En días más, se instalará en la Legislatura el debate acerca de si se eliminan o no dos artículos del Código de Faltas de la provincia, que facultan a la policía a detener a prostitutas en la vía pública. La Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR) inició los contactos con legisladores y autoridades del Ministerio de Gobierno, explicando el objetivo central de su propósito que "no es fomentar la prostitución sino mejorar la calidad de vida de las trabajadoras", según afirma Sandra Cabrera, encargada en Rosario de dicha asociación surgida y enrolada en la CTA.

Semanas atrás fue la Legislatura de Entre Ríos la que derogó la norma de esa provincia que le permitía a la policía detener a las mujeres que ejercían la prostitución en la vía pública. La sanción de la norma fue festejada por AMMAR y CTA que ahora rechazan el veto aplicado por el Ejecutivo y se proponen abrir el debate en otras provincias, entre ellas Santa Fe. No obstante, los tres obispos entrerrianos se han unido para solicitar el veto a la norma.

Eduardo Di Pollina, presidente del bloque de diputados socialistas, elaboró el proyecto y logró la adhesión de su compañero de bancada Alfredo Cecchi así como de las justicialistas Laura Venesia y Sandra Reschia y de los radicales Angel D'Ambrosio, Alicia Tate y Federico Pezz. El propio Di Pollina admite que la Asociación le planteó la inquietud, éste la acogió e inició conversaciones con sus pares de otros bloques para buscar consenso sobre el tema.

Cabrera se encontró en Rosario con Marcelo Muniagurria cuando éste participaba de la campaña electoral para acceder la intendencia. Le dijo que como vicegobernador no tendría inconvenientes en recibirlas y escuchar el planteo. Ahora, la dirigente pretende sentarse la semana venidera con el segundo hombre de la provincia. También se reunió con Diego Giuliano, el delegado del ministro de Gobierno para la zona sur. Le solicitó que la policía las deje trabajar y no que les exijan "coimas" o "favores" para ejercer su negocio.

"La Asociación no tiene por objetivo fomentar la prostitución. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las trabajadoras, darle tranquilidad y no que se sientan perseguidas y deban estar espiando si vienen o no los agentes de Moralidad", dice Cabrera quien mantuvo reuniones tratando de constituir una filial local. "Es difícil, las chicas tienen miedo. Además las viven trasladando de zonas", expresa a modo de queja.

Entre martes y miércoles hubo varias reuniones donde se pretendió concientizar a las meretrices y -no dejan de hacer notar que esos mismos días- se observaron fuertes operativos policiales nocturnos en jurisdicción de las seccionales primera, novena y décima.

Di Pollina presentó el proyecto el jueves a última hora y seguramente tendrá estado parlamentario la semana venidera. Es apenas un artículo donde propicia derogar los artículos 83 y 87 del Código de Faltas de la provincia. "Estas normativas se utilizan como fundamento aparente para perseguir a mujeres que son, en su gran mayoría, sostén de hogares pobres, que apenas consiguen alimentar a sus hijos, con el magro fruto de la actividad relacionada con la prostitución", dice en los fundamentos. Las mujeres de la calle dicen ser víctimas de la extorsión policial en muchas zonas de las ciudades de la provincia y en la conversación con funcionarios, ante legisladores y ante periodistas abundan en los detalles de un "negocio" que genera un circuito de explotación. Entienden que la derogación de dos artículos del Código de Faltas será un paso muy importante en su lucha.

Di Pollina entiende que el Código habla de prostitución escandalosa y no la tipifica. "Hay que adecuar la legislación y evitar que su interpretación por parte de un sector de las fuerzas de seguridad provoque injustas detenciones, por la aplicación de una normativa que tuvo en su origen una finalidad distinta a la que se aplica diariamente", agregó.

La Ammra hizo público su propósito de que sean derogados dos artículos del vigente Código de Faltas de la provincia, incluidos en el capítulo "contra la decencia pública".

En el texto ordenado de la ley 10.073, la entidad pide la derogación del artículo 83, ex 78, que dice: Ofensa al pudor. El que con actos, gestos o palabras obscenas ofendiere la decencia o pudor público o decoro personal, siempre que el hecho no constituya delito, será reprimido con multa de hasta tres jus.

También el actual 87, ex 81. Prostitución escandalosa. El que ofreciere públicamente a mantener relaciones sexuales por dinero o promesa remuneratoria o provocare escándalo con tal motivo; o que en lugares públicos o locales de libre acceso hiciere manifiestamente proposiciones deshonestas u ofreciere relaciones sexuales con otras personas, será reprimido con arresto de hasta treinta días.

Si las proposiciones o incitaciones fueren dirigidas a un menor de dieciocho años, la pena podrá elevarse hasta sesenta días.