La posibilidad soñada por muchos de que la actividad futbolística se reanude el próximo fin de semana se diluyó ostensiblemente en las últimas horas, ya que mientras el Comité Ejecutivo de la AFA no planea reunirse en lo inmediato, su presidente Julio Grondona recién fue citado a declarar por el juez Mariano Bergés para el viernes venidero.

Tal como anticipara ayer El Litoral, la declaración indagatoria que ayer debía prestar Grondona fue postergada, habida cuenta que el juzgado de Bergés está desde la víspera atiborrado de hinchas de Boca Juniors y Chacarita (58) citados por el magistrado.

De hecho, tampoco pudo declarar el titular de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, autor del proyecto que impulsa solamente la concurrencia de hinchas locales a los estadios, cuya convocatoria fue diferida sin fecha.

En cuanto al Comité Ejecutivo, que se reunió de urgencia y anunció algunas medidas de acción directa tendientes a castigar a los clubes cuyos hinchas cometan desmanes en los estadios, no prevé otro encuentro para lo que resta de la semana.

Los cambios que el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó fueron los siguientes: en caso de actos de violencia un equipo recibirá de 2 a 6 multas en lugar de 1 a 5 como hasta ahora; el descuento de puntos será desde 9 hasta 30 unidades y la reincidencia de las penas se producirán a los 15 meses y no al año como sucedía actualmente.

Además, se estipuló que los partidos que no comiencen o sean suspendidos por hechos de violencia no se podrán reanudar.

Estas medidas adoptadas por la AFA fueron algunas de las que el director del Programa de Seguridad para Espectáculos Futbolísticos (Prosef), Javier Castrilli, había solicitado durante la reunión que sostuvo la semana pasada con Grondona y otras autoridades vinculadas al tema.

En esa oportunidad se pactó un nuevo encuentro que tendrá lugar hoy a las 20, nuevamente en la sede del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, donde Castrilli y Grondona estarán cara a cara.

Allí las partes le darán el trazo fino a las distintas medidas que se adoptarán a partir de la reanudación de la actividad futbolística, pero sin que ello influya en la resolución adoptada por Bergés para que la Policía Federal no preste servicio a los clubes de Capital Federal hasta el 23 de este mes.

Claro que estas determinaciones, que, según confiaron fuentes cercanas a la AFA, fueron bien recibidas por el Ministro del Interior, Gustavo Béliz, tampoco constituyen una garantía de que la violencia se alejará del fútbol.

Por ejemplo, ayer la Confederación Sudamericana, atenta a lo que sucede en el fútbol argentino, decidió dejar sin efecto la suspensión de una fecha que le había aplicado al arquero suplente de Rosario Central Hernán Castellano por agredir al delantero de Independiente Bruno Marioni, y le amplió la pena a cinco cotejos.

Eso sucedió el 4 de setiembre en un partido por la Copa Sudamericana jugado en Rosario, y la primera sanción se aplicó el 11 de este mes.

Ahora la Conmebol también pretende mostrarse tan severa como seguramente pretenderán hacerlo de aquí en adelante las distintas autoridades ligadas a la organización de la actividad futbolística de AFA. La "pregunta del millón" sigue siendo la misma: �con esto alcanza?

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó anoche varias medidas solicitadas por el titular del Programa de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos (Prosef), Javier Castrilli, aunque esta resolución no sería garantía para que el fútbol retorne el próximo fin de semana.

"La AFA ha puesto toda la voluntad para que el fútbol vuelva.

Aceptamos todo lo que nos pidió la justicia y la política y creo que por parte de AFA está todo resuelto", sostuvo el presidente de Rosario Central, Paulo Scaravino, al término de la reunión del Comité Ejecutivo.