Masiva marcha a un año del doble crimen de La Dársena Dos secretarías abrieron oficinas en la capital santiagueña. Varias denuncias sobre ilícitos acosan al poder.
A un año del hallazgo de los cuerpos de Leyla Nazar y Patricia Villalba que salpicó al poder santiagueño encabezado por el matrimonio Juárez, el gobierno nacional hizo pie en la provincia con un duro discurso en contra de los políticos "que enquistados en el poder violan los derechos humanos" y reclamó que den un paso al costado.
Los secretarios de la Nación de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y de Justicia, Pablo Lanusse, viajaron a la provincia donde inauguraron delegaciones de esas secretarías y se entrevistaron con jueces y funcionarios que denunciaron al gobierno de Mercedes Nina Aragonés de Juárez por casos de corrupción y amenazas de muerte.
Finalmente, los funcionarios encabezaron anoche una multitudinaria marcha en reclamo del esclarecimiento del doble crimen de La Dársena, que esta vez tuvo el ánimo de denunciar y repudiar los actos de impunidad y violación de derechos humanos que se endilgan a las autoridades del Ejecutivo provincial.
Más de diez cuadras de gente se enfiló para recorrer, en silencio, 7 kilómetros desde la localidad de La Banda, hasta la Catedral, en el centro de la ciudad capital, en uno de los actos más masivos que se produjeron en la provincia en reclamo de justicia.
Denuncias pesadas
La presencia de los funcionarios nacionales y la masiva marcha ocurren en la misma semana en que se encadenaron denuncias contra los Juárez: contra la gobernadora por amenazas de muerte a un funcionario de la Ansés local y por haber ordenado matar al diputado José Figueroa, y contra el caudillo por créditos cobrados por obras que nunca se hicieron.
Duhalde denunció que en Santiago "no hay una voluntad política seria para mejorar la política de los derechos humanos más allá de lo declarativo" y reclamó la renuncia de los funcionarios que cometen violaciones a los derechos fundamentales.
"A todos aquellos que enquistados en el poder siguen violando los derechos humanos en Santiago del Estero, quisiera decirles que ha llegado el límite de la impunidad, que cesen en sus actitudes, y al mismo tiempo tengan un gesto último hacia la sociedad y se aparten de su camino porque si no, sólo quieren continuar perpetrando una situación de injusticia que el pueblo hoy no está dispuesto a soportar", aseguró el funcionario.
Duhalde hizo declaraciones en una conferencia de prensa al inaugurar la Casa de los Derechos Humanos en la ciudad capital santiagueña.
Por su parte, Lanusse sostuvo que "las denuncias conocidas estos días han puesto de manifiesto que en el gobierno de los Juárez ha habido flagrantes violaciones a los derechos humanos".
Con jueces locales
Antes los secretarios de Estado se entrevistaron con la jueza María del Carmen Bravo con quien dialogaron sobre el denominado doble crimen de La Dársena al cumplirse un año del hallazgo de los cuerpos de las víctimas.
Los cadáveres fueron encontrados en un predio perteneciente al ex jefe de inteligencia del gobierno de los Juárez, Antonio Musa Azar, quien está detenido junto a otras siete personas vinculadas al poder, entre ellos el primer juez que investigó el caso, Mario Castillo Solá; y el ex diputado provincial Carlos `Pololo' Anahuate.
Además, Duhalde y Lanuse se reunieron con el juez federal Angel Jesús Toledo, que investiga la causa en la que está acusado Musa Azar, por desapariciones de personas en los años 1974-1976 y durante la última dictadura militar.
Además, en el paraje de La Dársena, se inauguró un monolito en memoria de las jóvenes asesinadas y se celebró una misa a pedido de los familiares de las dos chicas.
El desembarco de los funcionarios nacionales se produjo la misma semana en que el gobierno de Nina Aragonés fue puesto en jaque por una suma de nuevas denuncias en su contra.
El titular de la Ansés santiagueña, Juan Manuel Baracat, declaró a la justicia federal que recibió amenazas telefónicas de muerte de parte de Aragonés, luego de que él había denunciado a la mandataria por el cobro indebido de jubilaciones por más de 505 mil pesos.
A su vez, el policía retirado César Osvaldo Valdivia reveló que un ataque perpetrado contra la casa del diputado nacional Figueroa perpetrado en julio de 2002, fue ordenado por Aragonés para asesinar al legislador.
En las últimas horas, se conoció además la denuncia del Círculo de la Prensa de Santiago del Estero por amenazas de muerte al periodista Leonel Rodríguez, que realizó investigaciones que involucran a figuras del gobierno y la política local.
