La consecución de la estrategia gubernamental ante el heterogéneo movimiento piquetero, que en los últimos días tuvo algún modesto logro, dependerá en cierta medida de la suerte judicial que tenga Raúl Castells en las próximas horas.

Si la Justicia chaqueña decide que el controvertido dirigente siga detenido, los sectores radicalizados de la protesta, como también algunos dialoguistas, parecen estar dispuestos a endurecer su comportamiento. Y esto a pesar de que el habitual desafiante comportamiento público de Castells genera desde hace tiempo más recelos que simpatías entre el grueso de los líderes piqueteros.

El gobierno nacional se ha ceñido a una estrategia de diálogo y acuerdos con las organizaciones piqueteras dialoguistas, algunas de ellas convertidas en definidamente kirchneristas, que como contrapartida buscan el aislamiento de las radicalizadas.

Los últimos días y por orden presidencial, se caracterizaron por esa estrategia -al igual que en el caso de la inseguridad- y de un inédito como riguroso silencio público, roto sólo en última instancia por un funcionario gubernamental o un dirigente próximo. Sucedió así con la réplica que se vio obligado a hacer ante el ataque del empresario Juan Carlos Blumberg a la política de derechos humanos (ver aparte). Por lo demás, deja que los hechos ocupen el lugar de las palabras.

"Es una cuestión de la Justicia", fue el único comentario que pudo escucharse en la Casa Rosada desde que Castells fue detenido el miércoles por orden de una fiscal de Resistencia que lo acusa de presunta extorsión durante la toma, el mes pasado, de un casino de la capital de Chaco. Sabe el gobierno que de hacer lo contrario, es decir darle connotación política a la detención, le serviría a Castells para engordar el papel que se autoatribuye: el de "víctima" y "principal opositor" del presidente Néstor Kirchner.

Quizás porque sus propias declaraciones públicas son casi siempre goles en contra, el gobierno parece haber dejado hacer al líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd) en estas horas de una detención que Castells procuró desde hace tiempo. El día anterior a su arresto se había despachado sin inmutarse con una comparación imposible, que políticamente lo distanció aún más de sus otrora aliados piqueteros: le atribuyó al gobierno de Kirchner la condición de ser "más deshonesto" que la pasada dictadura militar.

Aunque la Justicia chaqueña tiene una semana para decidir su situación procesal, Castells puede llegar a quedar libre este lunes. Pero de no suceder así, su detención puede transformarse en un factor aglutinante entre las organizaciones radicalizadas. La demanda de su liberación será una de las banderas de la marcha a la Plaza de Mayo que el martes realizarán una veintena de agrupaciones, entre ellas varias que desacuerdan con el comportamiento "provocador" de Castells.

También podría ser un factor de endurecimiento entre los dialoguistas. No pocos dejaron de observar que una de esas organizaciones (la Corriente Clasista y Combativa de Juan Alderete, cercana al gobierno) terminó por marchar el jueves hasta la Plaza de Mayo cuando su movilización original terminaba en el puente Pueyrredón, para demandar el esclarecimiento de las muertes de los dos jóvenes piqueteros en junio de 2002.

"Si Castells queda preso, sería un indicio más de que el gobierno tiene en marcha una escalada contra el movimiento piquetero, presionada desde la derecha por el tema de la inseguridad". El diagnóstico lo hizo Néstor Pitrola, líder del radicalizado Polo Obrero. Pitrola no es precisamente de los que comulgan con el barbado jefe del Mijd, sino todo lo contrario: le atribuye haber sido fogonero de recientes rupturas y de comportamientos políticamente sospechosos, como sus flirteos con Adolfo Rodríguez Saá y el camionero Hugo Moyano.

El silencio con el que el gobierno revistió su estrategia también alcanzó al otro extremo del movimiento piquetero. Sin hacer comentarios, terminó por cederle un lugar, aunque de suplente, al líder piquetero Luis D'Elía, en la representación sindical que discute el aumento del ingreso mínimo en el Consejo del Salario.

Luego de semanas de distanciamiento público del gobierno a raíz de la toma de la comisaría de La Boca, la presencia de D'Elía en el Consejo apunta a dar una señal hacia el conjunto del movimiento piquetero: el logro, aunque sea mínimo, de una mejora entre los trabajadores de menores ingresos.

También con el mismo sentido, el Ministerio de Economía, por indicación presidencial, tiene en estudio la posible eliminación del IVA en un conjunto de alimentos que integran la canasta básica. De producirse será una mejora del poder adquisitivo no sólo de los asalariados sino también de los desempleados que están en los Planes de Jefes y Jefas de Hogar, de donde se nutre la protesta piquetera (CMI).

El deterioro institucional que todavía arrastra el país es el caldo de cultivo para la aparición de dirigentes que desde la negación de la política tradicional, ganan espacios de representación con un destino incierto.

Los casos de Raúl Castells y de Juan Carlos Blumberg tienen en ese sentido algún parentesco, aunque sus génesis responden a demandas y a sectores bien diferenciados. El piquetero es el emergente más mediático de ese amplio sector de la sociedad argentina marginado por la política neoliberal a ultranza de los '90, mientras que el empresario encarna el reclamo de sectores medios hacia arriba que, sin ir más allá en su concepción del problema, claman por "seguridad y justicia"; y que sea ya.

Son, en alguna medida, las dos caras de una misma moneda, aunque pueda observarse que uno está en declive y el otro en auge. Castells es un dirigente de una trayectoria que acumula una tan larga data como comportamientos polémicos y desafiantes, desde sus acercamientos con los Rodríguez Saá y el camionero Hugo Moyano hasta su reciente irrupción en el casino chaqueño que lo devolvió a su papel de preferencia: el de detenido.

Blumberg, en cambio, está en ascenso. Y después de la tercera marcha del jueves, aunque diga lo contrario, entró decididamente en el terreno político. También, como en el caso de Castells, con su estilo: negándolo.

A juzgar por sus propios dichos, difícilmente Blumberg tenga en mente entrar de lleno en la pelea política formal. Sabe que su poder, al menos por ahora, radica en ser una suerte de "conciencia fiscalizadora" de la seguridad (y, desde el jueves, también del sistema político electoral). Y en ese sentido puede terminar por convertirse en un dirigente como Castells, sin peso a la hora de los votos. Aunque la diferencia, en una Argentina fragmentada como la de estos días, reside en que su base de representación todavía está integrada al sistema (CMI).