio que adelantarlo por decreto.

En el año 1947, con la presidencia de Juan Domingo Perón, se termina la era del fraude por la pureza en que se llevaron a cabo las elecciones de ese año. Y así ocurrió con los gobiernos que le sucedieron, lo que contribuyó a que el ciudadano concurriera a las urnas a depositar su voto con la libertad y la seguridad requeridas.