Preocupados, pero no paralizados. Así dicen estar los obispos frente a las diversas problemáticas que afectan a la niñez, la adolescencia y la juventud. Una inquietud casi permanente que los hombres de Iglesia podrían plasmar en un documento la semana entrante, si la Asamblea Plenaria logra ajustar los modos de un texto que desde hace meses no consigue el consenso requerido para su difusión.

"Hay coincidencias de fondo, pero en la letra chica chocan las posturas más conservadoras con las progresistas", admitió un portavoz episcopal. No obstante, la fuente aclaró que no se trata de un pronunciamiento más, sino de trazar líneas de acción sobre cuestiones vinculadas a la educación, el endurecimiento de penas para los menores y la marginación social a la que son sometidos los componentes de esta franja etárea. "Será complementario a la declaración de noviembre cuando advertimos sobre leyes inaceptables y el avasallamiento a la patria potestad por parte del Estado", precisó un influyente prelado.

Otros obispos aspiran, en cambio, a que el primer plenario del año centre su atención en una convocatoria para que los fieles tomen conciencia sobre el sostenimiento económico del quehacer de la Iglesia. La iniciativa no implica prescindir "por el momento"-se apresuran a puntualizar desde el Consejo Episcopal de Asuntos Económicos a cargo de monseñor José María Arancibia (Mendoza)- de los 12 millones de pesos anuales que el Episcopado recibe, aunque con un atraso, del Estado nacional. Cifra que según consta en actas se utiliza para dar becas de estudio a los seminaristas, pagar la asignación mensual de obispos y sacerdotes retirados, y solventar unos pocos subsidios para parroquias de frontera.

Sin embargo, la renuncia a los dineros oficiales no es un punto que desvele a los responsables del Plan Compartir -tal el nombre del proyecto de reformulación económica-, que apuntan en esta etapa a inculcar seis premisas directrices. Es decir, pobreza evangélica para poseer con desprendimiento y dar con generosidad; corresponsabilidad en la obra evangelizadora, ejemplaridad como fruto natural de la administración conforme al Evangelio, transparencia en la rendición de cuentas, solidaridad de los que tienen más con los que tienen menos, y eficacia en los medios para profundizar una lógica economía eclesial. Los referentes eclesiásticos tampoco dejarán librado al azar la organización del X Congreso Eucarístico Nacional (X CEN) previsto para setiembre en Corrientes, al que consideran el "acontecimiento religioso del año".

Pero el abordaje de estos tópicos pastorales no implica -aseguran los obispos- excluir del análisis algunas cuestiones coyunturales que suelen surgir del intercambio de ideas de las primeras jornadas. No descartan entonces planteos sobre la reciente intervención federal a la provincia de Santiago del Estero, donde monseñor Juan Carlos Maccarone alienta un diálogo ciudadano, y una evaluación de la efervescente crisis institucional en San Luis que obligaría a monseñor Jorge Lona a quedarse en la provincia.

"Lo más conveniente en este momento es que el obispo esté junto a su gente", sugirió un vocero eclesiástico que negó rotundamente que la Iglesia sanluiseña promueva la intervención federal como "única salida". Sin embargo, la fuente reconoció que los canales de diálogo están "condicionados a cambios de actitud de parte del gobierno provincial", por lo que pronosticó que "es latente el peligro de disgregación social". (DyN).