Con lamentable constancia, las defensas de la zona de la Costa santafesina ofrecen malas noticias sobre absurdos daños, postergaciones irreparables y actos de vandalismo.

Los terraplenes para la protección de amplias áreas de creciente urbanización están expuestos a todo tipo de agresiones, en algunos casos producto de la falta de conciencia de la población, de la mano del individualismo o la ignorancia, y en otros, debido a la ola de rapiñas por las que se sustrae todo lo que sea vendible.

Tapas de registro de servicios subterráneos, cañerías, cables de servicios eléctricos o telefónicos, bocas de tormenta y hasta las placas conmemorativas de los espacios públicos. Todo lo que contenga material metálico resulta víctima de este accionar delictivo, que degrada lo que es de todos.

En los últimos días, en la zona costera lindante a la capital de la provincia, impactó la extracción de cañería en desuso, con la evidente finalidad de vender el metal.

El resultado fue una extensa trinchera en la base del anillo de protección de la zona de Colastiné, dentro del ejido municipal santafesino.

Lo mismo ocurrió meses atrás, en enero pasado, en el mismo distrito. También por entonces robaron caños de grandes dimensiones, que pertenecían al viejo acueducto que proveía de agua cruda del Colastiné a la ex planta de Obras Sanitarias de la Nación.

Aquella denuncia policial, su difusión por los medios de comunicación y la indignación de buena parte de los vecinos de la zona no bastaron para evitar otro episodio similar.

No es un dato menor señalar que un tramo del terraplén fue destrozado para poder sustraer unos cuantos kilos de hierro, a sólo meses de la grave experiencia hídrica sufrida por nuestra ciudad en el sector oeste.

En el ámbito de las organizaciones intermedias y algunos organismos oficiales se realizan denodados esfuerzos para lograr la protección y custodia de esa infraestructura, que demandó una importante inversión pública.

Cabe recordar que un convenio entre la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas y el Instituto Nacional del Agua procura, desde hace más de dos años, elevar los niveles de conciencia de los pobladores de una zona de riesgo y enseñar lo que debe hacerse ante una emergencia hídrica. A tales efectos, un manual editado por la Universidad Nacional del Litoral explica qué son y cómo deben protegerse las defensas.

En términos generales, se ha apostado por la participación ciudadana, para lograr cierto control social sobre los agresores que circulan en sus vehículos por los taludes de arena, talan o destrozan el arbolado sin más propósito que el de canalizar su irracionalidad, o roban desde el suelo refulado hasta los artefactos eléctricos de los equipos de bombeo destinados a vaciar los reservorios pluviales interiores.

Las defensas y terraplenes en la zona de la Costa y en nuestra ciudad fueron licitados y ejecutados durante la segunda mitad de la década de los '90. Se aprovechó la disponibilidad de créditos internacionales, a los que el país podía acceder con mayores facilidades por el tipo de cambio fijo. Creer que hoy puede repetirse aquel nivel de inversiones es por lo menos ingenuo, más si se tiene en cuenta el cálculo de que cada kilómetro de defensa tuvo un costo aproximado al medio millón de dólares (pesos) de esa época.

Tras años de permanentes impactos negativos sobre los anillos de protección, no cabe duda de que deberá imponerse una solución más efectiva y urgente, que privilegie la represión policial hacia los infractores y delincuentes.

Está claro que no pueden destinarse efectivos de la fuerza a atender el problema en forma permanente, pero sí que éstos puedan actuar ante denuncias que lleguen a tiempo, mediante la intervención de un equipo de guardadefensas o vigiladores, lo que bien puede financiarse con los miles de planes sociales y subsidios por desempleo que existen en nuestra ciudad y la zona costera.