El Poder Ejecutivo resolvió esta mañana no expedirse por el momento en torno a la renuncia presentada anoche por el juez federal Juan José Galeano, con lo que dejó vía libre para que el Consejo de la Magistratura avance con su análisis de la conducta del magistrado, cuestionado por la investigación del atentado a la AMIA.

El presidente analizó el caso esta mañana con el ministro Horacio Rosatti, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Ricardo Zanini. Sin embargo, el encuentro finalizó sin definiciones, mientras las fuentes de la Casa Rosada sugirieron que "se van a respetar los canales institucionales".

La estrategia presidencial tiene el antecedente del denominado caso Lona, un camarista federal salteño que el año pasado presentó su renuncia acosado por denuncias de violación de derechos humanos, para evitar el juicio político. El presidente suspendió el tratamiento del tema (las renuncias no se rechazan pero el tratamiento se puede postergar) pero finalmente el Consejo de la Magistratura no destituyó al magistrado, por lo que Kirchner le terminó aceptando la dimisión el 20 de febrero de este año, cuando ya había finalizado el jury.

Ahora el mandatario nacional parece repetir la jugada. Antes de su viaje a Formosa, el titular del Ejecutivo no conocía la resolución de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, donde la diputada arista Nilda Garré y el abogado Beinusz Szmukler llevaron su dictamen acusatorio en el marco del expediente 313/01, iniciado por el santafesino Eduardo Orio hace ya tres años, cuando acusó a Galeano por la destrucción de pruebas del caso AMIA.

Galeano fue citado para el 30 de setiembre y podrá defenderse por escrito. Si el presidente le aceptara la renuncia, la cuestión se transforma en abstracta y el jury de enjuiciamiento queda sin efecto, aunque proseguiría la causa penal.

Cabe recordar que la prosecución del juicio político y una sentencia condenatoria supondrían que Galeano quedaría sin el cargo de juez, inhabilitado y sin posibilidad de acceder a la jubilación como magistrado.

En cambio, por haber ejercido la magistratura por más de 10 años, si el presidente le acepta la renuncia Galeano podrá retirarse con el beneficio que le otorga la ley 24.018, un fondo especial creado en 1991 por el que se le pagaría el 82 % de su ingreso mediante esta fondo que no es administrado por la Ansés.

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