El personal de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros se movilizó para resistir la intención del gobierno provincial de trasladar internos carcelarios a esa institución. Bajo la consigna de "no convertir al hospital en una cárcel" y defender la condición "de puertas abiertas" del régimen que allí se aplica, resolvieron permanecer en estado de asamblea permanente y, en caso de considerarlo necesario, producir cortes de ruta.

El Ministerio de Gobierno anunció la semana pasada, en virtud de un convenio con Salud, el proyecto de trasladar a Oliveros a presos con problemas de adicciones, como así también a quienes padecen alteraciones mentales. Para ello, se propició la utilización de "capacidad ociosa" del establecimiento, dotándolo de personal entrenado en tareas de seguridad.

"Esto va totalmente a contramano de la sustitución de políticas manicomiales y salud mental que nosotros estamos llevando adelante", sostuvo la psiquiatra Miriam Bollini, como parte de la delegación que visitó El Litoral para exponer su postura. "Pretender alojar a personas que tienen una problemática tan diferente, que tiene que ver con un perfil delincuencial, con la población que nostros atendemos, plantea una contradicción irresoluble. El desborde de la capacidad penitenciaria no se resuelve instalando el exceso de población en un hospital".

Los trabajadores niegan que en la colonia exista capacidad ociosa. "Los pabellones 9 y 10, a que ellos se refieren están ocupados por 120 pacientes, 50 de ellos participan de un pabellón de atención geriátrica, con atención especial", argumentan. Y sostienen que los espacios libres de construcción son utilizados para fines culturales, deportivos y de recreación -indispensables para el proyecto en marcha- o para siembra, con lo cual se obtienen recursos para financiar las actividades que realizan.

"La mayoría de los profesionales y el conjunto de los trabajadores nos empeñamos en sostener un proyecto de un hospital de puertas abiertas, con salidas terapéuticas, con proyectos de área cultural, emprendimientos productivos. Y no con una lógica cerrada, manicomial, vinculada a custodia policial, medidas de seguridad. No sólo no hay espacio ocioso, sino que es totalmente incoherente juntar estas problemáticas", remarcan.

Los trabajadores se remiten a 1992, cuando una grave denuncia por violación a los derechos humanos de los internos, basada en la desatención, motivó la incorporación de un cuerpo de 40 profesionales, tendiente a revertir la situación. Desde entonces, con los escasos recursos disponibles, se avanzó en una atención cada vez más especializada y abierta, tendiente a recomponer el vínculo de los pacientes con la sociedad. "Esto sería un tremendo retroceso", aseguran.

También plantean aspectos concretos, como la inmediata vecindad que existe entre los escasos espacios que podrían considerarse "ociosos" y el riesgo de algún irreparable episodio de violencia o contacto de los adictos con el importante stock de drogas que circula en la institución. En ese sentido, temen que el problema de superpoblación se repita en la Colonia, configurando una verdadera "bomba de tiempo", según conceptos del director, Gustavo Castaño.

Los trabajadores remarcaron la inquietud que ya se registra entre los internos y también en las poblaciones circundantes, que han manifestado institucionalmente su apoyo a la lucha que llevan a cabo.

La Coordinadora de Trabajo Carcelario consideró arbitraria y carente de fundamento científico la decisión del gobierno. "¿Qué equipara a quien está detenido y realiza un uso indebido de drogas, con un enfermo mental?", interrogan.

Cuestionando integralmente lo que ha sido la política penitenciaria oficial, la entidad apunta que "la existencia de distintos sistemas, uno para la atención de personas con problemas de salud mental, otro para alojar a quien tiene un conflicto con la ley penal -sea esta mayor o menor de edad- y centros destinados a ayudar a quien realiza un uso indebido de drogas, nos marca la existencia de problemáticas distintas, que merecen soluciones diferentes.

"Convertir un hospital en cárcel y viceversa nos retrotrae al pasado y contraviene todas las normas legales vigentes en materia de salud mental y de los derechos de las personas privadas de la libertad", concluyen.

La Unión del Personal Civil de la Nación rechaza firmemente la idea de trasladar a 80 detenidos de unidades penitenciarias de Coronda y Rosario a la Colonia Psiquiátrica de Oliveros.

Lo hizo en representación de los trabajadores que allí prestan servicios, indicando que el establecimiento no está preparado para recibir este tipo de pacientes, pues a su problema de salud, hay que sumarle el grado de peligrosidad que por el delito cometido puede poner en riesgo la vida de pacientes y empleados del hospital.

