Buenos Aires (C).- Tras el caso del secuestro, tortura y muerte de Axel Blumberg, el vicepresidente Daniel Scioli recibió a Juan Carlos Blumberg y prometió -al igual que el titular de Diputados- un rápido tratamiento a los proyectos planteados por el atribulado padre, que a pesar de su dolor movilizó a la sociedad argentina por mejores normas de seguridad.

Sin embargo, muchos de los proyectos que Blumberg plantea forman parte desde hace largo tiempo de la agenda pendiente en el Congreso de la Nación, en especial en el Senado y plantea con crudeza la falta de una relación productiva -hoy inexistente por razones partidarias- entre los legisladores y el Poder Ejecutivo para avanzar con políticas de Estado.

En septiembre de 2002, Diputados giró a la Cámara Alta, con media sanción, un proyecto que agrava las penas por tenencia y portación de armas. La comisión de asuntos penales y regímenes carcelarios del Senado despachó el proyecto en noviembre de ese mismo año. Pero el expediente ingresó a la comisión de Justicia y Asuntos Penales recién el 9 de febrero de este año, según registros oficiales.

La iniciativa modifica el artículo 189 del código penal para establecer que la simple tenencia irregular de arma de fuego de uso civil será reprimida con prisión de un mes a un año, pena que se eleva a 6 años en caso de armas de guerra.

Pero además eleva las penas para ubicarlas de seis meses a tres años a quienes se encuentren responsables del delito de portación de armas de uso civil, y de tres a 8 años en caso de armas de guerra

El proyecto también eleva las penas por acopio de armas (de cuatro a diez años) y reprime con prisión a quienes suministran armas a menores (uno a seis años). La iniciativa prevé agravantes cuando los hechos delictivos sean cometidos por quienes además tienen registro para comercializar o fabricar armas.

Si bien los delitos son excarcelables cuando las penas son menores a tres años, la discusión en Diputados giró en su momento -según recordó el ex diputado Carlos Iparraguirre- estuvo condicionada por el riesgo de armas "plantadas" en escenas delictuales.

De todas maneras el artículo 319 del Código Procesal habilita al magistrado a denegar la excarcelación cuando las razones objetivas del caso sugieren su inconveniencia, o cuando las condiciones personales o la reincidencia del imputado así lo sugieren.

En rigor el Congreso avanzó en los últimos meses con distintas normas (las leyes 25.742, 25.760, 25.764 y 25.765) basadas en el informe Arslanián (producto de la comisión que impulsara la gestión Duhalde), que modificaron el Código Penal para atender casos de privación ilegítima de la libertad y secuestro extorsivo.

Se modificó el Código Procesal Penal de la Nación para atribuir más facultades a los integrantes del Ministerio Público; se creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de secuestro extorsivo y se autorizó un Fondo de Recompensas, destinado a obtener la mayor cantidad de información para luchar contra este delito.

Sin embargo, sólo por repasar los proyectos presentados en los últimos meses en el Senado, se puede mencionar un larga lista (ver aparte) que muestra la necesidad de intensificar la tarea legislativa.

Emergencia. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales tiene desde el 17 de marzo de este año un proyecto de Jorge Capitanich (PJ, Chaco) para modificar el régimen de armas y explosivos y declarar una emergencia en la materia. Además, tres comisiones de la Cámara tienen en estudio desde febrero otro proyecto de Capitanich que crea un código penal sobre delitos no convencionales, y que pena con prisión o reclusión el que fabricare, comercializare, ocultare o depositare armas, municiones o explosivos, sin autorización legal, sean de uso bélico o civil.

Desarme. En la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, ingresado a principios de marzo, existe un proyecto de ley de Diana Conti (Frepaso, Buenos Aires) y Mario Losada (UCR, Misiones) para establecer una campaña nacional de desarme en todo el país. A cambio ofrece bonos para mercaderías o para cancelar deudas fiscales y exime de delito a quien entrega un arma no registrada.

Armas "limadas". Desde el primero de marzo, en la comisión de Justicia y Asuntos Penales existe un proyecto de Ramón Saadi (PJ, Catamarca) para restituir el artículo 289 del Código Penal en su inciso 4, figura que estaba incorporada en una ley de 1950 pero que desapareció con la ley 24.721 del 23 de octubre de 1996. La norma pena al "que falsificare, alterare o suprimiere la numeración, marcas o contraseñas colocadas por autoridad competente en las armas y demás materiales ofensivos calificados por ley y el que con conocimiento del hecho hiciere uso o tuviere en su poder dichas armas o materiales en tales condiciones".

Estadísticas. Desde febrero espera tratamiento un pedido de informes de Luis Falco (UCR, Río Negro) para que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos humanos informe la cantidad de hechos ilícitos (con detalle por provincia) en los que se ha verificado participación delictiva de personal ligado a los organismos estatales de seguridad durante 2003, fundamentalmente secuestros extorsivos, articulación de desarmaderos de automóviles fruto del robo, y asaltos comando a mano armada.

Logística. En enero, Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para financiamiento del sistema de seguridad pública, que crea un fondo fiduciario para asistir con logística y capacitación a policías de provincias que ejecuten programas de reformas, incluyendo modernos sistemas de recepción de denuncias. La norma deriva las faltas menores a estructuras de policía municipal, para liberar fuerzas policiales en la atención de secuestros, delitos contra la propiedad y homicidios entre otros de mayor cuantía.

Celulares. En noviembre de 2003 Miguel Pichetto (PJ, Río Negro) presentó un proyecto de ley para identificar a los compradores de teléfonos celulares y restringir la comercialización sólo a las empresas licenciatarias del servicio, tipificando como conductas pre-delictuales (necesarias para la comisión de delitos) a la de quienes manipulan teléfonos móviles sin registros.

Políticas y fuerzas especiales. El mismo legislador es autor además de otro proyecto que crea una fuerza especial para combatir el delito organizado, en tanto que Ada Maza (PJ, La Rioja) presentó a fines del año pasado otra iniciativa creando un programa de política y coordinación criminalística.

Armas secuestradas. En diciembre la Cámara alta aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que crea un registro nacional de armas decomisadas y secuestradas, a cargo el Registro Nacional de Armas.

Filmaciones. También en diciembre se aprobó sobre tablas un proyecto de comunicación de Miguel Pichetto pidiendo que los móviles policiales estén equipados con filmadoras de video, que permitirían documentar con registro audiovisual el accionar tanto los delincuentes perseguidos como de los propios agentes policiales.