El juez renunció a ejercer la presidencia de la Corte. Es considerado el "cerebro" de la mayoría automática. Pero parece dispuesto a resistir antes de renunciar al cargo, como lo hizo Julio Nazareno.
Buenos Aires (C).- Tal como lo señalamos en la víspera, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió avanzar con el proceso de juicio político a Eduardo Moliné O'Connor -quien renunció a desempeñarse como presidente del cuerpo pero no a su cargo en el máximo tribunal-, considerado el "cerebro" de la denominada "mayoría automática menemista" en la Corte suprema de Justicia de la Nación.
"No saquen el pie del acelerador", fue la sugerencia que el presidente Néstor Kirchner le transmitió telefónicamente el miércoles por la noche a Ricardo Falú (PJ-Tucumán). El oficialismo consolidó así la estrategia de avanzar "uno por uno" con los ministros de la Corte para renovar la integración del máximo tribunal.
Sin embargo, el detalle que convenció a la oposición sobre las intenciones del presidente fue el gesto de nominar a Eugenio Zaffaroni, nombre que aventó el fantasma de una "nueva corte adicta".
Ayer la comisión declaró admisibles cuatro causas y en la próxima reunión formularía cargos concretos. Los legisladores que la integran estiman que la acusación formal estaría lista a mediados de mes, ya que tres de las causas formaban parte de la acusación contra Nazareno.
En la esfera legislativa se descuenta que Moliné o Connor ofrecería una defensa más "resistente" que Nazareno. No sólo por su mayor consistencia jurídica (respecto del ex presidente riojano de la Corte), sino por sus vinculaciones con la sociedad porteña. El juez llegó al cargo de la mano de su cuñado y ex titular de la Side durante la gestión de Carlos Menem, Hugo Anzorregui.
En el seno de la comisión se barajó por algún momento la posibilidad de avanzar con la acusación de Guillermo López. Sin embargo, los legisladores terminaron por evaluar que la enfermedad que lo aqueja lo deja muy cerca de la posibilidad de renunciar al cargo, aunque se analiza con lupa la posibilidad de que el ministro haya manipulado algunos expedientes laborales.
Causas conocidas
La primera de las causas por las que se evaluará el juicio político a Moliné O'Connor es la que más concentra la atención de los diputados: el caso Meller. La mayoría automática de la Corte convalidó una maniobra por la cual la ex editora de las páginas amarillas cobraría $ 29 millones (la cifra actualizada roza los $ 400 millones) concedidos por la ex liquidadora de Entel, María Julia Alsogaray.
La segunda de las acusaciones refiere al caso Macri. La comisión también le apunta a la mayoría automática por haber rechazado un recurso de queja que cuestionaba el fallo por el cual se sobreseyó al ex titular de Sevel en una causa por evasión fiscal, en el marco de importación de autos desde el Uruguay. El caso del juez Héctor Magariños es la tercera de las causas que ya estaban sustanciadas en la comisión. La corte sancionó al juez por haber opinado como docente universitario en contra del criterio del máximo tribunal, a requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso por abuso policial. El consejo de la Magistratura levantó esta semana esa sanción, ya que no es competencia de la Corte sancionar a los magistrados.
La nueva causa añadida es la denominada "caso Leiva". Moliné, como delegado de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, participó del proceso de enjuiciamiento al destituido juez federal mendocino, cuando -según la Comisión de Juicio Político- debió haberse excusado.
La misma comisión legislativa analizaba el año pasado un posible juicio político a la Corte, que en 1999 resolvió sacar la causa Moneta de manos del ex juez mendocino, la que entonces pasó a manos de Carlos Liporaci, quien en 24 dispuso levantar el pedido de captura del banquero preferido del menemismo.
Advertencia
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia reclamó "respeto irrestricto a la división de poderes del Estado" y sostuvo que ningún juez puede "ser juzgado por el contenido de sus sentencias, a menos que éstas constituyan delito".
"No podemos permanecer silenciosos frente a la crisis de extrema gravedad institucional por la que atraviesa la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que derivó en la reciente renuncia de su presidente", sostuvo el juez Miguel Angel Caminos, titular de la Asociación.
Exhortó a los diputados -sin mencionarlos- a resolver "con estricto apego a las reglas" los procesos parlamentarios contra ministros del supremo tribunal "para que no quede en la sociedad la impresión de que la Corte es una institución que puede ser renovada por motivos políticos de coyuntura, dado el riesgo que ello entrañaría para la futura seguridad jurídica del Estado".
