Los interrogantes que surgen de la resolución N° 373 del Banco Central, que autoriza la venta del 93 % del paquete accionario del Nuevo Banco de Santa Fe SA al Banco de San Juan SA, fueron motivo de consideración ayer en ambas cámaras legislativas. En dicho documento se especifican tanto las condiciones de la mencionada venta como las excepciones otorgadas al comprador para acceder a la entidad santafesina.

La resolución de marras habla de un plazo de 12 meses para la fusión de ambas instituciones y se especifica, asimismo, que en el término de 30 días, a partir de la notificación de las partes, el gobierno de Santa Fe deberá refrendar la operación.

Como es de público conocimiento, el Nuevo Banco es el agente financiero del Estado santafesino, contrato que recién vencerá en el 2008 si la provincia decide mantener allí sus cuentas.

La figura de la fusión de las entidades, además de inesperada, ha sido la generadora de los mayores interrogantes, incluso algunos voceros advierten en que podría derivar en una absorción.

En Diputados se convino la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Miguel Asensio, para que concurra a la presidencia del cuerpo el miércoles próximo, en tanto en el Senado, se aprobó invitar a un funcionario del Banco Central a explicar "los fundamentos y el alcance" de la resolución de venta.

En ambos cuerpos, fue la oposición la que tuvo la iniciativa de concretar estas invitaciones pero, contrariamente a lo que en general ha venido sucediendo, el oficialismo que es mayoritario en ambas cámara, apoyo las propuestas. Esto habla a las claras de que también dentro de los bloques justicialistas existe inquietud por los términos aprobados para esta venta.

Ayer mismo, integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Privatización del Banco de Santa Fe, los senadores Ricardo Olivera y Hugo Fermani y los diputados Carlos Paganini y Mario Esquivel, se reunieron con el ministro Asensio, quien no adelantó opinión sobre el tema. Simplemente les entregó la resolución del Central para que la analizaran y les refirió la formación de una comisión de asesoramiento integrada dentro de su cartera para considerar el tema. Paralelamente, la Fiscalía de Estado deberá elevar su dictamen. Recién con todos estos elementos en manos, el gobierno daría a conocer una posición institucional.

(POLÍTICA)