No es sensato por parte del Ministerio de Gobierno -afirma el gremio- plantear el traslado de presos a hospitales públicos. El sindicato ha expresado en más de una oportunidad la necesidad de adecuar en las mismas unidades carcelarias, ámbitos para atender distintos tipos de patologías, sean cuales sean.

No escapa al conocimiento público, la cantidad de problemas que se suscitan cuando los presos son trasladados a nosocomios para su atención; desde actitudes agresivas para con el personal o visitantes, hasta fugas o intentos de ellas.

"Los trabajadores de Salud -subraya- prestan servicios en condiciones ya de por sí bastante precarias, con una enorme voluntad y amor al prójimo. Pero tales empleados no están afectados al servicio penitenciario. La colonia no posee ni la infraestructura ni el personal adecuado para recibir este tipo de enfermos".

Finalmente, UPCN llama al ministerio a adecuar de una vez por todas su infraestructura para estos casos y "dejar de emparchar, creando más problemas para los trabajadores y la comunidad".

En el caso de los menores adictos y los enfermos mentales que resultan conflictivos y se encuentran bajo un régimen de medida de seguridad dispuesto por vía judicial, debemos entender que estamos frente a personas que (en algunos casos) están privadas de la libertad y no pueden ser sometidas a un régimen ordinario de tratamiento penitenciario, ni permanecer en situación de encierro prolongado en las cárceles o seccionales policiales, en razón de que ello agrava notoriamente las condiciones de detención en los términos de las convenciones internacionales.

Por ello, el género de la población que puede ser destinada y alojada en Oliveros siempre será el mismo: se trata de enfermos con trastornos psíquicos de distintas magnitudes y de menores con adicciones que, según cada caso, deberán ser tratados con una modalidad terapéutica diferente y nunca bajo el régimen del sistema penitenciario. El personal del Servicio Penitenciario, eventualmente, podrá custodiar la seguridad externa del grupo bajo tratamiento y el personal de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal tendrá a su cargo la atención de los adictos, pero de ninguna manera los enfermos mentales y adictos serán incluidos en un régimen penitenciario.

Por el contrario, las personas que padecen enfermedades mentales deben ser sometidas a un tratamiento médico, psicológico, ocupacional y de laborterapia, para lo cual el ámbito físico de la Colonia de Oliveros (que en la actualidad posee pabellones desocupados o subocupados, huertas, panadería, jabonería, criaderos, fábrica de ladrillos, etc.) y las instalaciones médicas y sanitarias con las que cuenta el predio, resultan un ámbito público -perteneciente al Estado provincial- propicio para el desarrollo de esta experiencia, contemplando que ello sea por un tiempo prudencial que permita su evaluación ante y ex post facto, para luego sacar las primeras conclusiones o aproximaciones a un tema trascendente (...).

Eventualmente (si se acepta), con las reformas edilicias que fueren necesarias y la incorporación de personal idóneo para el tratamiento de los enfermos, el gobierno provincial pondrá en marcha un proyecto piloto que no sólo incluye un sistema terapéutico específico para personas con trastornos mentales y menores adictos que permita una rehabilitación adecuada y más efectiva, sino que ayudará a devolver a la Colonia su perfecta utilidad, a pesar de los años y de los cambios que no todos alcanzan a advertir, quizás anclados en un discurso demasiado conservador (...).

Estamos trabajando para atender a más gente que lo necesita. No discutimos sobre las mejores teorías, que las habrá. El tiempo que perdemos en resolver disputas burocráticas lo veremos reflejado en otros perjuicios que muchas veces serán irreversibles para la salud física y psíquica de nuestros jóvenes adictos y enfermos mentales. Pretendemos aprovechar mejor los espacios instalados del Ministerio de Salud para atender precisamente enfermos; especialmente en un predio que permite trabajar en varias direcciones simultáneamente, en lugares perfectamente diferenciados (...).

Los tiempos de crisis y las emergencias públicas requieren adoptar medidas y soluciones ciertamente excepcionales y quizás novedosas. Se hace necesario agudizar el ingenio, poner "manos a la obra", optimizar los recursos con que cuenta el Estado, superar los prejuicios y convocar a los hombres y mujeres de buena voluntad, para que, sin hipocresías ni excusas falsamente científicas o dogmáticas, nos hagamos cargo de los resultados de una comunidad que permanentemente origina y fecunda valores, pero que también es capaz de generar enfermedad, marginalidad, adicción y locura.