El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, confirmó que la intención del del Poder Ejecutivo es enviar a la Legislatura el mensaje declarando la necesidad de la reforma constitucional, antes del 1 de mayo, "porque es decisión del gobernador ratificarlo en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, en la apertura del período ordinario de sesiones".

En diálogo con El Litoral, el funcionario especificó que ésto requerirá la consulta a los partidos políticos e intendentes, a los efectos de ratificar o modificar el menú de temas que propondrá el gobierno. El mismo será acotado y comprenderá el régimen municipal -con autonomía para todos los municipios y no solamente los de primera categoría-, la extensión a cuatro años del mandato de los presidentes de comuna, la incorporación del Consejo de la Magistratura, la creación de una Fiscalía Provincial de Investigaciones Administrativas (u organismo similar) y la recepción de los nuevos derechos plasmados en lareforma constitucional de 1994.

En cuanto al ejercicio del poder político, no se tocará ni la condición unipersonal del Poder Ejecutivo, ni la bicameralidad legislativa, como así tampoco el actual sistema de distribución de bancas -que garantiza la mayoría automática al partido gobernante en Diputados.

Lo que sí se pretende incorporar es la posibilidad de reelección del gobernador, alguna vez motor y eje de toda discusión sobre reforma constitucional en la provincia, que esta vez no será tal, por la autoexclusión de Jorge Obeid.

"El actual gobernador no aceptará para sí la posibilidad de ser reelecto, porque él sostiene que juró por la Constitución con su texto actual y que, por lo tanto, se ajustará al impedimento hoy vigente", tradujo Rosúa.

Otro de los temas a determinar es la fecha para la elección de los convencionales constituyentes. "Entendemos que una fecha probable sería la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación en 2005", consignó el ministro, lo cual "va a posibilitar un buen debate sobre la ley de reforma y su contenido".

En cuanto al debate sobre el régimen municipal, Rosúa admite que se centra más en lo económico que en lo político, administrativo e institucional, donde prácticamente ya no hay discusión.

En este aspecto, marcó la existencia de "realidades condicionantes". Particularmente, la vigencia de un régimen nacional de coparticipación, que establece obligaciones para las provincias, a su vez transmisibles a los municipios. Todo esto "achica el margen de disponibilidad y obliga a aguzar el ingenio para buscar instrumentos tributarios que permitan a los municipios cumplir con las funciones que entraña una delegación".

En tal sentido, el gobierno propicia avanzar en el diseño legal de algunas instituciones, a los efectos de dotar de "materialidad" a una polémica que hoy advierte demasiado librada a "las chicanas políticas y el discurso de tribuna".

En particular, consagrar la representación municipal en los entes de control de todos los servicios públicos concesionados; una activa participación en materia de seguridad (fundamentalmente en lo que hace a la prevención); habilitación de establecimientos educativos (por ejemplo, de nivel técnico o enseñanza de artes y oficios).

"La autonomía no es un chispazo o un suceso. Es la culminación de un proceso, que tiene que darse con la debida seriedad y restándole factores de agitación", resumió Rosúa.

Ninguno de los actores ignora que, en buena medida, se trata de una discusión económica. Por ello, no es casual que, en forma conexa a los planteos tendientes a la autonomía formulados desde Rosario, se alude a los montos que la municipalidad deja de percibir por imperio del actual régimen de coparticipación. Los niveles oscilan entre los 10 y los 20 millones de pesos, en una cuantificación que Rosúa calificó de "juego alegre de cifras".

Al respecto, adelantó que el ministerio de Hacienda trabaja en un exhaustivo estudio para determinar los valores en juego, "para sentarnos a discutir seriamente", desafía.

Y no deja de remarcar que existen variables de autonomía financiera que, evidentemente, mejorarán los ingresos municipales. Por ejemplo, al otorgarles la depuración de padrones y la recaudación de patentes, para que sean ellas quienes coparticipen el 10 % a la provincia.

Pero también consigna que se deberá establecer un "catálogo" de funciones que asumirán las administraciones locales, garantizándoles los fondos necesarios. Tanto como los mismos debe preservarse para las responsabilidades que permanecen en manos de la provincia.

"Creo que todo esto hay que discutirlo concretamente y no entrar en tironeos ni mezquindades. Las cifras alegres sirven para la campaña, pero no para una discusión seria", remató.

Rosúa consignó que la propuesta de reforma constitucional no incluye el régimen electoral. Primero, porque el cambio de sistema ya está planteado, a través del mensaje del Ejecutivo para derogar la ley de Lemas y reemplazarla por un modelo de internas abiertas y simultáneas.

Y segundo, por considerar que sería "un gravísimo error" someter el régimen electoral a la rigidez de una norma constitucional. "Por ejemplo, los que atacan la ley de Lemas: ¿qué dirían si hubiese estado en la Constitución? ¿Se la iba a poder sacar?", planteó Rosúa.