Señores directores: Aun cuando se deba efectuar un lógico y profundo análisis sobre las causas que provocaron los terribles efectos del "fenómeno hídrico" y sancionar en su caso a quienes no previeron o no lograron evitarlos; en esta instancia debe evaluarse lo "urgente", es decir cuál o cuáles son los remedios oficiales a los que se ha echado mano para paliar lo inmediato, lo palpable y lo impostergable, traducido esto esencialmente en la pérdida de los mínimos elementos materiales que debe poseer una familia, para una vida digna y medianamente confortable y que con sacrificio había logrado dotar a su hogar y por las circunstancias que conocemos... debió en muchos casos huir "con lo puesto".

En esta urgencia, el Estado -con un criterio que comparto absolutamente- decidió priorizar al "verdadero ocupante" de las viviendas afectadas, por ser éste quien sin lugar a dudas recibe el impacto "directo" del flagelo acuoso, para de alguna manera salvar algo de lo que tal vez costó años y privaciones; ahora bien dentro de esta relación causa-efecto de "ocupante-asistido", han sido dejadas de lado numerosas situaciones particulares que son tantas que casi desmerecen tal "particularidad" para solventar conceptualmente el mote de una proyección hacia la "generalidad" propiamente dicha. Así se quedó en flagrante deuda con los propietarios de viviendas alquiladas y aun de las desocupadas en espera de locación, sin tener en cuenta los perjuicios tremendos que han sufrido en su patrimonio, el cual no sólo se dimensiona en el "daño real", sino en la obvia de pérdida del valor locativo tanto presente -cuando el inmueble no ha sido desocupado por el inquilino se debió negociar con éste un alquiler muy inferior al pactado, sólo para evitar una eventual ocupación ilegal-, como futuro, puesto que para minimizar costos locativos, se tendrá la ubicación como zona de riesgo en relación a lo ocurrido y la probabilidad de repetición. Tal vez esta solución oficial cuyos fundamentos no son claros en cuanto la amplitud deseada, se inspire en considerar al propietario como pudiente y con el concepto de "rentista" de otras épocas y no como realmente ocurre que se identifica con jubilados de haber mínimo quienes con muchos sacrificios y penurias han logrado un medio lícito para atenuar los efectos humillantes de haberes que apenas superan los ciento cincuenta pesos.

Ahora sí, de la ayuda del gobierno sobre la que debo reiterar que comparto sus principios de "urgencia" con las reservas expuestas, adolece de ligereza y cierta ingenuidad en cuanto su destino concreto; lo que no puede ni debe admitirse son los innumerables casos de inescrupulosos que por el solo hecho de estar "censados" merced a una hipotética zonificación de afección hídrica, que realmente no han sido afectados ni en su vivienda ni en sus bienes muebles e incluso han visto la desgracia de los demás por la ventana de su casa puesto que la costa era "el cordón", se hayan puesto dinero en sus bolsillos al igual que quien perdió todo. Esto no puede ni debe quedar en la impunidad, son los inmorales de siempre que precisamente rompen su caparazón en estas instancias, donde inevitablemente deben ser descubiertos por la sociedad toda, no para "llevarlos a la Justicia", sino simplemente para saber con quienes se puede contar en los momentos más dolorosos de nuestras almas... y "éstos no puedan contarla" a su manera de siempre... La solución: publicación oficial de todos quienes percibieron consignando el respectivo domicilio. José Antonio García Tavella, DNI 7.891.558, ciudad.