Buenos Aires (C).- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, se reunirá el próximo 6 de agosto en Rosario para analizar los 9 casos de muertes ocurridas en la provincia entre el 19 y el 21 de diciembre de 2001. La comisión investigadora no gubernamental llevó su pedido ayer al Congreso nacional, tal como lo hiciera el 17 de junio de 2003, y anticipó que lo elevará, además, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante más de una hora y media, una docena de diputados nacionales de la comisión que encabeza el correntino Hugo Perie (PJ) escuchó los doloridos testimonios de familiares de fallecidos y de los investigadores, que concluyen en un caso de "denegación de justicia y violación de los derechos humanos".

Antonio Tesolini sintetizó ante los legisladores lo sucedido hasta aquí. Recordó que de los 9 fallecidos, 7 fueron víctimas de armas policiales a pesar de que no hubo enfrentamientos ni disturbios, y sólo dos casos tienen a sus responsables detenidos.

En las conclusiones que presentó la comisión no gubernamental, se detalla que de los 4 juzgados provinciales por los que pasaron los casos, en ninguno se investigaron las órdenes de reprimir y responsabilidades derivadas de ellas. Demostraron que en algunos casos se sobreseyeron imputados porque no tenían órdenes, y en otros porque estaban sometidos a ellas.

Pero ni el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, ni el ex subsecretario de Seguridad, Enrique Alvarez, fueron indagados al respecto. La comisión investigadora sostiene que hubo "anuencia" de los tres poderes del Estado santafesino. Cabe recordar que Domínguez declaró además que Alvarez no respondía a sus mandos sino sólo a las decisiones del ex gobernador Reutemann.

Los investigadores reclamaron que los legisladores nacionales entrevisten en Rosario a los jueces y fiscales, tomen testimonio a las víctimas sobrevivientes de la represión y a los familiares de los muertos, y fundamentalmente citen a los funcionarios encargados de la seguridad en la provincia en diciembre de 2001, para producir finalmente un informe.

Perie aclaró que "si bien nuestra tarea no es investigar, tenemos herramientas para exigir que se haga justicia". El legislador nacional ratificó el compromiso de entrevistarse con autoridades judiciales y policiales, aunque evitó apuntar explícitamente a las autoridades políticas de la provincia.

"Como secretaria de la comisión voy a pedir que sea citado el senador Carlos Reutemann", explicitó Alicia Tate (UCR-Santa Fe) durante una conferencia de prensa tras la reunión.

Tras su paso por el Congreso, la comisión no gubernamental se presentó en la Casa Rosada. Allí, sin embargo, faltaron a la cita prevista el secretario de la presidencia y el secretario de Derechos Humanos. Sólo los asesores de Eduardo Luis Duhalde recibieron a los santafesinos.

Junto a los familiares de las víctimas plantearon allí que la ley de reparación a las víctimas de la represión de diciembre de 2001 no puede beneficiar a los familiares de víctimas en Santa Fe por las características de su código de procedimiento, ya que como condición para acceder al beneficio se les exige la renuncia como actores civiles, lo que supondría además abandonar las causas penales.

Los asesores de Duhalde sólo confirmaron que incorporarán a los alcances de la ley a familiares de víctimas fallecidas el 21 de diciembre (la norma nacional sólo contemplaba los días 19 y 20), pero no ofrecieron certezas sobre la cuestión que más preocupa a los familiares de las víctimas en la provincia.