Diputados trataba esta tarde el proyecto, que pasaría de inmediato al Senado. En la Cámara Baja, la oposición pide algunas garantías pero acompaña la medida. Discusiones en el PJ por las tensas relaciones de diputados con el presidente.
Buenos Aires (C).- El gobierno lograría hoy la aprobación en Diputados, y entre esta noche y mañana la sanción del Senado, para la intervención por 180 días a los tres poderes en la provincia de Santiago del Estero, tal como propone el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional.
La Cámara Baja ultimaba al cierre de la presente edición los detalles del proyecto de ley en el seno de la comisión de Asuntos Constitucionales. Allí la UCR pedía que los municipios queden expresamente fuera del alcance interventor, mientras otras fuerzas solicitan que la prórroga por 180 días más se verifique previa autorización del Congreso.
La intención oficial es que tras la aprobación en Diputados, el proyecto sea remitido de inmediato al Senado, en lo posible hoy mismo. Sobre el cierre de la presente edición estaba prevista la reunión del bloque del PJ en la Cámara Alta, donde a no ser por las resistencias de los mismos santiagueños, se estima que no existe margen para torcer la marcha de los acontecimientos.
El titular de Diputados, Eduardo Camaño, cerró ayer un acuerdo con todas las fuerzas partidarias con representación en la Cámara Baja, donde más allá de los matices apuntados no existen voces contrarias a la determinación del Poder Ejecutivo nacional. La UCR y el ARI presentaron sus proyectos de intervención en julio, y los partidos provinciales lo pidieron por nota hace ya un mes.
Incluso el Interbloque Federal -que integra Alberto Natale (PDP)- es favorable a la intervención, postura que quedó evidente tras recientes debates públicos de fuerte tono crítico entre el titular de Recrear, Ricardo López Murphy y el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
Discusiones en el peronismo
Si bien la medida tendrá el apoyo de la mayoría oficialista, la reunión del bloque del PJ en la jornada de ayer no estuvo exenta de tensiones. No fueron pocos los diputados que recordaron que Santiago del Estero ya estuvo intervenida, y que luego los Juárez volvieron a imponerse en elecciones.
El santafesino Angel Baltuzzi aclaró que no está en contra de la medida del gobierno, aún cuando en general es contrario a las intervenciones. Pero en cambio reconoció que existe malestar entre los diputados que ven cómo el gobierno publicita que remite trece cajas con los antecedentes que justifican la decisión, pero no les da tiempo para estudiar el caso.
Aún cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, postergó por dos semanas su presencia en la Cámara Baja, las tensiones partidarias se mezclaron en la reunión de la bancada que preside José María Díaz Bancalari y durante la cual se trató el tema.
Hilda Duhalde y el delasotista Carlos Caserio se retiraron tras cuestionar -como muchos del bloque, incluso algún kirchnerista- declaraciones de Miguel Bonasso en las que descalificó a legisladores del peronismo.
Bonaerenses y cordobeses, así como algunos santafesinos, comenzaron a hacer más explícito su reclamo de mejores tratos por parte del presidente, que no se reúne con los legisladores. Incluso un ex funcionario de Interior durante la administración Duhalde aclaró que el del peronismo no es el bloque de la "obediencia debida".
Un consejo de la magistratura independiente que revise la situación de los jueces, y un proceso electoral limpio y que garantice el retorno institucional en el corto plazo, son algunas de las exigencias opositoras que precipitaron la discusión en el seno del peronismo.
En el seno del PJ, más allá de la persecución política, los casos de torturas y abuso policial, la jubilación ilegal de la gobernadora o el rechazo nacional por los crímenes de La Dársena, temen lo que pueda suceder con el caudal electoral de los Juárez en una provincia con cierto orden administrativo y con un predominante ascendente popular en favor del polémico matrimonio.
En palabras
"La intervención a los tres poderes de la provincia, entre ellos el Judicial, resulta necesario para recuperar su extraviada credibilidad". Luis Lugones, presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero.
Seguirán las marchas
Los padres de Leyla Nazar y Patricia Villalba, las jóvenes asesinadas cuyos cadáveres fueron arrojados a un monte de La Dársena, coincidieron hoy en señalar que las marchas del silencio en reclamo de justicia "seguirán con o sin intervención federal, porque estar en la calle es la única garantía que tenemos para llegar a la verdad y que los asesinos paguen con cárcel", dijo Olga Díaz, mamá de Patricia.
Para la mujer, que sufre una discapacidad física y se moviliza en una silla de ruedas, la jueza María del Carmen Bravo "investiga en sentido contrario" y "sigue protegiendo a los hijos del poder".
Por su parte, Younes Bshier, padre de Leyla, coincidió en señalar que las movilizaciones "seguirán independientemente de lo que resuelva la intervención federal" y que estas marchas no pararán "hasta llegar a los asesinos" de Leyla y Patricia.
En contraposición con la postura expresada por la familia Villalba, el trabajador gastronómico ponderó el trabajo de la jueza que investiga el doble crimen de La Dársena por considerar que "avanzó en el descubrimiento de los asesinatos de Leyla y Patricia".
