Queda claro que no se puede concebir un orden democrático o una república moderna sin una Justicia independiente. No es casual que una de las primeras medidas de los enemigos de la democracia a la hora de hacerse cargo del poder sea la de intervenir o corromper a la Justicia.

En la provincia de Santiago del Estero, la descomposición del Poder Judicial ha dado lugar a que el gobierno nacional considere la necesidad de intervenirlo. Inspecciones de organismos internacionales y nacionales e informes de instituciones de derechos humanos justifican esta iniciativa. Por otro lado, los principales dirigentes políticos y altas autoridades de la Iglesia Católica piensan en términos parecidos.

El asesinato de dos mujeres jóvenes, más conocido como el crimen de "La Dársena", puso en evidencia la ineficacia y la complicidad de la Justicia santiagueña respecto de un mundo semioculto y cargado de ilicitudes. En rigor, este episodio ha dejado al descubierto la punta del iceberg de una serie de irregularidades y vicios que desde hace años afectan a esta empobrecida provincia argentina.

Se sabe que Santiago del Estero es dominada por un sistema político caudillista, autoritario y clientelístico, cuyas facetas más retrógradas se han ido acentuando en los últimos años. Las manifestaciones de protesta de periodistas, intelectuales y dirigentes sociales son cada vez más fuertes y críticas, pero el sistema de control y disciplinamiento social practicado por el juarismo sigue siendo eficiente porque dispone de muchos recursos y la sociedad está cada vez más empobrecida y, por lo tanto, más dominada por la necesidad.

La llegada al poder de la esposa de Carlos Juárez acentuó todas estas tendencias negativas. Conviene recordar que el juarismo perdió el poder momentáneamente durante las jornadas conocidas como "el santiagueñazo", pero rápidamente se las ingenió para reconstruir el sistema, aunque para evitar nuevos dolores de cabeza reforzó todos las estructuras de seguridad y espionaje y sometió a la autoridad del Ejecutivo a todos los poderes de la provincia.

Resulta claro que lo sucedido en esta provincia no es una excepción. En la Argentina, muchísimos dirigentes políticos creen que el mejor gobierno es el que controla a la totalidad de los poderes. Mientras que de la boca para afuera se reconoce que la separación de poderes es un componente esencial del sistema republicano, en los hechos se trabaja para hacer lo contrario. No viene al caso hacer nombres o poner ejemplos, pero basta con decir que en este tema nadie está en condiciones de tirar la primera piedra.

Sin embargo, hubo un tiempo en que las instituciones funcionaron y el principio teorizado por Montesquieu era respetado por los políticos. Ya en 1862, al constituirse el orden democrático luego de Pavón, el entonces presidente de la Nación, Bartolomé Mitre, designó para la Corte Suprema de Justicia a dirigentes que no pertenecían a su facción política.

Uno de ellos, Benjamín Gorostiaga, había sido un activo opositor al mitrismo. El otro, Salvador María del Carril, además de ser un jurista de reconocido prestigio, había sido vicepresidente de la confederación urquicista, es decir, el polo de poder que había guerreado contra la provincia de Buenos Aires durante casi diez años.

Es que la separación de poderes no es una metáfora o una figura retórica. Quienes pensaron en este tema fueron hombres que advirtieron que la concentración del poder en las democracias representativas era uno de los peligros que amenazaban a la sociedad civil y que, por lo tanto, para corregir esa tendencia era necesario que "el poder controle al poder" o, para expresarlo con otras palabras, que el poder se desconcentrara y sus actores se controlasen recíprocamente desde espacios de razonable independencia.

Se sabe que todo esquema institucional es siempre una "ficción creativa ideal"que nunca se realiza plenamente. En la vida real existen sistemas políticos en los que el régimen de separación de poderes funciona aceptablemente y sociedades en las que este reaseguro institucional brilla por su ausencia.

En el caso de Santiago del Estero, lo que predomina es la concentración del poder y la sistemática violación de las disposiciones constitucionales. Es de esperar entonces que el Congreso de la Nación se haga cargo de sus responsabilidades y disponga la intervención del Poder Judicial de la más antigua provincia del país a fin de asegurar la plena vigencia de la ley olvidada.