1) En los primeros seis meses de gobierno, iniciaremos el proceso de tributación inversa. Los municipios y comunas percibirán el impuesto a las patentes automotores, se quedarán con el 90 % y girarán el 10 % a la Administración Central.

2) Con el inicio del presupuesto 2005, los municipios y comunas percibirán el Impuesto Inmobiliario Rural, reteniendo el 50 % y remitiendo el 50 % restante.

3) El Ministerio de Hacienda, a no más de 30 días vencidos, deberá publicar en los principales medios de prensa de cada departamento el monto de recaudación de cada tributo, en forma mensual y supervisado por una comisión de Control integrada por seis representantes de municipios y comunas.

4) Me reuniré con los legisladores nacionales todos los días lunes, a los fines de dar batalla contra la relación injusta en materia impositiva que hoy tiene el poder central con la provincia de Santa Fe: eliminación del impuesto al Cheque, de la retención a las exportaciones e incorporación de las regalías a la pérdida de fertilidad de la tierra, recibiendo igual trato que los recursos no-renovables.

5) Control estricto de la tributación de empresas extra-provinciales que realizan ventas en la provincia de Santa Fe y que tienen un alto índice de evasión.

6) Consensuar la eliminación de los impuestos provinciales distorsivos en el ámbito del Consejo Económico y Social, con la participación activa de las organizaciones de trabajadores y empresariales.

Lo primero de una reforma tributaria es eliminar los impuestos distorsivos que gravan la producción. En mi gestión se eliminaron todos los impuestos a los ingresos brutos en el sector productivo. Hay que rever el impuesto a los sellos para evitar que los actos jurídicos de las empresas se hagan en otras provincias. Hay que rever la 5.110 de tal manera que, sin dejar de asistir a los sectores menos protegidos, no se le grave a la producción el pago de este impuesto.

Y voy a insistir con un proyecto que tuve en mi primera gestión que es el de la eliminación del impuesto inmobiliario rural. En primer lugar porque es un impuesto cuya recaudación no es significativa, pero además porque parte de un concepto que a mi juicio es erróneo, que es gravar un bien de producción como es la tierra como si fuera un capital. Como este impuesto se coparticipa en mitades entre la provincia y los municipios, mi idea es que la mitad que recauda la provincia sea desgravada a cambio de que los beneficiarios se hagan cargo de contratar seguros integrales para la producción.

En mi gestión se tomó una decisión que fue trascendente: que la Caja de Jubilaciones no se transfiriera y quedara en manos de la provincia. A partir de allí propusimos una serie de mejoras, algunas de las cuales se votaron en la Legislatura y otras lamentablemente no.

Pero las que logramos hacer, que tuvieron que ver con el aumento de la edad para jubilarse, con el aumento del aporte, están dando buenos resultados en el mediano y largo plazo. Esto se suma a las tratativas que comenzamos con la Nación, para que se hiciera cargo, al no haberle transferido la caja, de parte del déficit. Esto se pudo lograr en la gestión de Reutemann y hay que seguir peleando para que la Nación siga manteniendo los aportes para cubrir el déficit de la Caja.

Además hay que pensar en medidas para el corto plazo y hay que tener muy en cuenta que quien más aporta al déficit de la caja es el sistema previsional policial, como en cualquier parte del mundo. La policía, como es lógico, tiene un sistema especial con retiros a menor edad. Entonces, la provincia tendrá que asumir este déficit, a través de sus rentas generales o un impuesto especial.

Por una parte, nuestro programa apunta al fortalecimiento de los organismos responsables de la recaudación, dotándolos de mayor solidez jurídica e institucional y de una relativa independencia técnica, administrativa y financiera. Por el otro, a la revisión de las estructuras tributarias vigentes en los distintos niveles de gobierno, tendiendo su reforma y orientación hacia tributos progresivos, que prioricen la capacidad de pagos de los contribuyentes.

La simplificación del sistema tributario es un requisito exigido por la sociedad, y fundamental para que resulte administrable. Hacer transparente, ágil y eficaz la administración tributaria, esencialmente a partir de dos recursos: un tributo sobre las actividades económicas y el otro, sobre la propiedad inmueble, permitirá avanzar hacia el principio ético de la transparencia y Justicia tributaria.

Impulsaremos la autonomía municipal, y en este marco, los gobiernos locales, dentro del libre ejercicio de su autonomía política, administrativa, económico-financiera e institucional, podrán contar con recursos económicos propios, con la libre percepción e inversión de rentas dentro de su propia esfera de gobierno.

Santa Fe necesita reestructurar su sistema tributario, que es su principal fuente de ingresos.

El impuesto a los ingresos brutos simboliza el modelo de financiación de un Estado castigador de todas las etapas del quehacer productivo provincial. A esto se suma el retrógrado impuesto a los actos jurídicos, como el de Sellos, que grava en forma exagerada y retrógrada las inversiones productivas, además de los actos de los particulares. En este tema, como en otros, el Estado se transformó en cajero de lo que resulte necesario para cubrir sus ineficiencias.

A nivel nacional, la creación del monotributo permitió simplificar las obligaciones tributarias y pudieron acceder a las categoría de contribuyente millones de argentinos que se desenvolvían dentro del campo evasor.

Uno de los grandes problemas que tiene el contribuyente es la complejidad del sistema para poder cumplir. Pérdida de horas de trabajo, interminables papeleos, necesidad de recurrir a profesionales hacen que hasta al mínimo contribuyente, pese a desearlo, le resulte agobiante cumplir con sus obligaciones.

El cambio de modelo apunta a simplificar el sistema con la debida categorización del principio de igualdad entre los iguales, pero sin necesidad de seguir caminos tortuosos.

La categorización permitirá el cumplimiento de las obligaciones a través de la adquisición de la estampilla tributaria correspondiente, que permitirá controlar visualmente el cumplimiento de las obligaciones e incorporar a un numero importantísimo de personas que hoy están fuera del circuito impositivo.

En materia municipal el problema también es complejo. La Constitución Nacional reconoce la autonomía, pero existen imposiciones como el derecho de registro e inspección, que no responde a la realidad actual.

Nosotros también en esto nos diferenciamos. Entendemos al municipio santafesino como un órgano de innovación en el nuevo modelo de Estado.

Al carecerse de un proyecto de provincia, deben ser los gobiernos locales los que garanticen a diario la gobernabilidad para que, además de cumplir con sus actuales materias, también se conviertan en promotores de los sectores productivos regionales, con el objeto de recuperar la autoestima de sus comunidades.