El interventor de Santiago del Estero, Pablo Lanusse, removió a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y ayer tomó juramento a los nuevos miembros del cuerpo, en busca de "garantizar la forma republicana de gobierno" debido a que en la provincia el sistema judicial "había perdido credibilidad" al "depender del poder político".

El máximo tribunal quedó conformado por: Cecilia Indiana Garzón, que se desempeñaba como fiscal federal de Santiago del Estero y fue quien dictaminó e imputó el delito de defraudación por 505 mil pesos por el cobro irregular de una jubilación a la ex gobernadora Nina Aragonés de Juárez; Ana María Careaga, oriunda de San Luis, quien se desempeñó en el 2001, como jueza durante la intervención federal en Corrientes; Mabel Maciheu de Llinás, de Rosario, radicada en Santiago del Estero desde hace 16 años y fue jueza civil durante la intervención federal de Juan Schiaretti durante el menemismo; Raúl Santucho, ex camarista de Trabajo provincial, de 81 años, primo hermano de Roberto Santucho, el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asesinado en la dictadura militar, y tío de Luis Santucho, abogado de los familiares de Patricia Villalba y actualmente delegado en la Oficina Antiimpunidad del gobierno nacional y María Alicia Noli, que fue camarista en Tucumán.

Como fiscal de este cuerpo, en tanto, asumió Alejandro Daniel Esmoris, que hasta hace poco tiempo fue fiscal porteño, y como fiscal de Estado asumió Silvia Sosa Bauque, santiagueña, abogada, que nunca había ejercido un cargo de relevancia en la provincia. Actualmente, es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Santiago del Estero.

Fueron removidos Graciela del Valle Neiro de Jarma, presidenta del máximo tribunal, y los vocales Mirta Graciela del Valle Bruschmann de Beltrán, Omar Carlos Cipolatti, Elena Lucía Amin de Lavaisse y Carlos Antonio Olivera.

Los fiscales salientes son Arrulfo Horacio Hernández, que era del Tribunal, y Remo Eduardo Terzano, de Estado.

Los miembros salientes habían asumido entre octubre y setiembre del año pasado en un intento de la gobernadora Nina Aragonés de Juárez de depurar la justicia para frenar, en aquel momento, la posible intervención federal. Los nuevos miembros de la Corte santiagueña prestaron juramento ante Lanusse.

A poco de asumir, Lanusse había comenzado a analizar la futura conformación del Superior Tribunal de Justicia provincial, un punto crucial para su objetivo de "rehacer" las instituciones del Estado, luego de 50 años de vigencia de "un sistema perverso" instaurado por el juarismo.

En tanto, los 44 funcionarios, jueces y diputados acusados del cobro de jubilaciones incompatibles, una defraudación que supera los 25 millones de pesos en perjuicio del Estado nacional, comenzarán a ser indagados el viernes de la semana próxima por el juez federal de Santiago del Estero, Angel Toledo.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que, ante el pedido de eximición de prisión presentado por los abogados defensores, cuando se conoció la orden de detención del magistrado, el juez optó por citar a los acusados directamente a indagatoria.

De acuerdo con el cronograma previsto, para el viernes 23 fueron citados a indagatoria los directores José Gigli (Boletín Oficial), Sergio Coronel (Deportes) y Bernardo Cianferoni (Contaduría) y proseguirán en el curso de la semana siguiente.

Las fuentes no descartaron que, tras la declaración indagatoria, Toledo ordene la detención de los acusados, aunque aún debe resolver los pedidos de eximición de prisión para los 44 funcionarios, jueces y diputados acusados.

A través de una demanda judicial, el ANSeS intenta recuperar los 25 millones de pesos que le costó al Estado nacional la defraudación en Santiago del Estero por el cobro indebido de jubilaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.(Télam).