Multitudinario apoyo al matrimonio Juárez
Encabezadas por militantes de la Rama Femenina del justicialismo santiagueño, miles de personas se agolparon anoche detrás de los vallados que protegen la Casa de Gobierno de esta provincia, en apoyo a la gestión juarista y contra la inminente intervención federal.
"Con Juárez nos llevamos la melodía y la imagen más hermosa que es el apoyo del pueblo", dijo la gobernadora Aragonés, parafraseando palabras de Juan Domingo Perón en el último acto de su vida.
Los breves discursos de Nina y del veterano caudillo se limitaron a reseñar escuetamente los logros de sus gestiones y a ratificar el compromiso con sus seguidores.
"Seguiremos junto a ustedes, estemos o no en el gobierno", afirmó Carlos Juárez ante una multitud, esencialmente integrada por mujeres, que desde hora temprana se habían concentrado en la plaza San Martín.
Para la movilización, el gobierno liberó el pago de pasajes en el transporte en la ciudad; contrató 150 unidades para traslados desde el interior; levantó el peaje de la autopista que une la capital con La Banda y distribuyó bolsones con alimentos que no se repartían desde hace cuatro meses.
Ambos mensajes tuvieron un tono de despedida y ninguna mención a la intervención federal.
POR JUSTICIA
En contraste con la marcha del peronismo santiagueño, unas mil personas reclamaron por un centenar de casos irresueltos por los Tribunales de Santiago del Estero y se pronunciaron a favor de la intervención.
"La gente sigue en la calle, reclamando justicia y a la espera que se intervenga la provincia para que los santiagueños aprendamos a vivir en libertad y decirle basta al sometimiento y la impunidad", dijo Olga Díaz de Villalba, mamá de Patricia, una de las víctimas del doble crimen de La Dársena.
Los socialistas quieren una nueva Constitución
"El Congreso tiene que refundar la democracia en Santiago del Estero, disponiendo la intervención a los tres poderes, como lo establece la Constitución nacional y encomendar que el interventor que designe el Poder Ejecutivo convoque a una convención constituyente que reformule el Estado antidemocrático diseñado por el juarismo, que le permitió perpetuarse en el poder durante décadas, sometiendo al pueblo santiagueño", afirmó el diputado santafesino socialista Eduardo Di Pollina.
El legislador estuvo el pasado viernes en la capital santiagueña participando de la marcha por justicia y contra la impunidad en el doble crimen de La Dársena y adelantó su voto positivo a la intervención.
La justicia servil del poder político; el gigantesco aparato represivo, similar al imperante en los gobiernos de facto; el espionaje sobre todos los ciudadanos y un sistema electoral tramposo constituyen los cimientos que la intervención federal deberá demoler para dar lugar a una plena democracia, consagrada en una nueva Constitución, indicó el diputado socialista.
Postuló además que la convención constituyente, convocada por la intervención federal, "elabore una nueva Constitución que jerarquice la designación de los jueces por medio de un Consejo de la Magistratura; instaure un sistema electoral de voto directo, derogando el actual sistema de ley de Lemas y garantice la soberanía popular, con una genuina representación en el Poder Legislativo".
Huyen opositores que temen represalias
Varias personas que iniciaron causas judiciales contra el matrimonio Juárez decidieron en las últimas horas abandonar Santiago del Estero o reclamaron custodia a la Policía Federal, por temor a ser atacados por partidarios del gobierno, como le ocurrió en 2002 al diputado nacional José Figueroa, días antes de un acto de campaña menemista, cuya casa fue destruida.
El titular de la Ansés local, Juan Manuel Baracat, abandonó la provincia por temor a un atentado. El funcionario nacional es quien promovió las denuncias contra la gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez por supuesto cobro irregular de una jubilación.
La Asamblea por los Derechos Humanos alertó sobre la posibilidad de represalias contra los opositores. Advirtió que ya hay amenazas a abogados y agresiones a periodistas. Se temen atentados contra medios de prensa y casas particulares de opositores al gobierno provincial.
El diario El Liberal, en su edición de hoy, cita al padre Sergio Lamberti. El sacerdote señala "miembros de la Pastoral Social ayudaron a escapar hasta los límites provinciales a personas que habían sido amenazadas.
"Ayer hemos tenido que hacer algunas gestiones para que ciudadanos dejaran la provincia porque no se sentían seguros. Han sido amenazados: ellos y sus familias; han sufrido allanamientos de dudosa procedencia, que destruyeron sus bienes familiares. Entonces, tuvimos que hacer este tipo de gestiones para ayudar a estas personas a que salieran de la provincia", reveló Lamberti.
"El engranaje del miedo y del terror sigue vigente, parece que se ha ensañado más con las personas, sobre todo con los que desde la óptica juarista aparecen como enemigos por denuncias que han hecho ante los juzgados provinciales o federal, o ante opiniones públicas que han vertido en medios periodísticos locales o nacionales", analizó el sacerdote.
