El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró que la confesión del arrepentido Mario Pontaquarto "prueba" que en abril de 2000 un grupo de senadores aceptó sobornos para aprobar la Ley de Reforma Laboral, impulsada por el entonces presidente Fernando de la Rúa, que anunció para hoy una "categórica desmentida" ante el magistrado.

Entre hoy y mañana, en tanto, Canicoba tenía previsto indagar por primera vez a Pontaquarto, un ex secretario parlamentario que declaró haber intervenido en el reparto de las presuntas coimas en una audiencia que celebró, el pasado viernes, el juez federal Norberto Oyarbide, que transitoriamente reemplazó a su colega.

"La declaración de esta persona prueba el delito, porque es una confesión, y todo lo que arroje prueba en ese sentido lo vamos a arrimar a la investigación", expresó Canicoba al referirse al sinceramiento de Pontaquarto, que incriminó a De la Rúa, al ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y a un grupo de legisladores nacionales.

El abogado Miguel Almeyra, defensor de De la Rúa, anunció que el ex presidente formularía hoy una "categórica desmentida" de la versión de Pontaquarto, mediante un escrito que presentará al juez.

A través de los medios de prensa, De la Rúa sostuvo que le provocó "estupor" la declaración de Pontaquarto, y aseguró que "no existió" en la reunión que, según el arrepentido, el entonces jefe de Estado dio luz verde, desde la Casa Rosada, para quebrar la oposición del PJ a la Ley de Reforma Laboral, mediante supuestas maniobras que recomendó acordar con De Santibañes.

Y atribuyó a una "mano oculta", una "operación política" la sorpresiva confesión de Pontaquarto, cuya credibilidad también fue puesta en duda por la diputada y ex primera dama Hilda de Duhalde.

"La sociedad considera claramente que ha habido sobornos", señaló Chiche Duhalde, pero agregó que el relato de Pontaquarto "es de poca credibilidad".

Las afirmaciones de Pontaquarto fueron desmentidas el martes por Alberto Fraga Mancini, empleado del bloque del PJ en la Cámara Alta y ex secretario privado del ex senador Remo Costanzo, uno de los legisladores imputados por presunto cohecho agravado.

Canicoba, que implantó el secreto al expediente del caso, expresó a la prensa desde las puertas de los tribunales federales que aún no dispuso un careo entre Pontaquarto y Fraga Mancini. Pero fuentes con acceso al sumario informaron que la confrontación tendrá lugar después de la ampliación de la indagatoria del "arrepentido".

"La diligencia del careo será cuando esté más avanzada la investigación, entre todas las personas que han tenido versiones contradictorias", aclaró Canicoba, y agregó que "no quiero adelantar (medidas) para no conspirar" contra la pesquisa.

La ex senadora del PJ Beatriz Raijer, por su parte, radicó una denuncia penal contra Pontaquarto por los delitos de calumnias e injurias, ya que fue sindicada como una de las beneficiarias de las supuestas coimas.

"Pontaquarto es un bandolero y mentiroso, que ha sido sobornado para involucrarme", disparó Raijer.

Por su parte, los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado reclamaron la declaración, en calidad de testigo, del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien afirmó "saber más de lo que dije en el recinto" sobre el escándalo de los sobornos, pero no se ha presentado en los tribunales.

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto mediante el cual resolvió "adoptar todas las medidas internas y de colaboración con la Justicia conducentes al definitivo esclarecimiento de los hechos de corrupción" en la Cámara Alta, y postergó la derogación de la Ley de Reforma Laboral, solicitada por senadores de diferentes bancadas.

Con el apoyo de todos los bloques, se votó el proyecto de resolución que tiene "la finalidad de preservar la dignidad de las instituciones legislativas".

"Resulta imprescindible superar la situación señalada, para lo cual será necesario que el Senado adopte todas las resoluciones y preste su incondicional colaboración a la Justicia para que, aprovechando las nuevas circunstancias, se logre la definitiva dilucidación de aquellos reprobables actos y se sancione a quienes hubieran incurrido en tan ominosas conductas", se declaró.

Tras la aprobación del proyecto, la justicialista Liliana Negre de Alonso propuso "declarar la nulidad de la Ley de Reforma Laboral", por considerar que "no es admisible que un país rija sus relaciones jurídicas con una ley nacida del delito".

La negativa de la UCR a acompañar el tratamiento y una serie de consultas al Poder Ejecutivo neutralizaron las expectativas de los impulsores del proyecto, según informaron fuentes del bloque justicialista.