El Concejo Municipal resolvió devolver al Ejecutivo el pliego de bases y condiciones para un nuevo llamado a licitación del transporte público de pasajeros, al tiempo que solicitó la realización de nuevos estudios adicionales para mejorar y complementar el original, que nunca fue respaldado por la mayoría de los sectores involucrados en la problemática.

Tras varias semanas de indefiniciones y polémicas entre los ediles, ayer finalmente el cuerpo pudo tratar un despacho de las cuatro comisiones, que acercó posiciones entre los bloques de la oposición y el PJ. De todas formas, el texto fue modificado en el recinto durante una sesión donde abundaron las críticas y autocríticas de los concejales.

Como se recordará, en marzo de este año el intendente Marcelo Alvarez remitió al Concejo un mensaje que contenía el nuevo pliego elaborado a partir de un estudio que le costó 70 mil pesos al municipio y que luego fue objeto de una presentación ante la Justicia por la presunta contratación irregular del trabajo.

El proyecto no fue discutido por el cuerpo en los plazos previstos, por lo que se prorrogó su tratamiento hasta el mes de julio pasado. En el medio, el Concejo a través de su presidencia decidió iniciar una ronda de consultas con diferentes sectores que directa o indirectamente estaban involucrados con el transporte público.

Ayer, un sector de la oposición celebró la resolución del cuerpo. "Me parece bien que el Concejo se desentienda, en forma tardía pero segura, de ese mensaje que hubiera dado lugar a una concesión llena de sospechas y poco beneficiosa para los usuarios", dijo el concejal Leonardo Simoniello (UCR-Encuentro), uno de los impulsores del reenvío del pliego.

El presidente del cuerpo, Darío Boscarol, también coincidió en que fue una "decisión acertada", aunque a diferencia de su par dijo tener una sensación "de fracaso", habida cuenta de que "se prolonga el padecimiento de los usuarios".

El texto votado expresa también la postura del oficialismo en el sentido de autorizar nuevos estudios adicionales, que deberán confeccionarse "siguiendo los parámetros básicos y orientativos". Para ello "se deberán contratar unidades públicas y/o universitarias de la órbita estatal, con asiento en Santa Fe".

Durante el debate, el PJ acompañó una modificación propuesta por Pablo Farías (Frente Grande). El edil, que reseñó las fallas y vicios del mensaje original, sostuvo que era necesario incorporar otros parámetros de análisis para no cometer los mismos errores.

Por eso la resolución aprobada incorpora al futuro estudio aspectos como el impacto del transporte público en el Área Metropolitana, la influencia de este servicio sobre los demás subsistemas y el diseño de un área que se encargue del control permanente y del buen funcionamiento de los colectivos.

Otro de los artículos establece que una vez concluidos dichos estudios, los mismos deberán ser elevados a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Público, para que ésta brinde la apoyatura técnica y administrativa que estime necesario.