Juan Pablo González tenía 18 años y el 19 de agosto pasado falleció al ser arrollado por un camión en Teniente Loza y Av. Blas Parera. Lo socorrió el 107, fue trasladado al Cullen donde se intentó salvarlo, pero durante el mediodía del 21 se le diagnosticó muerte encefálica.

En ese momento se comunicó la situación al Cudaio porque se trataba de un potencial donante. Como los familiares no aparecían, finalmente el juez correccional José Luis Giavedonni autorizó la ablación de los órganos del joven. Sin embargo, 32 días después los familiares aparecieron en la morgue del hospital y a partir de allí se generó la polémica, ya que se quejan por no haber sido consultados antes de avanzar con la donación.

El padre de Juan Pablo dijo expresó públicamente su malestar frente a la decisión adoptada a nivel judicial y consideró que, antes de avanzar, los médicos debieron esperar la aceptación familiar.

Según el director del Cudaio, Alberto Teper, "durante esos días no se presentó ningún familiar del joven, a pesar que desde el hospital se intentó localizarlos para informarles acerca de su estado de salud".

"Fue entonces que iniciamos el procedimiento que indica la ley nacional de trasplantes. Seis horas después, complementada la segunda tanda de pruebas, redoblamos los esfuerzos para identificar a la persona. Se toman huellas dactilares, pero todo fue inútil porque no tenía antecedentes", añadió.

Fue entonces cuando los médicos se contactaron con el juez correccional de turno, el Dr. José Luis Giavedonni, mientras que a través de LT9 y LT10 se convocaba a los familiares del joven. "Este mensaje estuvo en el aire entre 4 y cinco horas y media, pero nadie aparecía", recordó el médico.

"Después de cumplir con todos los requisitos de la ley, el juez nos autorizó a extraer los órganos porque, en caso de muerte violenta y en ausencia de familiares, es él quien nos debe facultar para realizar la ablación", explicó Teper.

El magistrado tiene hasta 6 horas antes de tomar la decisión, pues pasado este tiempo los órganos comienzan a afectarse y ya no es posible trasplantarlos.

Teper aseguró que la decisión no fue sencilla: "Nos reunimos los médicos, lo discutimos. A pesar de contar con la autorización judicial, sabíamos a qué nos exponíamos, pero fue prioritario resolver la tormenta de emergencias nacionales que existía en ese momento. Pensamos entonces en la emergencia cardíaca que se resolvió, en los dos enfermos renales que se liberaron de la diálisis y en las personas que volvieron a ver gracias a las dos córneas".

El cuerpo de Juan Pablo estuvo 32 días en la morgue sin ser reclamado. En ese tiempo, los familiares recorrieron las comisarías y los hospitales, hasta que pensaron en la posibilidad del fallecimiento.

Al llegar al Cullen se encontraron con esta situación que hoy genera polémica. En un primer momento, un sector de la familia aceptó lo ocurrido luego de que los médicos les informaran sobre el destino de los órganos, el sexo, la edad de los receptores y el resultados de los trasplantes. Sin embargo, otro sector familiar reclama por el hecho de no haber sido consultados antes de seguir adelante en aquel operativo.

Según el Dr. Pablo Maidana, miembro del Cudaio, "lo que más nos interesa siempre es tener el consentimiento familiar. Incluso no avanzamos cuando un solo integrante de la familia no está totalmente seguro. Lamentablemente, este caso fue excepcional porque no aparecía ningún conocido del fallecido, y por eso recurrimos a la Justicia".