Alrededor de 400 personas que estuvieron afectadas por la inundación cobraron hasta el momento el dinero de la reparación oficial extraordinaria. Esa cifra involucra un monto de $ 2.613.577,71, que aumentará a más de 3 millones en los próximos días cuando otro centenar de personas se sumen al listado. Aún así, es una cantidad pequeña de personas, si se tiene en cuenta que hay 10.000 expedientes por considerar. El dato preocupa al propio Ente de la Reconstrucción, que en los próximos días espera avanzar de manera más rápida en ese análisis, una vez que se reciba nuevo equipamiento.

Mientras tanto, desde la repartición oficial se ofreció un panorama completo del camino que sigue el trámite, desde que se identifica la vivienda a verificar hasta que el pago se hace efectivo. Trámite que, sin objeciones ni complicaciones de ningún tipo, puede durar entre 22 y 25 días.

La mayor novedad estuvo, por estos días, en la norma aprobada por el titular del Ente Juan Carlos Forconi, que flexibiliza las condiciones para probar la titularidad de viviendas no catastradas. La medida permitió destrabar el trámite para una buena porción de territorio que incluye, a priori, unas 7.000 viviendas, desde Barranquitas hasta Centenario.

Desde ya es imposible establecer si todas esas unidades no catastradas estuvieron inundadas. Es más: en algunos casos ni siquiera es probable definir su ubicación con nomenclatura de calle. En base a la última foto satelital, obtenida en marzo pasado, el punto de partida del expediente para las viviendas no catastradas es la configuración de la manzana como paso previo a la verificación.

El circuito se inicia en la sede del Ente, donde se origina un expediente provisorio en base al padrón de damnificados. En el área de Información es donde se cruzan los datos provenientes de distintas bases: Catastro, Educación, empresas de servicios, Promoción Comunitaria y padrón electoral. Esta información permite saber si la persona residía en el lugar al momento de la inundación.

Con el dato de la manzana y la parcela identificadas, se cruza la información con Catastro y el área social y se analiza si ya hubo pagos realizados y alguna impugnación. Definida esta situación, el equipo de verificadores está en condiciones de salir a la calle.

La acción sigue luego en el Distrito, más precisamente en la Subgerencia de Gestión, donde llegan los legajos que luego son distribuidos a las respectivas unidades territoriales. Son nueve en total -se analiza habilitar dos más para la zona norte- y se organizan según los barrios: a modo de ejemplo, se tiene que la N° 1 corresponde a barrios Centenario y Sur.

Cada unidad territorial tiene asistente social, abogado, técnico constructor y arquitecto. Allí vuelven los expedientes una vez terminada la verificación, se completan fichas y se lleva a Antecedentes y Archivos donde está, en papel y en soporte informático, toda la información sobre los pagos realizados el año pasado.

El trámite sigue en mesa de entradas donde se confecciona el expediente definitivo y se le coloca un número. Viaja hasta la subgerencia de Asuntos Jurídicos, que es donde se inicia la instancia del ofrecimiento y es allí donde, según el grado de complicación que presenten los expedientes se clasifican: en línea verde, para los que se resuelven sin problemas; línea amarilla, cuando presenta algún obstáculo, por ejemplo, falta el boleto de compraventa -hay situaciones que se resolvieron con la resolución sobre viviendas no catastradas- y línea roja cuando hay denuncias, situaciones no claras de ocupación, o usurpación.

Los trámites incluidos en la línea verde son los de más fácil resolución pero el porcentaje de los que se encuentran en esa calificación es el más bajo.

De mesa de entrada pasa a data entry donde se carga información y se hace un control posterior. Se emite un informe y el dato del importe que se debería pagar según la fórmula prevista en la ley, que combina la altura del agua, la categoría catastral y -para bienes muebles- la cantidad de habitantes. Todo pasa a control jurídico de la unidad territorial.

Los abogados controlan y deducen las cuotas que ya se pagaron -fueron tres hasta totalizar $ 4.000- y se elabora la propuesta.

Se envía la carta a la persona damnificada, donde se la cita al ofrecimiento que es individual y se concreta en oficinas del distrito y de Atsa.

Hasta el jueves pasado, 450 expedientes habían llegado a la instancia de propuesta, entre los cuales se registraban dos rechazos y gente que no concurrió a la citación, o llegó sin la documentación requerida.

Los expedientes acordados pasan a mesa de entrada y logística, se inicia el trámite del pago y una vez que éste se concreta en el banco, se suma al expediente el recibo y la renuncia a iniciar acciones judiciales contra el Estado.

El circuito concluye en Informática donde se incorpora cualquier información anexa.

Es probable que en cualquiera de estos pasos aparezca una nueva irregularidad, ya detectada y denunciada, como es el cobro indebido de cuotas. a comienzos de abril se calculaba que 160 personas se encontraban en esa situación.

El concepto de vivienda que sostiene el Ente de la Reconstrucción para la verificación y posterior pago de la reparación es el espacio físico donde se pueden determinar baño, cocina y dormitorio, no necesariamente separados por paredes pero sí en espacios definidos. Se contempla que el baño puede ser compartido por dos unidades habitacionales.