Fuente: Corte Suprema de Justicia
Por un crimen en Santo Tomé
Un hombre que confesó haber matado con un cuchillazo a otro el pasado 5 de enero en Santo Tomé, fue procesado por el juez de Instrucción de la Cuarta Nominación, Rubén Saurín.
Se trata de Carlos Alberto Angelini, quien, según testigos, se había presentado en la vivienda de Wilfredo Iván Sgarbossa -situada en 3 de Febrero al 4800- para reclamarle la devolución de una bicicleta y, al no lograr su propósito, se trabó en lucha con él.
Las constancias judiciales indican que Angelini ingresó por la fuerza al domicilio de Sgarbossa, tras romper un vidrio de la puerta de calle que, a su vez, provocó cortes en su oponente.
Pese a que la víctima intentó defenderse con ayuda de un machete, el agresor tomó el cuchillo que llevaba atado a la cintura y lo clavó en el pecho de Sgarbossa y provocando su muerte.
Niegan libertad a procesado por homicidio
El juez de Instrucción de la Quinta Nominación, Eduardo Giovannini, rechazó el pedido de libertad solicitado para un preso que había sido procesado por homicidio, tras haber permanecido prófugo por más de dos años.
La defensa de Juan Abel Leiva había solicitado que se sustituyera la prisión preventiva que se le había dictado por el nuevo régimen de libertad restringida incorporado al reformarse el artículo 346 del Código de Procedimientos Penal.
Giovannini recordó que la aplicación de esta nueva norma "exige, como mínimo, una apreciación excepcional y discrecional en la razón jurisdiccional" y estimó conveniente tener en cuenta "los elementos concretos que el caso contiene y la propuesta efectuada" por la defensa.
Dado que Leiva fue detenido en Quilmes tras casi dos años y medio desde que se librara su captura, y atento a que sus padres declararon desconocer su paradero durante todo ese tiempo, el magistrado no consideró que la permanencia del imputado bajo el control de sus padres fuera suficiente garantía de que el mismo se presentaría ante la Justicia cuando fuera necesario en el transcurso de la causa.
Oficina N.N.
Durante el receso judicial de enero, la oficina que investiga las causas con imputados no individualizados recibió más de 1.400 denuncias. Pese a la feria estival, durante dicho período se logró identificar a sospechosos en unos 60 expedientes.
La dependencia a cargo de la fiscal María del Carmen Bertone profundiza las investigaciones sobre robos de cables de la Empresa Provincial de la Energía y motocicletas, entre otras causas en trámite.
